Después de más de 85 horas de sesión, finalizó este viernes el juicio a 29 personas acusadas de blanqueo de capitales en el caso Panama Papers, una de las filtraciones de documentos más grandes en la historia que implicó a personalidades internacionales a través de la firma panameña Mossack Fonseca (M&F).
En el juicio, en el que participaron tres fiscales y 18 abogados defensores, se presentaron un total de 27 testigos y más de 50 pruebas documentales, entre las que se encontraban asistencias judiciales a Alemania, Argentina y Bahamas.
Por este caso, la fiscalía solicitó la pena máxima para Jurgen Mossack, Ramón Fonseca Mora, Dick Brauer, Axel Gauster y Hans Joachin Kohlsdorf, considerados responsables del delito de blanqueo de capitales en calidad de autores, para 15 personas como cómplices primarios y cinco como cómplices secundarios. Se les señala de crear esquemas societarios y financieros para ocultar “activos ilícitos y los beneficiarios reales de los mismos, propiciando el blanqueo de miles de millones de dólares”.
También, la fiscalía pidió una sentencia absolutoria a favor de Reyna Chong, Itzel Fuentes y Zacgary Lundgren. La juez segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, se acogió a un término de 30 días para dictar sentencia, aunque el artículo 520 del Código Judicial le concede un día más por cada cien páginas de expediente.
Hoy, en el décimo y último día de juicio en el caso Panama Papers, inició con la intervención de Daika Levy, abogada de los imputados Ramón Fonseca Mora, Valentín Ureña y Rigoberto Cornado, quien en su alegato aseguró que en este caso no se han presentado pruebas que acrediten el blanqueo de capitales por parte de la firma Mossack Fonseca.
Levy planteó que los peritos Eliseo Ábrego y José Gil de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), quienes elaboraron un informe de gestión financiera del caso, no pudieron determinar el delito precedente al blanqueo de capitales en los hechos relacionados con la empresa alemana Siemens y los fondos provenientes de Argentina.
Alegó que la fiscalía nunca presentó un informe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre las supuestas actividades de blanqueo realizadas por miembros de la firma Mossack Fonseca.
Dijo que los cargos contra sus clientes no tienen sustento en ningún informe financiero, ni en asistencia judicial, ni en el testimonio presentado a lo largo de estos nueve días de juicio.
Luego compareció Basilio González, abogado de Amauri Batista, quien sostuvo que la fiscalía no presentó pruebas de la supuesta vinculación de su cliente en actividades de lavado de dinero, ya que solo prestó sus servicios como abogado.
González alegó que Batista, como socio de la firma Mossack Fonseca, no estaba encargado de las labores del departamento de cumplimiento y solo atendía aquellos clientes que habían cumplido con ese proceso de verificación. Planteó que la fiscalía no probó la supuesta acción dolosa de su cliente ni del resto de las personas investigadas en este caso.
Luego correspondió el turno a Rodolfo Palma, abogado de Eyra Perdomo, quien realizaba funciones de oficial de cumplimiento de Mossack Fonseca, y alegó que su cliente cumplió con sus funciones y nunca incurrió en acciones que se pudieran considerar ilegales.
Palma relató que su defendida realizaba búsquedas sobre riesgos o sospechas sobre potenciales clientes, pero nunca tenía relación directa con los clientes, no manejaba fondos y tampoco podía autorizar transferencias.
Planteó que en un expediente de 526 tomos no hay un solo indicio que vincule a Eyra Perdomo con transacciones irregulares, tampoco aparecía como dignataria de sociedades creadas por Mossack Fonseca y no recibió fondos procedentes de transacciones relacionadas con actividades ilícitas.
Emilio Jaén Vega, abogado de Ann Elisa Vega, alegó que su cliente se desempeñaba como asistente de inversiones, por lo que no tenía relación con la creación de sociedades ni con la captación de clientes. Vega explicó que su cliente solo seguía instrucciones de sus superiores en atención a la estructura jerárquica existente en su trabajo.
Mientras tanto, Javier Quintero, abogado de María Patricia Diz, sostuvo que en este caso su cliente ha sido implicada en un caso de blanqueo de capitales sin tener capacidad para ordenar depósitos y realizar transferencias.
Los alegatos de la defensa fueron concluidos por los abogados Diva Pinzón, en representación de Yeni Martínez Dutary, y el jurista Dionisio Rodríguez, defensor de Egbert Wetherborne, quienes también solicitaron un veredicto absolutorio para sus clientes.
El caso Panama Papers se inició en el año 2016 tras una investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICJ) que dejó al descubierto que sociedades de la firma Mossack Fonseca fue usada para supuestas actividades de blanqueo de capitales, evasión de impuestos por prominentes figuras de la política internacional, deportistas y artistas famosos.
Antes de cerrar la sesión, la juez Marquínez concedió un término de cinco minuto a Jurgen Mozzack, quien aseguró que el proceso ha sido muy duro para él y su socio Ramón Fonseca Mora, quien no se presentó a la audiencia.
Tras reiterar una vez más que no se siente responsable, aseguró que Fonseca Mora tiene padecimientos emocionales causados por este caso.
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