Un capítulo importante en la trama del caso Odebrecht se escribió el pasado lunes 7 de noviembre, día en que el Órgano Judicial soltó la noticia más esperada: el llamamiento a juicio por el caso Odebrecht, considerado el proceso ligado a corrupción más emblemático de los últimos tiempos, causa que implica a dos expresidentes de la República, a seis exministros, a un exdiputado, al igual que a una larga lista de abogados, empresarios y particulares. No en vano, los fiscales del Ministerio Público han denominado al caso como “el mayor atraco al Estado”.
La información emanada del judicial no proporcionó nombres. Se limitó a informar que la jueza tercera liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez abrió causa preliminar contra 36 personas por el delito contra el orden económico y contra la economía nacional, en la modalidad de blanqueo de capitales.
Y además añadió que se sobreseyó definitivamente a una ciudadana y provisionalmente a otros once.
Los nombres
Pero, ayer martes 8 de noviembre, los nombres salieron a la luz pública. En la lista de personas para las que se dictó causa criminal por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales están los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019). Martinelli, de acuerdo con lo que declaró al Ministerio Público André Rabello, exintendente de Odebrecht en Panamá, recibió transferencias de Odebrecht a través de Caribbean Holding Services.
Entre ellas figuran una por $1.6 millones y otra por $300 mil. Esta fue parte de la información que fue leída en la audiencia preliminar del caso, diligencia que se desarrolló entre el 12 y el 28 de septiembre pasado.
Su abogado Roniel Ortiz aseguró ayer martes a este medio que “existe una clara evidencia de que se trata de un caso político” con el que se busca inhabilitar al exmandatario para que participe de las elecciones del año 2024. Reiteró la tesis que ha esgrimido a lo largo del proceso: que se han violado las garantías constitucionales de su cliente, ya que no se reconoció la protección que le confiere el principio de especialidad.
Y al igual que en la audiencia aseguró que la Fiscalía Anticorrupción realizó diligencias de investigación cuando Martinelli era diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen) y que en ese momento la competencia del caso correspondía a la Corte Suprema de Justicia.
No obstante, adelantó que el exmandatario comparecerá al juicio, donde “prueba a prueba demostrará que no mantiene vinculación alguna con los cargos presentados por el Ministerio Público”.
Mientras que Varela figura en el caso por los pagos que la constructora hizo a la campaña presidencial del Partido Panameñista, durante el período 2009-2014, como vicepresidente de la República, y del torneo electoral del 2014, en el que fue electo presidente.
Las declaraciones de su copartidario, el médico Jaime Lasso, otro de los llamados a juicio, fueron clave en su caso.
Ante la fiscalía Lasso aceptó haber recibido los pagos para la campaña del exmandatario. Según las pesquisas de la fiscalía, el dinero de Odebrecht llegó al Partido Panameñista a través de la fundación Don James y por medio de dos sociedades: V-Tech y Poseidon Enterprises, todas ligadas a Lasso.
Orison Cogley, uno de los abogados del exmandatario, dijo ayer martes a La Prensa que le gustaría dar una impresión del auto mixto emitido por el Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales, pero añadió que desconoce las normas con las que se hizo este llamamiento.
En la audiencia, el abogado Erasmo Elías Muñoz, otro de los abogados de Varela, manifestó que su cliente no recibió sobornos de la constructora, sino “donaciones”. También dijo que el Ministerio Público no tenía competencia para investigarlo, pues su proceso está basado en “financiamiento a sus campañas políticas”.
Otro de los aspectos que sacó a relucir ante la jueza Baloisa Marquínez es el relacionado con el que la Fiscalía Anticorrupción tampoco tenía competencia para investigar al exmandatario, pues “actualmente” su cliente “es diputado del Parlacen”.
Añadió que es un escaño al que tiene derecho por su condición de expresidente de la República, “aunque no esté juramentado”. Pero el último día de la audiencia (28 de septiembre), la fiscal anticorrupción Ruth Morcillo aprovechó para refutar este planteamiento que fue presentado por los abogados de Varela y Martinelli.
Manifestó que previamente la jueza Marquínez se pronunció al respecto y recordó que el artículo 19 del reglamento interno del Parlacen señala que los diputados adquieren todas las “prerrogativas funcionales” inherentes al cargo, una vez sean juramentados.
