El Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales condenó a 13 años de prisión al exdiputado Mario Miller por el delito de peculado doloso en perjuicio de la Asamblea Nacional (AN).
En un fallo emitido el martes en la tarde, el juzgado también impuso una pena de 13 años de cárcel a Erendira González Fuentes, mientras que Edith Isolina Navarro fue sentenciada a ocho años de prisión como cómplice primaria.
Por este caso, también se condenó a siete años de cárcel a Maricela Araúz Acosta, Isabel María Araúz, María del Carmen Araúz e Ismael Ovidio Frías. Además, como pena accesoria, se les suspendió del ejercicio de funciones públicas una vez cumplida la sanción principal.
El fallo, firmado por la jueza Agueda Rentería, detalla que se comprobó la elaboración de contratos de servicios profesionales que no cumplían con los requisitos del Departamento de Recursos Humanos de la AN. A través de estos contratos se emitieron cheques por sumas elevadas, que fueron depositados en la cuenta de una empresa sin vínculo con la entidad.
La jueza Rentería también evidenció falsedad en documentos, ya que se emitieron cheques a nombre de personas analfabetas e incluso de personas fallecidas. Durante el juicio celebrado en abril pasado, la fiscal anticorrupción solicitó la condena de Miller y otros implicados, tras demostrar el uso fraudulento de las planillas de la AN para defraudar al Estado.
A raíz del proceso judicial y enjuiciamiento, Miller fue separado del Partido Cambio Democrático (CD), donde militaba, para enfrentar el juicio. En el proceso, la fiscal anticorrupción María Araúz afirmó que funcionarios de la AN, junto con Miller, desviaron fondos destinados a programas de interés social para su propio beneficio.
La investigación comenzó en 2014 tras una publicación del diario La Prensa, que reveló que algunos diputados utilizaban las planillas de la Asamblea Nacional (AN) para defraudar al Estado mediante la emisión de cheques a nombre de terceros. Estos terceros cobraban los cheques y recibían una comisión, mientras que el resto del dinero era entregado a Miller y a los demás implicados. Los cheques emitidos por la AN supuestamente estaban destinados a ayudas económicas para comunidades necesitadas, pero los fondos nunca llegaron a sus beneficiarios.
En 2018, el entonces contralor Federico Humbert presentó varias denuncias ante la Corte Suprema de Justicia contra varios diputados por el presunto uso irregular de los fondos asignados a la AN mediante las planillas 080 y 172. Humbert entregó al Ministerio Público 186 auditorías que revelaron que 70 diputados manejaron más de $247 millones entre 2009 y 2014.
Las auditorías realizadas a diferentes juntas comunales y municipios mostraron el manejo de los fondos administrados por los diputados de la AN. Los informes revelaron que $50 millones carecían de facturas fiscales, otros $20 millones no tenían justificación y se encontraron facturas falsas y documentos alterados, entre otras irregularidades.
A raíz de estos hallazgos, Humbert denunció a 11 diputados de la AN, entre ellos Miller, Francisco “Pancho” Alemán del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Rubén De León del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Aris de Icaza, Marylín Vallarino, Edwin Zúñiga de Cambio Democrático, así como los perredistas Leandro Ávila, Athenas Athanasiadis, Felipa Vargas y Jorge Alberto Rosas del Partido Panameñista.
