Un grupo de 11 exfuncionarios del Segundo Tribunal de Justicia y particulares que fueron condenados a penas de 6 y 4 años de prisión, respectivamente, por el delito de corrupción, tienen 15 días para formalizar un recurso de casación para que se revise su sentencia.
A través del edicto No.156 fijado el pasado 13 de junio, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anunció el término para sustentar el recurso.
En mayo del 2023, el juez segundo liquidador adjunto, Fernando Bazurto, sancionó a 8 exfuncionarios del Segundo Tribunal de Justicia a una pena de 6 años de prisión por el delito de corrupción de servidores públicos, tras comprobarse que recibían dinero a cambio de conceder medidas cautelares, adelantar fechas de juicio e influir en jurados de conciencia que participaban en juicios por el delito de homicidio.
También el juez Bazurto condenó a la pena de 4 años de prisión a 10 personas que habían participado en juicios en los que se comprobó que recibieron dinero para beneficiar a determinado imputado.
En ese caso, otros cinco de los investigados se acogieron a un acuerdo de pena de 40 meses de prisión y otro fue sancionado con 60 meses de cárcel.
La investigación se inició en el año 2015, a raíz de una denuncia interpuesta por el entonces magistrado presidente de la Corte, José Ayú Prado, quien recibió información de que en los juzgados de circuito penal, en el Segundo Tribunal Superior Penal y en la Oficina de Descongestión Judicial supuestamente se cobraban coimas para liberar a personas vinculadas con procesos penales y pagaban sobornos a jurados de conciencia.
Como parte de las investigaciones, la Sala Penal de la CSJ autorizó intervenciones telefónicas por solicitud del Ministerio Público. Se le dio seguimiento a las llamadas telefónicas de los funcionarios judiciales y se recabaron las pruebas.
También se obtuvieron evidencias de que un funcionario encargado de agendar las audiencias presuntamente cobraba dinero a algunos abogados para adelantar o retrasar las fechas de juicios, según fuera la necesidad. El escándalo generado por la investigación obligó a los magistrados del Segundo Tribunal a establecer mayores controles.