Sobre el principio de especialidad que reclamó el abogado de Martinelli, Morcillo manifestó que “ya es un tema superado... Este tribunal ya ha emitido concepto”, y citó tres autos del juzgado y uno del Segundo Tribunal Superior que sustentan esta afirmación.
Los exministros
Demetrio Jimmy Papadimitriu, ministro de la Presidencia, durante el gobierno de Martinelli; Jaime Ford, titular de Obras Públicas, en la era de Martinelli; Frank De Lima, jefe de la cartera de Economía y Finanzas, igualmente en la gestión de Martinelli; Federico Suárez, ministro de Obras Públicas, también en la administración de Martinelli; José Domingo Arias, ministro de Vivienda en el periodo de Martinelli; y Carlos Duboy, quien fungió como titular de Vivienda en el gobierno de Martinelli y como gerente de Tocumen S.A. en la administración de Varela; son los exfuncionarios de más alto perfil llamados a juicio, luego de los dos exgobernantes.
Papadimitriu, de acuerdo con la vista fiscal leída en la audiencia, recibió dinero de la Caja 2 de Odebrecht en cuentas en Andorra que estaban a nombre de sus padres. Entre 2009 y 2012, Papadimitriu habría recibido al menos $5.9 millones en cuentas a nombre de María Bagatelas, su madre. María Bagatelas es la única investigada a la que la jueza sobreseyó definitivamente.
Ford, según el expediente recibió al menos $1.8 millones a través de su amigo Jorge Espino, en una cuenta en Andorra. De Lima, según la vista fiscal, recibió dinero en cuentas en Andorra, a través de las sociedades Ralfim Limited, representada por Olmedo Méndez Tribaldos, y Herzone Overseas, que tenía como representante a José Luis Saiz Villanueva.
En un informe de la División de Delitos contra la Administración Pública se explica que De Lima recibió $7 millones de empresas ligadas a Odebrecht a través de Saiz.
Federico Suárez está en el caso, porque de acuerdo con la vista fiscal, habría recibido dinero por intermedio de Aeon Group.
Mientras, José Domingo Arias figura en el expediente porque en 2014, cuando fue el candidato presidencial del oficialista Cambio Democrático (CD), su campaña fue financiada por la constructora. Todo se gestionó a través de un contrato de publicidad de $21 millones entre los publicistas Joao Santana y Mónica Maura con CD. Pero el que gestionó todo fue el propio Martinelli, según consta en el expediente.
En tanto que Carlos Duboy está vinculado al caso a raíz de que en 2008, siendo tesorero del Partido Panameñista, recibió casi $150 mil dólares provenientes de la Caja 2 de Odebrecht.
Los hijos
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos de Martinelli, son otros de los llamados a juicio. En la vista fiscal del caso constan las declaraciones de Rabello, quien afirmó que desde el momento en que Martinelli ganó la elección (en mayo de 2009), los dos hermanos se le acercaron para ofrecerle sus servicios de intermediación y agilizar pagos y adendas a favor de la constructora a cambio de dinero.
Estos fondos llegaron a los hermanos Martinelli a través de distintas sociedades en múltiples jurisdicciones. Los hijos del exgobernante actualmente cumplen condena en Estados Unidos por blanquear al menos $28 millones en coimas de Odebrecht, a través del sistema financiero estadounidense.
Ambos le confesaron a un juez de Nueva York que cometieron el delito siguiendo órdenes de su padre. Pero, en la audiencia, el abogado Luis Eduardo Camacho González aseguró que ellos no recibieron sobornos; prestaron el servicio de “lobistas”.
Los sobreseídos
Marquínez incluyó en la lista de 11 sobreseídos provisionalmente a tres de las cuatro amigas personales de Martinelli que están en la vista fiscal. Se trata de Linda Gesto, María Del Sol Rivera, y Úrsula Banz. En cambio, sí llamó a juicio a Aurora Muradas.
En el mundo de los sobornos de Odebrecht estas cuatro mujeres eran conocidas como “Periquitos”. Cada una tenía un número: 1, 2, 3 y 4. Rabello dijo a la fiscalía que abrió cuentas a las cuatro mujeres para transferir fondos en calidad de “soporte familiar”, a petición del propio Martinelli.
En la lista de sobreseídos de manera provisional también están José Antonio Porta, Fernando Carreiro Muradas, hijo de Aurora Muradas; y la uruguaya Maya Cikurel, entre otros.
