El proyecto de construcción de la carretera Quebrada Ancha - María Chiquita, conocido como Corredor del Caribe y ubicado en la provincia de Colón, ha levantado diversas inquietudes técnicas que indican que vulnera normas de protección ambiental y el propio proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Esta situación será investigada a fondo luego de que la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenara la suspensión provisional de la Resolución No. DEIA-IA-055-2023 del 13 de julio de 2023, que aprobaba el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) categoría II por el Ministerio de Ambiente (Miambiente). Esto fue establecido en el edicto No. 1822 del 17 de junio de 2024.
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La demanda fue interpuesta por la abogada ambientalista Susana Serracín, en representación de Noel Bennet, quien es propietario de una finca ubicada en Colón donde se sitúa la obra. Bennet señala que nunca consintió que el desarrollo del proyecto “Estudio, diseño, construcción y financiamiento de la carretera Quebrada Ancha - María Chiquita,” promovido por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), afectara el terreno de su propiedad. La demanda también se opone a la resolución que aprobó el EIA, argumentando que vulnera el artículo 53 de la Ley 41 de 1998, que promueve la conservación de la biodiversidad en su hábitat original.
El proyecto, de 28.40 kilómetros, ha sido denunciado por grupos ambientalistas como Adopta Bosque Panamá debido a su potencial impacto en la Reserva Natural Sierra Llorona, ubicada en el corregimiento Puerto Pilón de Colón. La obra está dividida en dos tramos: el primero desde Quebrada Ancha hasta Sierra Llorona y el segundo desde Sierra Llorona hasta María Chiquita.
Hay que recordar que este proyecto, de $91,635,204.76, está cerca de la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Chagres y del Parque Nacional Portobelo, que no es un área protegida oficial, pero hay agrupaciones que están conservando este bosque debido a su biodiversidad.
Actualmente, el proyecto reporta un avance del 24.5% desde el tramo María Chiquita hasta Sierra Llorona, que es la primera fase de construcción y cuenta con la aprobación del EIA categoría II, el cual fue suspendido provisionalmente por la CSJ. Actualmente el tramo Quebrada Ancha hasta Sierra Llorona, está en fase de consulta ciudadana para un EIA categoría III.
Incluso en este tramo de María Chiquita ya se observa el camino de tierra abierto por donde pasará la carretera y, para dar paso a esta obra, han impactado varios árboles secundarios.
“De acuerdo a los estudios ambientales, se impactan solo bosques secundarios intermedios y bosques secundarios maduros, sin intervención en bosques primarios ni vírgenes en el recorrido del proyecto”, señaló el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge.
El impacto real abarca 84 hectáreas, según el diseño de ruta establecido en el pliego de condiciones. El proyecto abarca en total 28.40 kilómetros, de los cuales 17 kilómetros coinciden con caminos ya existentes en el área, lo que representa el 60% del recorrido, indica la entidad.
Precisamente, dentro del informe de la Sección Operativa Forestal de la regional, previo a la inspección para otorgar el EIA, se detalló que el alineamiento de la carretera se encontraba en su mayoría compuesto por bosques maduros “donde existen especies por reconocer y de importancia ecológica para Panamá, por lo que se debía considerar un nuevo alineamiento”.
A pesar de que Miambiente conocía la recomendación del cambio de alineamiento del proyecto, y que en el informe técnico correspondiente a la inspección realizada el 14 de marzo de 2023 se verificó la existencia de fincas colindantes en la servidumbre vial de Sierra Llorona hasta Quebrada Ancha, además donde se observó en la reserva un bosque bien conservado en el cual se ubicaron especies de flora recientemente descubiertas, la entidad decidió aprobar el Estudio de Impacto Ambiental II.
En la demanda contenciosa administrativa, la Sala Tercera advierte que “de los cargos de ilegalidad planteados en la demanda, se desprende una lesión clara, incontrovertible y ostensible al ordenamiento jurídico, al momento en que la entidad acusada (Miambiente), en conocimiento de las presuntas vulnerabilidades del EIA categoría II, que hoy se impugna, procedió a aprobarlo, desconociendo las observaciones tanto de los propios técnicos que laboran en la entidad demandada, como de la sociedad organizada”.
