El pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que es inconstitucional un parágrafo transitorio de un artículo de la Ley 314 de 2022, que otorgaba créditos fiscales a las inversiones turísticas que se desarrollen fuera del distrito de Panamá, y constitucional la ley 122 de diciembre de 2019.
La Corte resolvió acumular las dos demandas presentadas en 2022 contra las leyes de incentivos turísticos mediante créditos fiscales. En una sola sentencia, dio la razón a los argumentos de Roberto Ruíz Díaz, sobre el párrafo de la 314, y no hizo lugar al de Arias, quien sostenía que la Asamblea Nacional (AN) no puede expedir leyes que modifiquen el presupuesto sin establecer rentas sustitutivas.
La de Ruíz Díaz refiere al parágrafo que estableció que a las empresas que cuenten con el estudio de impacto ambiental y la autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores para emitir bonos, acciones y otros instrumentos financieros, se les reconocerá como crédito fiscal el 100% del valor total del proyecto declarado ante la Autoridad de Turismo de Panamá (ATP). El trámite al que hace alusión el parágrafo debía iniciarse antes del 30 de julio del año 2022, señala la Ley 314, la cual entró a regir a los 30 días de su promulgación en Gaceta Oficial, el 21 de junio de 2022.
“Concluimos en que el parágrafo demandado crea un trato desigual, ya que establece un beneficio a un grupo de personas que, ejerciendo la misma operación comercial, puedan ostentar un incentivo turístico de 100% mientras el otro sector lo hará por 60%. Esto es contrario a lo previsto en los artículos 19 y 20 de nuestra Constitución Política”, dice el fallo de la Corte, con ponencia del magistrado Olmedo Arrocha, fechado el 22 de marzo de 2023.
Los artículos 19 y 20 de la Constitución se refieren a los principios de igualdad ante la ley y no discriminación.
El abogado Roberto Ruiz Díaz, quien presentó la demanda de inconstitucionalidad, explicó que la Ley 314 estableció que se reconocía el 60% de la inversión el proyecto turístico, pero en esa misma norma se hizo una excepción para que quienes hubiesen metido el estudio de impacto ambiental a tiempo lograran el 100%. “Era casi todo el mundo”, dijo, en relación a la enorme cantidad de proyectos que se beneficiarían.
Su demanda, añadió, era directamente para frenar ese beneficio del 100%, originalmente contenido en otra ley, la número 122 de 2019, que casualmente también fue demanda por inconstitucional por el abogado Ramón Ricardo Arias. “El Estado hubiese perdido por todo lados”, dijo Ruiz Díaz.
Norma aprobada y párrafo que se queria meter con efecto retroactivo. Sin que fuera una Ley de orden publico o interés social. pic.twitter.com/7uWNzcN58Y
— ROBERTO RUIZ DIAZ (@R_RuizDiaz) April 13, 2023
En su fallo, la Corte sostiene, respecto a la demanda presentada por Arias, que la Ley 122 de 2019 no infringió la Constitución.
El procurador Javier Caraballo había enviado su opinión a la Corte, advirtiendo sobre la inconstitucionalidad tanto de la Ley 122 como de la Ley 314. Caraballo había coincidido con el planteo de Arias: “es inconstitucional” porque “la rebaja de la carga impositiva representa un costo para el Estado”. También marcó que “no se siguió el procedimiento constitucional, todo lo cual constituye un vicio de forma que da lugar a la inconstitucionalidad”.
Pero la Corte no piensa igual. La “norma atacada”, dice, regula “incentivos fiscales” y “no hace referencia” a “ingresos públicos”. O sea, sostiene que la ley 122 no afecta ingresos y, por lo tanto, no es inconstitucional.
La Corte no pasó por alto que el Ejecutivo envió un proyecto de ley a la Asamblea para eliminar las leyes 122 y 314, pero el mismo fue ignorado por los diputados, que, en su lugar, aprobaron otro proyecto de ley, el número 888, también sobre incentivos fiscales en la industria turística, que fue vetado por el presidente Laurentino Cortizo.
🔵En la tarde de ayer, el Pleno Legislativo aprobó por insistencia, en tercer debate, el Proyecto de Ley No.888; que modifica la Ley 80 de 2012, sobre incentivos para fomento de la actividad turística. pic.twitter.com/WxIHyyhOOd
— Asamblea Nacional (@asambleapa) February 7, 2023
La Asamblea lo convirtió en ley, por insistencia. Para el pleno de la Corte, lo ocurrido con el proyecto 888 es muy significativo, dado que es al Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), al que le corresponde “proponer, crear, planificar, elaborar las políticas públicas”.
