El ministro de Seguridad Pública Juan Pino, confirmó que el Clan del Golfo controla el tráfico de migrantes por el área del Chocó colombiano pero aclaró que cuando se habla del control de las rutas del Darién, se trata de la zona ubicada en el departamento del Chocó, Colombia.
Narró que información de inteligencia, del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) da cuenta que el grupo criminal maneja redes de apoyo que están a su servicio. Estas redes, añadió, extienden sus tentáculos hasta el límite fronterizo con Panamá.
Por eso advirtió que su ministerio a través del Senafront, mantiene presencia permanente en las rutas migratorias “para evitar la entrada de elementos pertenecientes a esta estructura criminal”, lo que a su juicio, ha generado importantes resultados operativos en contra de personas que cometen delitos relacionados a la migración irregular, sujetos que, añadió, han sido aprehendidos (panameños y extranjeros). No obstante, agregó, no se ha podido evidenciar de que estos sean miembros del Clan del Golfo.
Pino dijo a La Prensa que a través de entrevistas realizadas por personal de las Estaciones de Recepción de Refugiados (EPR) a los ciudadanos que cruzan la frontera, se ha dejado en evidencia que los coyotes o los grupos de apoyo del Clan del Golfo, los dirigen durante toda la ruta terrestre desde el municipio de Acandí, Chocó, hasta llegar a la frontera. A partir de allí, agregó, les manifiestan que ellos solo están autorizados por sus cabecillas a conducirlos hasta el límite del cordón fronterizo, donde los dejan para continuar su recorrido.
Las declaraciones de Pino coinciden con el informe titulado La Frontera del Clan, migración irregular y crimen organizado en el Darién; documento elaborado por la Fundación Ideas para La Paz (FIP), una organización no gubernamental colombiana, creada en 1999 por un grupo de empresarios del vecino país.
El estudio de la FIP, divulgado la semana pasada, dejó al descubierto entre otras cosas que el grupo, además de tener el dominio de las rutas, cobra un tipo de impuesto a quienes quieren realizar la travesía desde el Golfo Urabá y otros poblados colombianos por la selva darienita. No obstante señala que no se tienen evidencias de que el Clan tenga presencia del lado panameño. Pero, operativos del Ministerio Público han desmantelado redes en Panamá ligadas a pandillas locales que colaboran con el grupo criminal colombiano. Su conexión tiene su base en el tráfico de drogas.
De 70 nacionalidades
En tanto, María Isabel Saravia, subdirectora del Servicio Nacional de Migración, detalló recientemente que el 88.7% de las personas que han ingresado por la selva del Darién a Panamá son originarias de Venezuela, Ecuador, Haití y Cuba. Añadió que en total, por el Darién han llegado personas de 70 nacionalidades diferentes. La semana pasada, la directora de esta entidad Samira Gozaine manifestó que en el último mes se ha producido un cambio en el flujo de migrantes, ya que ahora se nota la llegada de ecuatorianos de forma masiva. Según Gozaine, esto representa una diferencia en comparación con los años 2021 y 2022, cuando la mayoría procedía de Haití y Venezuela.
Por su parte la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) reconoce que una de las principales carencias de las personas que usan las rutas del Darién, es la falta de ingresos para poder subsistir su travesía. Una encuesta elaborada por la OIM dejó en evidencia que uno de cada tres encuestados reveló que tendría problemas para acceder a los alimentos en caso de retornar a su país de origen. Mientras que un 30% manifestó que no contaría con suficientes ingresos para sobrevivir.
Cifras estadísticas del Ministerio de Seguridad revelan que de enero a noviembre de 2022, 230 mil migrantes pasaron por la selva del Darién. En el mes de octubre se registró un mayor volumen, con 60 mil migrantes. En la actualidad, las EPR albergan a 1,943 migrantes. Entre el 1 de diciembre y el pasado viernes 16 de este mes, habían ingresado 581 personas por la frontera del Darién, la mayoría son de Ecuador (167 personas) y Haití (160 migrantes). El resto es de otros países.
Giuseppe Loprete, jefe del Centro Administrativo Global y de la misión de OIM en Panamá, aseguró que este es un problema que debe ser abordado de manera “integral” por los países de la región afectados por este fenómeno, que a su vez es generado por las diversas situaciones económicas, políticas y sociales.
