La adquisición de las acciones de Editora Panamá América, S.A. (Epasa), una transacción que -según la investigación de la fiscalía y el testimonio de varios participantes- habría sido impulsada personalmente por Ricardo Martinelli cuando fue presidente de la República (2009-2014), se realizó a través de una estrategia típica del blanqueo de capitales, ya que se cumplieron las etapas de colocación, estratificación e integración de los fondos presuntamente públicos utilizados en el proceso de compra.
Así lo manifestó el fiscal especializado contra la delincuencia organizada, Uris Vargas, al inicio de sus alegatos en el juicio a 15 personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales en la compra de Epasa, a través de una cuenta “canasta” a nombre de la sociedad New Business Services Limited.
Vargas relató que en la primera fase se introdujeron grandes sumas de dinero al “torrente económico”, a través del fraccionamiento de dinero en transacciones menores. En total, se identificaron 22 transacciones: 18 fueron realizadas por sociedades y cuatro por personas que ejercieron como testaferros para enmascarar a los actores y beneficiarios reales.
Planteó que luego se pasó a la fase de estratificación de los fondos, con el uso de una red de sociedades que sirvieron para mover el dinero. El fiscal contó que algunas de estas sociedades ya están inactivas. Otras ni siquiera han podido ser ubicadas, así que ni siquiera se sabe si en efecto existen o se las inventaron.
![Caso New Business: la fiscalía inicia sus alegatos, apuntando directamente a Martinelli](https://prensa.com/resizer/v2/4V6HWK56KNBMFGRZULYIZ7S5CQ.jpg?auth=8d91a8b8ef2c9eddf6e1df2dd9b176017bc415b57f91d43bfab26918305f6df6&width=1200)
A través de esa red, en la cuenta de New Business en el Global Bank se movieron $43.9 millones en 15 días, entre el 15 y el 29 de diciembre de 2010. El fiscal mostró imágenes en las que se aprecia que en un solo giro, realizado el 20 de diciembre de ese año, el otro imputado Gabriel Btesh depositó $7 millones en la cuenta de canasta. Al día siguiente, Henry Mizrachi, depositó $3.9 millones. Y así.
El fiscal citó varios fallos de la Corte Suprema de Justicia en los que se detalla que el blanqueo de capitales es un delito autónomo y en el que se dan varias fases para su culminación.
Relató que para la ejecución de la trama para la compra de diario, Martinelli requirió de los servicios de abogados especialistas en contratos y empresarios relacionados con actividades de negocios.
Dijo que en este esquema prestaron sus servicios varias firmas forenses, como las de Valentín Martínez Acha y Ricardo Chanis, y empresarios como Henry Mizrachi, Ramón Carretero Napolitano, Aaron Ronny Mizrachi, Nicolás Corcione y Gabriel Btesh. Una mezcla de familiares, personas de su círculo cero y empleados de confianza. Todos están imputados, al igual que Martinelli. Algunos, como Btesh y Chanis, desfilaron por el estrado, como testigos de la fiscalía y apuntaron directamente a Martinelli como responsable de toda la maroma para adquirir las acciones de Epasa. Otros, como Ronny Mizrachi, mencionaron a Martinelli en su declaración indagatoria.
El fiscal contó en su alegato lo que ya se conocía porque está en el expediente, en el auto de llamamiento a juicio y en los testimonios de varios testigos que participaron en el juicio: que a la cuenta de New Business entró dinero que varias empresas habían recibido como “anticipo”, por sus contratos con entidades del Estado.
Es el caso de las empresas Transcaribe Trading (TCT) y Excavaciones del Istmo, que mantenían contratos con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para el diseño y construcción de la autopista Arraiján-La Chorrera y para la ejecución de obras en Panamá Oeste, respectivamente. También está la empresa Condotte Panamá, responsable de la construcción de una ciudad deportiva de Colón, y de Constructora Corcione, que construyó un edificio de oficinas en la Asamblea Nacional.
📹El sexto día de juicio por caso #NewBusiness culminó con la presentación de testigos y peritos de la defensa, mientrás que el Fiscal Superior, Uris Vargas inició con los alegatos de la Fiscalía.
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) May 30, 2023
El Fiscal Superior, Emeldo Márquez dio más detalles sobre lo acontecido hoy. 👇 pic.twitter.com/hX8gcKqjEw
Sobre esta última empresa, ayer se presentó el perito Luis De Gracia, solicitado por el abogado Rodolfo Palma (defensor de los hermanos Nicolás y José Corcione), quien contó que el contrato para la construcción del edificio en la Asamblea fue adjudicado en 2010 por $18.2 millones, pero luego, producto de tres adendas, el monto del contrato se elevó a $26.7 millones. No obstante, según el perito De Gracia, ese edificio tiene un valor de $30.1 millones, certificado por una empresa especialista en avalúos.
Otros contratistas del Estado que fueron partícipes del presunto blanqueo -siempre según la fiscalía- son Liric Electronics Ltd., sociedad a la que se le otorgó un contrato para el suministro de equipo electromecánico para la Asamblea Nacional. Liric también fue la proveedora de simuladores para la conducción de buses, adjudicado por el Instituto Nacional de Formación Profesional para el Desarrollo Humano (Inadeh).
El fiscal también mencionó que la sociedad High Spirit y la casa de valores Financial Pacific (FP) también fueron utilizadas para el traslado de fondos para la compra de las acciones de Epasa, al igual que la sociedad Construcciones Hospitalarias, S.A., responsable de la construcción de la ciudad hospitalaria (hoy Ciudad de la Salud).
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La fiscalía debe continuar su alegato este miércoles, cuando se reanude el juicio a las 9:00 a.m. Luego corresponderá lo propio a los abogados de los 15 imputados que son enjuiciados en el tribunal que preside la juez Baloisa Marquínez.
Antes de cerrar la sesión de ayer, el abogado Luis Eduardo Camacho González, defensor de Martinelli, volvió a preguntar por la comparecencia de los testigos protegidos. Ambos habían sido citados por el tribunal. Ahora el fiscal Emeldo Márquez comunicó que los mismos han expresado su temor y la juez dejó claro su compromiso por proteger la identidad e integridad de los testigos, como dicta el Código Procesal Penal y la Ley 4 de 2017.
Antes, el fiscal había dicho que los dos testigos protegidos proceden del “mismo círculo” de los imputados, ya que son ellos los que conocen cómo se armó todo el esquema.