Una juez penal condenó a 60 meses de prisión al exministro de Economía y Finanzas, Frank De Lima; a la exsecretaria ejecutiva de la Junta de Control de Juegos (JCJ), Giselle Brea, y al exsubcontralor Luis Felipe Icaza, por falsificar documentos para favorecer la operación del bingo televisado conocido como Buko Millonario.
La condena dictada el pasado 31 de agosto, por la juez Lorena Hernández, del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales, incluye además la inhabilitación para ejercer cargos públicos por tres años.
El mismo fallo de la juez Hernández señala que los tres condenados deben cumplir la pena de prisión en un centro carcelario por designar.
#Condena| Fiscalía Anticorrupción logró condena para Frank De Lima, Giselle Brea y Luis Felipe Icaza, por delito de falsificación de documentos en caso "Buko Millonario", hechos denunciados en el 2015. pic.twitter.com/XBYGiv01NV
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) September 14, 2021
Esta investigación inicialmente fue asumida por la Fiscalía Quinta Anticorrupción en el año 2015, por una denuncia presentada por Saverio Grandi Aguicioti, quien cuatro años antes solicitó una concesión para operar un bingo televisado, la cual fue rechazada por la JCJ, porque presuntamente no tenía la experiencia necesaria para operar que exige la ley. Aguicioti fue director de operaciones de Fiesta Casino, director de Majestic Casinos y asesor de la JCJ. El denunciante señaló que, en cambio, la JCJ otorgó la concesión a 20 años a la sociedad Grupo de Inversión Mundial (Buko Millonario), pese a que -según Aguicioti- no tenía la experiencia y sus miembros no gozaban de idoneidad para operar.
Durante el periodo de los hechos denunciados, De Lima, Icaza y Brea eran miembros de la Junta de Control de Juegos (JCJ), en el gobierno de Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014). De Lima fue el presidente de la JCJ; Brea la secretaria, e Icaza, miembro principal.
Los tres condenados (que siempre se han declarado inocentes) anunciaron apelación al fallo de la juez Hernández, según una nota publicada este martes en el diario Panamá América, que controla Martinelli.
Por este mismo caso, el 2 de junio de 2017, el entonces juez decimoquinto penal Leslie Loaiza dictó un sobreseimiento provisional a favor de De Lima, Brea e Icaza, decisión que fue revocada el 22 de marzo de 2018 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.
De acuerdo con la sentencia, quedó probado que los miembros del pleno de la Junta de Control de Juegos (De Lima, Brea e Icaza) insertaron declaraciones falsas en la Resolución 32 de fecha 22 de junio de 2011, a través de la cual se facultó al entonces ministro de Economía y Finanzas a suscribir contrato de administración y operación del bingo televisado con Grupo de Inversión Mundial.
Lea aquí la nota de prensa del Ministerio Público
En el fallo también se lee que Icaza, Brea y De Lima aunque conocían que la empresa Grupo de Inversión Mundial, no cumplió con los requisitos para ganar la concesión, permitieron que el Estado celebrara un contrato millonario de operación para que se realizar el bingo, con la potencialidad de producir daños, debido a la naturaleza de ese tipo de contrataciones.
El contrato de Grupo de Inversión Mundial fue derogado el 25 de agosto de 2014, por recomendación de la Oficina de Auditoría y Fiscalización Interna del MEF, “en virtud de que el contrato aludido se suscribió en completa violación a disposiciones legales”.
Según la investigación, el 45% de las acciones de Grupo de Inversión Mundial pertenece a Egbert Agustín Wright y el 55% restante lo representa la sociedad Inmobiliaria San Cristóbal, LTD, a la que está vinculada Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del expresidente. Jackeline Chan de Watson figura como presidente de Inmobiliaria San Cristóbal LTD desde el año 2012; para entonces, Buko Millonario tenía un año con el contrato de concesión del bingo televisado.
“Hasta el día de hoy se desconoce quién era el otro accionista de Inmobiliaria San Cristóbal”, dice el fallo de la juez Hernández.
De Lima declaró que era potestad de la JCJ solicitar o no la información sobre quiénes eran los accionistas.
Una auditoría de la Contraloría General de la República, fechada el 17 de marzo de 2017, reveló que no se ocasionó un perjuicio económico al Estado, ya que Grupo de Inversión Mundial realizó pagos a la JCJ por $889,265.41, correspondiente al 8% de sus ingresos brutos.
“Sin embargo, no debemos perder de vista que la concesión del contrato de operación de bingo televisado otorgado a Grupo de Inversión Mundial, la cual quedó acreditado que no demostró experiencia en juegos de azar ni brindó toda la información de sus accionistas, es un acto celebrado en completa violación a los decretos ley que en su momento regulaban la operación de los juegos de suerte y azar”, señaló la juez Hernández.
En casi nueve meses de operación, Buko Millonario obtuvo ingresos brutos por $12.5 millones.
Por este caso, desde julio de 2018, el Ministerio Público también pidió llamar a juicio al exdirector de la Lotería Nacional de Beneficencia, Omar Chen Chan, a Giselle Brea, a Jackeline Chan de Watson y a Ricardo Martinelli Linares, por la presunta comisión de delitos contra la administración pública.
