La procuradora de la Nación, Kenia Porcell, informó sobre la instrucción de 164 procesos por la posible comisión de delitos contra la administración, que por lo pronto están repartidos en cuatro fiscalías anticorrupción.
Los procesos fueron presentados desde julio de 2014, cuando acabó el gobierno de Ricardo Martinelli y se estrenó el de Juan Carlos Varela.
Eso implica –según una valoración de la propia Porcell– que en cada fiscalía se instruye un promedio de 40 nuevos expedientes, razón por la que hace tres semanas anunció la creación de dos nuevos fiscalías anticorrupción: la quinta, que estará a cargo de Janeth Rovetto, y la sexta, dirigida por Aurelio Vásquez.
Porcell indicó que como parte de algunas investigaciones ya se han ordenado “considerables incautaciones de cuentas y bienes, que están por valorar”, aunque preliminarmente calculó que podrían ascender a $120 millones.
Kenia Porcell
Procuradora de la Nación.
El pasado martes, el presidente Varela cifró en $100 millones el monto que está en vías de recuperación, identificado hasta ahora, como parte de los procesos que se adelantan por lesión patrimonial contra el Estado. “Y la cifra puede ser mucho más importante”, anticipó Varela.
Hasta ahora, la Procuraduría ha recibido las conclusiones de cuatro auditorías por parte de la Contraloría: la del contrato de alimentos deshidratados a favor de Lerkshore International, por $44.5 millones; la de la compra de la máquina pinchadora a la empresa israelí M.L.M. Protection, por $13.4 millones; la de la adquisición y distribución de bolsas de alimentos, por $33.2 millones, y la del supuesto enriquecimiento injustificado al exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, actualmente bajo detención preventiva.
En los tres primeros casos, las compras se realizaron con fondos del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Sobre el programa “Piso y Techo” –también financiado por el PAN–, la procuradora contó que la fiscalía solicitó una prórroga para la instrucción del expediente, la cual le fue concedida por un año.
“Eso permitirá que la Contraloría General de la República nos pueda también elaborar la auditoría correspondiente”, señaló.
“Vale la pena informar que cuando el Ministerio Público recibe una investigación o denuncia, nosotros practicamos todas las diligencias que podemos realizar hasta un punto, porque ya cuando se requiere la auditoría pues tenemos que esperar a que ese informe llegue”, agregó.
En cuanto a la compra de granos a la empresa Hialing Corporation, también con dineros del PAN, Porcell mencionó que la fiscalía apeló la fianza de excarcelación que un juzgado otorgó a favor de Mario Martinelli Berrocal –hermano del expresidente– por $2 millones.
“Estamos a la espera si se mantiene ese monto o se aumenta. La investigación continúa. Esos son temas que no paralizan la investigación”, remarcó.De todos estos casos, solo se ha completado la vista fiscal sobre el contrato a Lerkshore.
El Ministerio Público solicitó llamamiento a juicio para nueve personas: el exdirector y el exjefe de Nutrición del PAN, Giacomo Tamburrelli y Ángel Famiglietti, respectivamente; la excontralora Gioconda Torres de Bianchini; el exsecretario privado de Martinelli, Adolfo Chichi De Obarrio; los exministros Lucy Molinar (Educación) y Federico José Suárez (Obras Públicas); las ex viceministras María Fábrega (Presidencia) y Marta Susana de Varela (Desarrollo Social), y el representante de Lerkshore, Rubén De Ycaza.
Todos tienen medidas cautelares, ya sea de casa por cárcel o de país por cárcel, salvo De Obarrio, quien no está en el país.
