En menos de 10 meses, cuatro casos de alto perfil han sido archivados o concluyeron en fallos absolutorios por parte de los tribunales, todos vinculados a presuntos delitos de corrupción y peculado en perjuicio del Estado.
Las decisiones judiciales coinciden en señalar fallas del Ministerio Público: investigaciones que excedieron el plazo legal, ausencia de solicitudes de prórroga, y auditorías sin conclusiones firmes.
El caso más reciente se resolvió el 28 de marzo de 2025, cuando la jueza primera liquidadora, Águeda Rentería, absolvió a 45 personas, entre ellas varios exministros, acusados de peculado en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN). La Fiscalía Anticorrupción no solicitó prórroga tras vencerse el término de investigación.
Apenas diez días antes, el 18 de marzo, el Tribunal Superior de Liquidación absolvió a 14 personas —cinco de ellas exministros— por supuestas irregularidades en el alquiler de helicópteros mediante el PAN para llegar a áreas de difícil acceso. Los magistrados señalaron que el informe de auditoría era deficiente y no establecía responsabilidad penal alguna. Como antecedente de este caso, en diciembre de 2019 otro tribunal ya había anulado un proceso relacionado con la compra de bolsas de comida también a través del PAN, debido al vencimiento del tiempo de investigación.
El 9 de julio de 2024, tres personas fueron absueltas en el caso sobre la sustracción de bolsas del Plan Panamá Solidario. El tribunal concluyó que la fiscalía no logró probar su responsabilidad.
Un mes antes, el 2 de junio de 2024, el Juzgado Segundo Liquidador absolvió a 28 personas vinculadas al caso Panama Papers y, en la misma resolución, archivó la investigación de Lava Jato por tratarse de los mismos hechos y personas. El tribunal consideró que el Ministerio Público no acreditó la relación entre los imputados y el delito investigado.
El diputado y abogado Ernesto Cedeño considera necesario abrir procesos administrativos contra los fiscales que no cumplen con los plazos procesales.
Por su parte, David Villarreal, exjefe de criminalística de la DIJ, insiste en fortalecer la investigación científica y la formación técnica del personal judicial para evitar fallos por falta de sustento probatorio.
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