El procurador de la Administración, Rigoberto González, señaló que la solicitud de exoneración de impuestos municipales presentada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) para el proyecto de diseño y construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, cuyo costo supera los $1,372 millones, solo puede ser decidida mediante un acuerdo municipal emitido por el Concejo de Panamá.
Esta fue la respuesta de González a una consulta realizada por la presidenta del Concejo, Keira Navarro, para determinar la viabilidad de la exoneración del pago de impuestos municipales para la ejecución de esta obra.
La solicitud fue presentada el 22 de octubre por el titular del MOP, José Luis Andrade. El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP), integrado por las empresas China Construction Communication Company y China Harbour Engineering Company, obtuvo la licitación para este proyecto en 2018.
La consulta de Navarro buscaba esclarecer si el Concejo de Panamá estaba obligado a exonerar los impuestos municipales y si el MOP tiene facultades para solicitar dicha exoneración.
González explicó que, conforme a la competencia establecida en el artículo 245 de la Constitución, la exoneración de impuestos municipales solo puede ser declarada mediante un acuerdo municipal. Además, aclaró que otros impuestos municipales aplicables a las actividades lucrativas de la empresa contratista y sus subcontratistas no forman parte del permiso de construcción, por lo que deben ser pagados en los términos correspondientes.
El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, cuya culminación está prevista para agosto de 2028, tendrá una extensión de 3.6 kilómetros, incluyendo accesos este y oeste. El puente será atirantado, con una longitud de 965 metros, un ancho de 36.87 metros y un vano central de 485 metros.
Durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), bajo la gestión de Rafael Sabonge en el MOP, se informó que el costo del proyecto se redujo de $1,518 millones a $1,372 millones respecto a lo acordado durante el gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) debido a cambios en el diseño, aunque no se detallaron los costos financieros.
En marzo de 2024, el gobierno de Cortizo firmó una adenda con el consorcio CPCP, que incorporó la estructura de financiamiento propuesta por los bancos Santander, Mizuho y Banistmo, por un monto aproximado de $716.5 millones.
El 27 de agosto de 2024, con la asistencia del presidente de la República, José Raúl Mulino, empezaron las excavaciones a un costado del Puente de las Américas con la proyección de que se generen unos 5 mil empleos.
“Vamos a hacer un esfuerzo para que se termine lo antes posible porque hay un solo grupo afectado y es Panamá Oeste”, señaló Mulino, quien pidió al consorcio chino acelerar los trabajos.