Los abogados defensores de los imputados por presunto blanqueo de capitales a través del pago de coimas de la empresa brasileña Odebrecht comenzaron este jueves 22 de septiembre de 2022 sus alegatos.
Esto, luego de que ayer miércoles finalizaran los alegatos de la Fiscalía Especial Anticorrupción en la audiencia preliminar, donde los fiscales sustentaron la investigación, describieron las vinculaciones y solicitaron que los imputados sean llamados a juicio. A esta petición se sumó el Ministerio de Seguridad Pública, en su condición de querellante de esta causa.
“Voy a desenmascarar al Ministerio Público”, le dijo a la juez Baloísa Marquínez el abogado Roniel Ortiz, que defiende a Úrsula Banz Vallarino y Fernando Carreiro Muradas. La primera –a la que él propio Ortiz llama “periquita”– ha seguido la audiencia a través de la plataforma virtual acreditada por el Órgano Judicial. El segundo no ha sido avistado en la sala.
La acusación contra Banz y Carreiro se sustenta en gran medida en una declaración de un testigo protegido, cuya identidad no está consignada en la vista fiscal. No obstante, Ortiz dijo que él sabía quién era el testigo protegido y que incluso se había reunido con él en España. Después dijo que ese testigo era Rodrigo Tacla Durán.
Ortiz inició su alegato protestando porque en varias páginas de la vista fiscal (de 810 fojas), su cliente es identificado como “Fernando Muradas”. “¡Yo a ese señor no lo conozco!”, exclamó.
También protestó porque la juez no quiso atenderlo en privado, pero cuatro fiscales de la Fiscalía Especial Anticorrupción acudían a la Presidencia de la República y se tomaban fotos con Juan Carlos Varela. “¡Este expediente se manejó políticamente!”, clamó. Igualmente, se quejó por lo costoso que resultaba sacar copia del expediente, que tiene más de un millón de fojas.
El resto del alegato de Ortiz fue similar: quejas por el manejo del expediente, por el curso de la investigación, porque una fiscal alguna vez le habló mal, por la ausencia en la investigación del exsecretario del Metro de Panamá, Roberto Roy, por presuntos “premios” que han recibido algunos fiscales, por lo que escriben los medios de comunicación, porque hay documentos en inglés (idioma que él no conoce), por lo que dicen (o no dicen) los delatores, porque le toca trabajar todos los días sin descanso...
En la investigación consta que André Rabello, antiguo intendente de Odebrecht en Panamá, confesó que se realizaron transferencias a cuatro mujeres (Úrsula Banz, María del Sol Rivera, Linda Gesto y Aurora Muradas), las cuales tenían una relación “de amistad íntima” con el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. “Algunas mantenían hijos con el antiguo mandatario”, consta en la vista fiscal. Todas ellas, que en las órdenes de pagamento eran identificadas con los seudónimos de “periquito” 1, 2, 3 y 4, eran beneficiarias de cuentas aperturadas por Odebrecht en el banco PKB. La de Muradas estaba a nombre de su hijo Fernando Carreiro.
Ortiz dijo haber leído la declaración de Rabello y –según él– en ningún momento mencionó a sus clientes.
Sobre Úrsula Banz, Ortiz le dijo a la juez que todavía está esperando permiso de salida del país para atender temas médicos en el extranjera. Se quejó porque su clienta ha perdido citas médicas y un pasaje de avión, dado que tiene impedimento de salida del país. La vida de Banz “está en sus manos”, le dijo a Marquínez, quien en todo momento permaneció en silencio.
Igualmente, el abogado protestó porque -según él- el Ministerio de Seguridad Pública ya no representa al Estado como querellante, sino el Ministerio de la Presidencia, donde está un “enemigo declarado” de “mi representado Ricardo Martinelli Berrocal”.
Cuando Ortiz enfiló en su alegato contra el fiscal Olmedo Gómez, la juez lo interrumpió y le pidió que respetara al funcionario. “Usted ha hecho referencia a muchas cosas que no tienen nada que ver con los alegatos”, señaló Marquínez. El día antes, la juez había multado a Ortiz y a la abogada Alma Cortés, que defiende a Importadora Ricamar, por conversar mientas la fiscalía terminaba de alegar. “Ustedes han estado conversando en la semana y media de audiencia”, le dijo la juez cuando anunció la multa de $25 para cada uno.
