El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) presentó este miércoles 7 de septiembre ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo 16 del 26 de julio de 2022, que fija un margen bruto máximo de comercialización para algunos productos importados, tales como alimentos, artículos de aseo personal y de limpieza.
Rubén Castillo, presidente del Conep, dijo que no están de acuerdo con esta medida para reducir el alto costo de la vida y que surgió de la denominada mesa única de diálogo que tiene el Ejecutivo con grupos sociales en la provincia de Coclé. De paso, reiteró que esta mesa ha sido excluyente y discriminatoria, al no tomar en cuenta a todos los sectores del país.
“Tal como ha ocurrido en otros países, la regulación de precios, la intervención masiva del Estado en la actividad económica afecta a los ciudadanos”, precisó.
Castillo dijo que el Conep, como parte del sector privado del país, va a defender la libre competencia, al igual que brindará apoyo a los pequeños, medianos y micro productores que se ven afectados por este tipo de medidas.
A su juicio, se debe estimular la libre competencia y “no caer en un sistema donde el Estado se va apoderando de la actividad económica, o más bien interviene en la misma, de una manera que al final afecta la actividad productiva”.
Castillo dijo también que la organización que representa brindará los aportes e ideas para resolver los problemas de la crisis que ha representado el alza de los precios de los combustibles, la covid-19 y todas aquellas circunstancias que han afectado la conveniencia ciudadana.
La mesa de diálogo se desarrolla desde el pasado 21 de julio en el centro Cristo Sembrador, en Penonomé (Coclé). En su primera fase, son ocho los puntos de la agenda de trabajo: canasta básica, combustible, medicamentos, educación, energía eléctrica, Caja de Seguro Social, corrupción y transparencia, y mesa intersectorial.
