El Ministerio Público tiene vía libre para seguirle la pista a cuentas bancarias de Alvaro Testa, esposo de la candidata presidencial por la libre postulación y diputada del PRD, Zulay Rodríguez; al igual que a las del abogado Rafael Araúz. Ambos, al igual que Rodríguez, son investigados por la presunta apropiación de unas láminas de oro propiedad del mexicano José Luis Penagos (ya fallecido).
El Primer Tribunal Superior de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales impulsado por Rodríguez, a través del abogado Ángel Álvarez, contra la resolución 143 del 2 de agosto de 2023, con la que la fiscal segunda de delitos contra el patrimonio económico, Elizabeth Carrión, comisionó a la División de Blanqueo de Capitales de la Dirección de Investigación Judicial para que elaborara un informe sobre la trazabilidad de los fondos que no tengan justificación de Testa y Araúz.
En el amparo, la defensa de Rodriguez argumentó que la orden de la fiscal Carrión alcanza cuentas y tarjetas de crédito de la diputada y su esposo, por lo que el Ministerio Público excede y usurpa la competencia que mantiene la Corte Suprema de Justicia para investigar a los diputados.
Este caso está dividido en dos: la parte que lleva el Ministerio Público, que alcanza a Testa y Araúz; y la que sigue la Corte, que investiga a Rodríguez.
La denuncia fue interpuesta por la supuesta comisión de los delitos de hurto, blanqueo de capitales y asociación ilícita para delinquir.
El pasado 26 de julio, la Corte Suprema de Justicia celebró una audiencia de control de garantías por el proceso que le sigue a la diputada, pero ella no estuvo presente. Fue representada en el acto por el abogado Danilo Montenegro, un defensor público asignado por el tribunal. Sí estaba presente la magistrada María Cristina Chen Stanziola, en funciones de fiscal de la causa.
Como juez de garantías fue designada la magistrada Ariadne García. La diputada Rodríguez ha señalado en reiteradas ocasiones que las acusacioes presentadas en su contra son falsas.
