Concluido el primer acto del proceso por blanqueo de capitales de las coimas pagadas por la empresa constructora brasileña Odebrecht, queda mucha tela que cortar y otras líneas de investigación, que no solo deben concluir con nuevas imputaciones, sino con una agenda de reformas legales e institucionales para evitar que estos crímenes se repitan.
La acción corrupta desarrollada por la empresa Odebrecht a lo largo de varios gobiernos consistió en la compra de influencia política y de la lealtad de servidores públicos claves para el desarrollo de los negocios de la empresa. En el camino, firmas de abogados, bancos, empresas contratistas y otros agentes económicos, sirvieron de trampolines y de facilitadores para el blanqueo de capitales.
Lo que está siendo juzgado es en realidad la cultura política y la forma de hacer negocios en Panamá. Los imputados del caso Odebrecht son meros protagonistas coyunturales de una historia que se ha contado en distintas versiones. Este es un momento clave para que el Ministerio Público (MP), el Órgano Judicial y el propio gobierno del presidente Laurentino Cortizo aprovechen para sentar las bases de un nuevo orden de integridad.
Las otras causas de alto perfil
El MP ha tenido durante los últimos siete años la tarea de desarrollar la mayor persecución de delitos de corrupción en la historia republicana. Las pesquisas desarrolladas principalmente por las fiscales superiores anticorrupción tuvieron que enfrentarse a numerosos obstáculos, desde una cultura complaciente con la impunidad judicial, hasta barreras y zancadillas provenientes de los tribunales de justicia, que deben ser los mayores garantes del debido proceso y de la fluidez de estas investigaciones.
En los últimos doce años, Panamá ha tenido siete procuradores generales, lo que significa un alto nivel de inestabilidad institucional y, por ende, de incertidumbre laboral de los funcionarios que deben llevar adelante las investigaciones. Los retrasos propios de una burocracia excedida por el trabajo que debe realizar y la actuación en muchas ocasiones de mala fe de los bien financiados equipos de abogados defensores, facilitaron la prescripción de muchas causas penales. Basta recordar la existencia de una mayoría cómplice entre los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que paralizó y desvirtuó la acción judicial.
A la fecha, siguen sin prescribir otros casos de muy alto perfil, como los relacionados con las líneas 1 y 2 del Metro de Panamá, así como el de la Ciudad de la Salud y el programa de saneamiento de la bahía de Panamá, los que requieren que el MP obtenga una mayor cooperación de parte de la Contraloría General de la República, entidad que ha sido una convidada de piedra en la lucha contra la corrupción. Si la Contraloría no coopera, el procurador general encargado, Javier Caraballo, tiene el deber de hacerlo saber a la nación. A su vez, mantiene la opción de fortalecer al equipo de fiscales que persiguen estos casos, con la reincorporación de las fiscales superiores Zuleyka Moore y Tania Sterling.
La reforma legal contra la corrupción
Desde 1990 hasta la fecha, ningún gobierno de la era democrática ha emprendido una reforma integral para prevenir y reprimir ejemplarmente la corrupción. En los distintos gobiernos se han hecho reformas parciales, las cuales en el tiempo quedan huérfanas o se convierten en islotes de integridad en un océano de corrupción. El proceso de hacer estas reformas y de implementarlas puede tomar años, por lo que es clave enfocar las iniciativas en las áreas prioritarias, a saber:
-El régimen de contratación pública del Estado panameño requiere con urgencia una depuración que lo salve de los conflictos de intereses y de las peores manifestaciones de la corrupción. El primer aspecto a cambiar debe ser la eliminación de las contrataciones de diseño y construcción, ya que esto se hace únicamente con la finalidad egocéntrica de cortar una cinta en el propio período de gobierno. Las obras a licitar son aquellas para las cuales el Estado ya debe tener los diseños. Así mismo, la licitación por mejor valor es un oxímoron, ya que se convierte en un ejercicio de subjetividad. La iniciativa más importante para eliminar la corrupción de las contrataciones públicas es prohibirle a empresas sancionadas por estas conductas, nacional o internacionalmente, contratar con el Estado. Lo contrario es apostar a que el tigre se volverá vegetariano.
-El gobierno central carece de un servicio de auditoría interna autónomo e independiente. Cada institución tiene una auditoría interna nombrada por la persona a quien precisamente deben auditar. Una entidad dentro del gobierno central que realice una auditoría interna permanentemente, con un alto grado de independencia sería una barrera contra los actos de corrupción. El íngrimo departamento de auditoría de la Contraloría, presente en todas las instituciones públicas, suele ser una voz solitaria que no encuentra eco en la Avenida Balboa o que debe omitir la esencia de su labor.
-En materia procesal penal, se requiere que el MP tenga mucho más autonomía, que las investigaciones en materia de corrupción tengan un equipo especializado formado por las instituciones como la Unidad de Análisis Financiero y la Dirección General de Ingresos. En materia penal, hay que incluir en el código las formas delictivas de la corrupción y los conceptos modernos de “empresa criminal conjunta” y “dominio del hecho’', que son doctrinas aplicadas con regularidad en la lucha contra delitos complejos. Por supuesto que el plato fuerte lo integra el aumento del término de prescripción de todos los delitos relacionados con la corrupción y el establecimiento de una jurisdicción de extinción de dominio que refuerce la capacidad del Estado de confiscar los bienes y caudales obtenidos con prácticas corruptas.
Salvando al sistema político
Cada cinco años, el proceso electoral panameño produce un resultado de un conjunto de autoridades electas, cuyas campañas fueron financiadas, en gran medida, por grupos de intereses económicos y, más recientemente, por redes de crimen organizado que pretenden obtener así influencia en el poder, sobre la asignación de fondos públicos o para recibir el blindaje contra la acción del Estado. El mayor favor que se le puede hacer a la democracia panameña es eliminar el financiamiento privado de las campañas electorales y restringirlo únicamente a un financiamiento público y a una cuota de espacio-tiempo en medios de comunicación, sufragado por el Estado. Para evitar el exceso de candidaturas a los distintos cargos de elección se puede realizar una primaria abierta y simultánea, que le permita a toda la ciudadanía votar por las precandidatas y precandidatos de los partidos políticos y de la libre postulación, para que aquellos que recibieron el mayor caudal de votos se enfrenten en las elecciones generales. Esto último lo hacen Argentina y Colombia con mucho éxito.
Una pieza clave para el buen funcionamiento de un sistema político es la existencia de una cultura empresarial fundamentada en la integridad. Si algo ha demostrado el caso Odebrecht es que muchos empresarios, y en especial los que decidieron meterse a la política, aparentemente tenían como una de sus metas principales aumentar su patrimonio a costa de los bienes públicos y los intereses de toda la ciudadanía. No hay funcionarios coimeros sin personas dispuestas a coimear. Si cada conductor detenido por un policía de tránsito, que busca una recompensa indebida, le responde solicitando que le aplique la multa o que venga la grúa, se secará ese río de corrupción policial. Si cada contribuyente, usuario y empresario que recibe una exigencia de coima se niega a pagarla y en su defecto la denuncia, se le envía una señal contundente a los corruptos. Esa es la reforma más importante que necesita Panamá.
