La Corte Suprema de Justicia no admitió una denuncia presentada por el abogado Carlos Muñoz Pope, en representación del ex contralor general de la República, Federico Humbert, por la presunta comisión del delito contra la administración por el manejo de fondos que diputados de la Asamblea Nacional (AN) entregaron a juntas comunales y municipios que supuestamente fueron usados con fines políticos.
Se trata de una denuncia presentada contra el diputado del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena), Francisco Alemán, luego de que el año 2018, la Contraloría hizo una serie de auditorías a las planillas de la Asamblea Nacional y encontró serias irregularidades en contratación de personal y entrega de fondos a juntas comunales y municipios en calidad de donaciones.
Bajo la ponencia del magistrado, Carlos Vásquez, y de manera unánime, los magistrados decidieron no acoger la denuncia presentada por Humbert, utilizando como argumento los artículos 487 y 488 del Código Procesal Penal y la Ley No 55 de septiembre de 2012, que reformó el Código Procesal Penal en la que se establece que entre los requisitos para la admisión de una denuncia contra un diputado es la presentación de prueba idónea del hecho punible denunciado.
Mientras que el artículo 488 del Código Procesal Penal plantea que “el pleno, en caso de admitir la denuncia o la querella, comisionará a uno de sus miembros para que ejerza las funciones de fiscal de la causa y a un magistrado que ejercerá las funciones de Juez de Garantías y que cuando no existen méritos suficientes para proseguir la causa penal o policiva, será rechazada de plano y así lo hará constar el pleno en resolución motivada y ordenará su archivo”.
El hoy ex contralor Federico Humbert presentó en junio del año 2019 denuncias contra 10 diputados de la Asamblea Nacional, entre los que se encontraba Alemán, por el manejo irregular de fondos que fueron enviados a junta comunales y municipios.
Otros diputados denunciados en aquel momento fueron Rubén De León, Athenas Athanasiadis, Felipe Vargas y Leandro Ávila, del Partido Revolucionario Democrático (PRD); y Edwin Zúñiga, Aris De Icaza, Marylín Vallarino, Mario Miller, de Cambio Democrático (CD) y Jorge Alberto Rosas del Partido Panameñista.
Este caso se inició a raíz de investigaciones periodísticas que daban cuenta del despilfarro de dinero público entregado por diputados de aquella época, a juntas comunales y municipios del país. En ese momento, el Ministerio Público (MP) abrió una investigación de oficio, pesquisa que fue suspendida en el año 2015 porque faltaba una auditoría.
Sin embargo, en febrero de 2018, la Contraloría, en aquel momento a cargo de Humbert, entregó 223 cajas numeradas al Ministerio Público, con el resultado de las auditorías, y luego procedió con la presentación de denuncias ante la Corte contra aquellos que en ese entonces mantenían la condición de diputados.
En ese momento, Humbert dijo que la información tenía “el peso y la estructura” necesaria para abrir procesos judiciales en el caso de que existiera un mal manejo de los fondos públicos.
Reveló, además, que las auditorías determinaron que 34 diputados de Cambio Democrático (CD) manejaron $158.8 millones; 7 del Molirena, $36.2 millones, y 10 del Partido Revolucionario Democrático (PRD), $34.7 millones. Además, otros 10 diputados del Partido Panameñista se vieron beneficiados con partidas por $17.1 millones, y un diputado del Partido Popular, que manejó $492 mil.
También enumeró irregularidades detectadas en las auditorías, como facturas falsas y falta de documentos para sustentar millones de dólares en transacciones. Sin embargo, ni las investigaciones del Ministerio Público ni las denuncias presentadas ante la Corte contra los diputados han arrojado hasta el momento una conclusión sobre el manejo de estos fondos. En el caso del MP, en diciembre pasado, la Corte Suprema le concedió un prórroga de un año para culminar las investigaciones.
Las pesquisas han tropezado con una multiplicidad de recursos legales que han mantenido las investigaciones detenidas y sin gran avance . La Corte también envió al MP las denuncias contra algunos diputados que perdieron esa condición tras las elecciones de mayo de 2019.
Antecedentes
No es la primera vez que la Corte salva a un diputado alegando falta de prueba idónea. Por ejemplo, en diciembre de 2019, la Corte, en un fallo bajo la ponencia del entonces magistrado Hernán De León, no admitió la denuncia contra el diputado Zúñiga, presentada el 14 de junio de 2018 por Humbert por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (peculado).
Dijeron que “resulta fundamental aclarar que la exigencia de la prueba idónea a la que se refiere la norma procesal citada, requiere la existencia de elementos de conocimiento que sugieran la comisión de un hecho punible y que guarde relación con la persona denunciada o querellada, pero, ya el Pleno ha expresado que esta prueba idónea no es sinónimo de prueba preconstituida ni de prueba sumaria, sino que la idoneidad del material aportado tiene el propósito que se ofrezcan evidencias o razones que sugieran la posibilidad que se haya cometido un acontecimiento con apariencia de un hecho punible”.
También, en un fallo del 3 de diciembre de 2020, la Corte rechazó una denuncia penal contra los diputados Benicio Robinson, Zulay Rodríguez y Néstor Guardia por la presunta comisión del delito de peculado en perjuicio de Pandeportes.
La acción la había interpuesto el excandidato presidencial Ricardo Lombana, en el año 2018 por el manejo irregular de fondos aportados por Pandeportes a sus partidas circuitales, federaciones y asociaciones deportivas.
La Corte no admitió las denuncias, alegando falta de prueba idónea. Según los magistrados, para que se admitan estas denuncias, deben aportarse datos de identidad del denunciante y de su abogado, domicilio del querellado, así como “una relación precisa, clara y circunstanciada del hecho atribuido, lugar y tiempo de su realización”. Y la prueba idónea, según un fallo de la Corte de 2014, implica proporcionar “un medio adecuado y apropiado para justificar la verdad de los hechos que se señalan como delictivos”.
Durante la presente administración las sospechas sobre el mal manejo de fondos públicos por parte de la Asamblea Nacional tampoco han sido la excepción. Desde julio de 2022, la Fiscalía de Cuentas, dirigida por Waleska Hormechea, solicitó a la Contraloría realizar una auditoría a las planillas de la Asamblea.
La solicitud surgió ante la denuncia que presentó el abogado Ernesto Cedeño, quien exigió que las autoridades realicen una auditoría en la Asamblea para verificar si las personas contratadas ejecutan su labor diariamente. De esta forma –según Cedeño se podría constatar si ha habido o no una lesión patrimonial. No obstante, la Contraloría, dirigida por Gerardo Solís desde enero de 2020, no ha respondido.