ALEGATOS EN TORNO AL EXPRESIDENTE MARTINELLI
A las 11:06 a.m., Ortiz empezó con la etapa de alegatos sobre otros de sus clientes, en este caso, el expresidente Martinelli Berrocal.
El abogado sacó a relucir el tema del principio de especialidad que –según dice– protege a su cliente. Esto, a pesar de que un fallo del Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, otro del Segundo Tribunal de Justicia y uno más, de la propia Corte Suprema de Justicia, han señalado que Martinelli no goza del principio de especialidad.
El abogado expresó también que se abrieron seis nuevos procesos a su cliente, estando activo el principio de especialidad. “Aquí no se ha respetado la ley, funcionarios incompetentes para complacer ¿a quién?”, dijo.
En su alegato, afirmó que esto se trata de un juicio político y que su cliente es un perseguido. “No respetan la ley y por eso nos quejamos los defensores”, indicó.
Al final de su alegato, Ortiz manifestó que “está claro” que su cliente no es “Águia”, el sobrenombre aparecía en las planillas de sobornos que pagaba el Sector de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y que Martinelli Berrocal no tiene nada que ver con este caso.
Por ello, pidió a la jueza Márquez un sobreseimiento, al menos provisional, para su cliente. Además, solicitó a la jueza que examine los términos de prescripción, violación del principio de especialidad y de competencia.
Antes de Ortiz, intervino el abogado defensor de oficio, Fernando Peñuelas, en representación de Luz Elena De Souza, Paulo César De Miranda, Barry William Herman, Gonzalo Monteverde y María Isabel Carmona.
Peñuelas expresó que “esta audiencia es el engaño más grande de investigación de la República”, la cual “ahora se está televisando y compartiendo en las redes sociales”.
Souza, Miranda y Williams han sido señalados por la fiscalía como testaferros en este caso. Para estas cinco personas el Ministerio Público ha pedido su llamamiento a juicio.
La vinculación descrita por los fiscales sobre estas personas es “subjetiva”, dijo, por su lado, el defensor Peñuelas.
El acto es transmitido en directo por el Órgano Judicial.
También intervino Marcela Araúz, abogada de Riccardo Francolini, pidió un sobreseimiento definitivo para su cliente. La abogada reclamó que no se investigara la comisión del delito de peculado, conducta que no aplicaría a su defendido, ya que Francolini no ejerció como funcionario en el gobierno de Martinelli Berrocal (2009-2014). Francolini, empero, fue presidente de la junta directiva del banco estatal Caja de Ahorros.
Araúz agregó que su cliente ha sido imputado únicamente por ser accionistas de la sociedad Promotora y Desarrollo Los Andes.
EL TURNO DE FRANCOLINI
Según explicó André Rabello a la fiscalía, Riccardo Francolini era la persona que presentaba a Odebrecht “los modelos de negocio de naturaleza privada”.
En la investigación consta, además, que Francolini contralaba la sociedad Amatis Equitis Ltd., la cual -según una asistencia judicial de Suiza- recibió transferencias de la Caja 2 de Odebrecht. Entre los beneficiarios de Amatis también está la esposa de Francolini. En su indagatoria, Francolini dijo que su esposa no tenía conocimiento de los hechos investigados y, de hecho, no está imputada en la causa.
En el expediente también consta que Ramón Carretero, en su indagatoria, declaró que Francolini le solicitó recibir fondos de Odebrecht. Carretero permitió que la sociedad Jiu Shun International Co. Ltd., que él representa, recibiera los dineros de la constructora, los que a su vez eran trasladados a una cuenta en Global Bank a nombre de Corporación Logística del Caribe (también de su propiedad), desde donde finalmente se debitaban los cheques que eran entregados directamente a Francolini.
MURADAS Y LOS REGALOS
Cuando terminó Araúz, le tocó el turno a Alfredo Vallarino, abogado de Aurora Muradas, imputada que nunca ha declarado en el proceso. Vallarino inició su intervención quejándose porque el fiscal Mahmad Daud Hasan fue parte de la firma forense que constituyó la sociedad Constructora Internacional del Sur.
