Una vez más la falta de pruebas se constituyó en la válvula de escape para que la Corte Suprema de Justicia decidiera archivar una denuncia penal contra un diputado. Esta vez se trató del diputado bocatoreño del Partido Revolucionario Democrático (PRD) Benicio Robinson, denunciado por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
A través del edicto No. 893, fijado el miércoles 13 de agosto en la secretaría de la Corte Suprema de Justicia, se informa a las partes de la decisión asumida por el pleno de esta corporación; estuvo bajo la ponencia del magistrado Carlos Vásquez y contó con la abstención de voto de la magistrada María Cristina Chen Stanziola.
La decisión del pleno de la Corte de archivar la denuncia contra Robinson tiene como fundamento los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal.
El primero de ellos señala que las denuncias o querellas contra un diputado serán interpuestas en la secretaría de la Corte. En tanto, que el artículo 488 plantea que “cuando no existen méritos suficientes para proseguir la causa penal o policiva, así lo hará constar el Pleno en resolución motivada y ordenará su archivo”.
La denuncia contra Robinson fue interpuesta por la exdiputada y excopartidaria Zulay Rodríguez por la presunta comisión de los delitos contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales y en la modalidad de delitos contra el Tesoro Nacional. También la denuncia abarcaba la presunta comisión del delito de peculado, falsificación de documentos y asociación ilícita.
En la denuncia a Robinson se le atribuía el manejo de una empresa denominada Transporte y Edificaciones del Atlántico, que mantiene una concesión desde el año 2013 para el suministro de grava y arena que vende a proyectos que se desarrollan en la provincia de Bocas del Toro y que no declaró sus ganancias.
En su fallo, la Corte también dispuso remitir al Ministerio Público la presunta vinculación de Jaime Robinson Villanueva, Mirza Raquel Gutiérrez de Robinson (hijo y esposa del diputado), Héctor Murillo y Arelys del Carmen González.
En un fallo del pasado 11 de julio la Corte también decidió no investigar al también diputado del PRD, Raúl Pineda, cuyo nombre se mencionó dentro de la denominada operación Jericó, adelantada por la Fiscalía de Drogas.
En esa ocasión la Corte estimó que la información suministrada por el Ministerio Público no aportó una relación precisa y clara de los hechos investigados que sugirieran la posible participación del diputado en la comisión de un delito.
La Corte también planteó que “de la documentación que hemos recibido para nuestro conocimiento, se observa una incipiente investigación con falta de información, lo que nos lleva a concluir que fue remitida con premura y no con el análisis debido que este tipo de gestión procesal conlleva”, señala el fallo. Agrega que, si el Ministerio Público encuentra otros elementos, podría abrirse una investigación contra Pineda.
La operación Jericó, adelantada por la Unidad Sensitiva de la Dirección de Investigación Judicial y la Fiscalía de Drogas, se inició en junio de 2023, sobre la existencia de un grupo criminal integrado por colombianos, mexicanos y panameños, presuntamente dedicados al narcotráfico y al blanqueo de capitales.