Dentro del contenido del acto impugnado, la Sala Tercera señaló que la propia entidad acusada dijo que, a pesar de que la Dirección Regional de Colón de Miambiente remitió sus observaciones sobre el EIA tarde, la entidad aplicó el Decreto Ejecutivo N° 155 del 5 de agosto de 2011, el cual dispone que, en caso de que las Unidades Ambientales Sectoriales, Municipalidades y las Administraciones Regionales no respondan en el tiempo establecido, se asumirá que las mismas no presentan objeción al Estudio de Impacto Ambiental.
Pásalo y comparte. Otra obra que destruye la naturaleza en nombre del desarrollo
— CIAM Panamá (@ciampanama) June 1, 2024
Ahora en Sierra Llorona, Colón. Sitio donde nuestros aliados de @adoptabosque tienen sus reservas para preservar la biodiversidsd. @MOPPma ha decidido construir una carretera que destruye los… pic.twitter.com/4kGufWk6fn
Por lo tanto, Miambiente no tomó en cuenta las observaciones de su propia Dirección Regional al momento de elaborarse el informe técnico que recomendó la aprobación del EIA del proyecto de carretera del Corredor del Caribe, objeto de la demanda.
Frente a este escenario, la Sala Tercera manifestó que “es evidente que el presente proyecto tiene un alcance ambiental, en el cual ha quedado constatado que se ha desconocido la opinión y recomendación técnica de expertos de la propia entidad acusada, como también de organizaciones de la sociedad civil que velan por la protección del medio ambiente y los derechos de la naturaleza; todo lo cual motiva aplicar medidas precautorias, que disminuyan la posibilidad de la ocurrencia de lesiones al medio ambiente”.
En tanto, Serracín señaló que precisamente una de nuestras críticas más fuertes es que el EIA de un proyecto tan grande haya sido fragmentado en dos etapas. “La fragmentación de un proyecto de esta naturaleza, deliberadamente con el ánimo de hacer ver que los impactos son más moderados o mínimos y no visto el proyecto como un todo, como un proyecto integral”. La abogada ambientalista indicó que todo el proyecto debió ser evaluado según un EIA categoría III.
Para el ministro designado de Ambiente, Juan Carlos Navarro, el proyecto de carretera que atraviesa la Sierra Llorona será minuciosamente estudiado. “Lo que hemos pedido que vamos a estudiar minuciosamente es el Estudio de Impacto Ambiental y también estudiaremos los costos”.
Las declaraciones de Navarro se dieron durante la reunión de transición, donde indicó que están en la etapa de conocer la información de Miambiente “como parte de una transición ordenada y transparente”.
En tanto, el departamento legal del MOP informó la institución no forma parte de este proceso que se maneja en la CSJ, ya que le corresponde directamente la demanda a Miambiente. La entidad indicó que una vez Miambiente sea notificado de la suspensión provisional que emitió la CSJ, deberán enviar una nota al MOP informando la situación de la demanda. Segun Miambiente van a esperar que la CSJ emita sus consideraciones o el fallo definitivo.
Por su parte, María Ramos, presidenta de la Cámara de Comercio de Colón, señaló que no está de acuerdo con la suspensión del proyecto del Corredor del Caribe, ya que afectará la proyección y desarrollo de la provincia, especialmente la Costa Arriba.
Ramos indicó que hay inversionistas que ven las playas de Colón como un potencial turístico, pero no se pueden desarrollar proyectos turísticos cuando existe un tranque de Sabanita que afectaría a los visitantes. Ante esta situación es importante que se dé continuidad a la obra.
Mientras que Nelson Jackson, diputado de Colón, dijo sentirse preocupado por la paralización de la obra, ya que este proyecto va en beneficio de las comunidades de Portobelo y Santa Isabel. “Con esta carretera nueva se eliminaría el tranque vehicular que se registra hasta de dos horas en áreas como Sabanitas, Villa Alondra, Pilón, Río Alejandro, donde en estos momentos la carretera es obsoleta”.