Confirman medidas cautelares impuestas al cantante Apache Ness

Confirman medidas cautelares impuestas al cantante Apache Ness
El colonense Apache Ness dijo que "limpiará" su nombre. LP Isaac Ortega


El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito Judicial de Panamá confirmó las medidas cautelares impuestas en primera instancia al artista colonense Ernesto Brown, más conocido como Apache Ness, investigado por la posible comisión del delito contra la administración pública en la modalidad de peculado de uso, en perjuicio del Ministerio de Economía y Finanzas.

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En este caso cabe recordar que Apache Ness fue detenido el mes pasado por personal de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste y la Policía Nacional como parte de la denominada Operación Babilonia. Sin embargo, recuperó su libertad tras el pago de una fianza de 5 mil dólares.

Durante una audiencia celebrada este miércoles, los magistrados Gretta Marchosky, Karolina Santamaría y Luis Mario Carrasco, acordaron mantener las medidas cautelares del reguesero: reporte periódico los días 10 y 25 de cada mes, prohibición de salida del país, prohibición de acercarse a las instalaciones de la fundación “Ministerio Internacional Razón para Vivir”, o cualquier casa matriz o sucursal de la misma, y suspensión de sus funciones como presidente de la fundación, mientras dure la investigación.

En el acto judicial, el Ministerio Público estuvo representado por el fiscal Juan Gutiérrez, mientras que el imputado fue representado por la abogada Yamileth Rodríguez Moreno.

El artista, de 52 años de edad, ha dicho que, mientras duren las investigaciones, hará lo que esté a su alcance para limpiar su nombre.

“Volveré a presidir una fundación que hasta el sol de hoy no ha necesitado recurso de ningún gobierno para hacer nuestro trabajo; por recibir una chatarra miren en la situación en la que estamos”, exclamó en una conferencia que dio el 27 de abril pasado.

Este caso guarda relación con una investigación en la que se detalla que un grupo de personas solicitaba donaciones de vehículos y bienes de oficina a varias entidades estatales que posteriormente eran traspasadas o vendidas a terceras personas mediante la falsificación de documentos, para obtener un lucro de dichos bienes.


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