Uno de los 35 llamados a juicio por el caso Odebrecht perdió otra batalla en la Corte Suprema de Justicia. Este tribunal de justicia confirmó una decisión de la juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, de no admitirle un recurso que intentaba apartarlo del caso.
¿Qué ocurrió? Sucede que el uruguayo Juan Francisco Mutio Cerdeira, supuesto testaferro de la empresa brasileña para repartir sobornos a funcionarios y particulares, en noviembre del 2023, presentó un amparo de garantías constitucionales para dejar sin efecto la indagatoria que le practicó la Fiscalía Anticorrupción en medio de la investigación del caso.
Ese recurso fue presentado inicialmente ante el Primer Tribunal Superior de Justicia que lo rechazó, ya que la defensa de Mutio no presentó copias debidamente autenticadas de la orden impugnada, pero sus abogados apelaron esa decisión ante la Corte.
Sin embargo, a través de una resolución expedida el pasado 13 de mayo, pero dada a conocer el miércoles 5 de junio y bajo la ponencia de la magistrada Ángela Russo de Cedeño, la Corte decidió confirmar la decisión del Primer Tribunal de no admitir el amparo.
¿Por qué esta imputado?
Para llamarlo a juicio, Marquínez sustentó que Mutio Cerdeira era el representante legal de la sociedad Sherkson Internacional, controlada por Odebrecht. Esta empresa fue contratada por Active Capital Holdings para prestar servicios de asesoría por la suma de $488 mil.
La jueza también aportó la declaración rendida por Vinicius Vega, un exdirectivo de Odebrecht, quien alegó que Mutio Cerderira “tenía pleno conocimiento de estos movimientos”, aunque no era el destinatario final de los fondos.
El juicio por el caso Odebrecht está fijado para realizarse entre el 12 de noviembre y el 19 de diciembre próximo. La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto presentar más de 100 pruebas testimoniales y periciales.
Entre las 35 personas llamadas a juicio están los expresidentes de la República Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-20219), así como exfuncionarios de ambos gobiernos y particulares.
Anteriormente, el juicio estaba programado para realizarse del 15 de julio al 23 de agosto próximo, pero todo cambió cuando aparecieron dos imputados, Gonzalo Eduardo Monteverde y María Isabel Carmona, quienes estaban en rebeldía y finalmente fueron ubicados, a través de asistencias internacionales, en Perú.
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