Sostiene que su representada no puede ser acusada de corrupción porque nunca ha sido funcionaria y que ha sido imputada únicamente por su relación con el expresidente Martinelli. Advirtió que el “lobismo” y el tráfico de influencias no son delitos precedentes del blanqueo de capitales.
“Si me regalan una cartera o un zapato, yo no cometo blanqueo de capitales, que es lo que causa una afectación a la economía... Y debe ser cometido con dolo”, señaló.
Agregó que en el expediente no hay constancia de que “Águia” era el seudónimo de Martinelli en el sistema de transferencias secreto que utilizó Odebrecht para pagar las coimas. “Si las dudas existen, deben favorecer a mi representado”, remarcó.
‘EXPLORER’ Y EL CUÑADO
Seguidamente, tomó la palabra Basilio González, abogado del exministro de Obras Públicas, Jaime Ford Castro, y del empresario Aaron Mizrachi Malca, para quienes pidió un sobreseimiento definitivo para ambos y el levantamiento de las medidas cautelares que pesan contra Ford.
Contra Jaime Ford está el testimonio de Jorge Espino, quien tiene un acuerdo de colaboración con el Ministerio Público. Espino confesó ser testaferro del exministro de Obras Públicas. Los fondos de Odebrecht supuestamente eran para invertir en el desarrollo de una hidroeléctrica en El Valle de Antón, pero ese proyecto nunca se llevó a cabo. Espino contó que Odebrecht no tenía interés en la hidroeléctrica, pero que igual decidió pagar $1.8 millones, “únicamente por atender al ministro de Obras Públicas, ya que en esa época mantenían grandes contratos como cinta costera 3, patrimonio histórico, carretera Santiago Viguí y de esa forma garantizaban el pago a la empresa de $300 millones”, según consta en la vista fiscal.
Según Ford, él solo puso en contacto a las partes, es decir, a Espino y a Odebrecht, representada por André Rabello. Lo hizo, según él, para ayudar a su amigo. Pero según el delator Luis Da Rocha, si bien las coimas eran depositadas en la cuenta de la sociedad Westfall Holding, que era de Espino,”los fondos estaban relacionados al ministro de Obras Públicas de esa fecha”. Esas transferencias ocurrieron entre diciembre de 2013 a julio de 2014, cuando Ford estaba al frente del MOP.
En el sistema Drousys, utilizado para pagar los sobornos a funcionarios y testaferros, Ford fue identificado con el seudónimo “Explorer”.
Ford también fue imputado por corrupción de funcionario, pero este delito ya prescribió.
En cuanto a Mizrachi, está imputado porque su sociedad Caribbean Holding Ltd. recibió dineros de Odebrecht, a través de transferencias realizadas por Constructora Internacional del Sur. Según la investigación, esos dineros fueron posteriormente transferidos y puestos a disposición de Ricardo Martinelli Berrocal y sus dos hijos, Importadora Ricamar, Juan Carlos Varela y Riccardo Francolini.
“Nadie en su sano juicio presta su empresa para recibir sobornos”, clamó el abogado Basilio González. Insiste en que su cliente no se benefició “de ni un dólar”, producto de esas donaciones.
En su declaración indagatoria, Mizrachi admitió que aceptó participar en el esquema, porque se lo pidió Martinelli, quien por 17 años ha sido su cuñado. Dijo que esto ocurrió en el año 2009 y que entonces Odebrecht no estaba vinculada a ningún escándalo de corrupción.
“¿Quién sabía entonces que Odebrecht era una empresa corrupta? Nadie... Era una empresa prístina”, indicó González y pidió que se levanten las medidas cautelares contra su cliente y se le devuelva la fianza de excarcelación.
‘LA PRINCIPAL VÍCTIMA ES EL ESTADO’
“Este es el caso de blanqueo de capitales más icónico que ha tenido la República de Panamá y la región”, así lo aseguró el fiscal Mahmad David Hasan, al llegar este jueves al acto de audiencia, que cumple su noveno día.
Hasan reiteró que ayer, miércoles, el MP terminó de manera “contundente” sus alegatos, donde el hecho punible y la vinculación de los procesados quedaron debidamente acreditados. La principal víctima de este escándalo es el Estado, remarcó el fiscal.
A eso de las 6:59 p.m. la juez declaró un receso hasta las 9:00 a.m. de este viernes 23 de septiembre. Indicó que continuarán con los alegatos de la defensa.
