La Corte Suprema de Justicia mantuvo la decisión de llamar a juicio a los 32 imputados por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales a través del uso de sociedades off shore en el que se vincula a la liquidada firma Mossack Fonseca, en la investigación conocida con Panamá Papers.
A través de un fallo emitido el pasado 11 de mayo y bajo la ponencia de la magistrada, María Cristina Chen Stanziola, el pleno de la Corte decidió no admitir un amparo de garantías constitucionales presentado por los abogados de Jurgen Mossack, Edison Teano, Ernesto González De Gracia y Sandra Naranjo de Cornejo contra el auto mixto No. 02 del 19 de enero de 2022, con el que la jueza Baloisa Marquínez llamó a juicio a los implicados en el caso.
El fallo mantiene la decisión del pasado 23 de enero de 2022 del Primer Tribunal Superior que decidió no admitir el amparo por considerar que no existió una violación de las garantías constitucionales. En el edicto No 626 del pasado 11 de mayo colgado en la Secretaria de la Corte se notifica a la partes de esta decisión.
El juicio por esta causa está previsto para realizarse entre el 13 de noviembre y el 4 de diciembre de 2023, a las 9:00 de la mañana. En principio fue programado para realizarse entre el 6 y el 9 de diciembre de 2022, pero no se realizó debido a que el Tribunal Superior de Liquidación aún estaba gestionando asistencias judiciales a nivel internacional.
La fiscal especializada contra la delincuencia organizada, Isis Soto, planteó que la investigación surgida a raíz de las publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en 2016, tiene dos vertientes: una encaminada a esclarecer la compra de bienes inmuebles en Panamá con supuesto dinero ilícito y otra relacionada a la firma Mossack Fonseca, que habría facilitado la creación de estructuras jurídicas (sociedades anónimas), supuestamente para mover fondos para el pago de sobornos. Entre los 32 investigados figuran los abogados.
La fiscal Soto ha señalado que existen evidencias de las irregularidades cometidas por miembros de la firma de abogados, que usaron a terceros para la creación de las sociedades.
En la audiencia preliminar celebrada en noviembre de 2021 el juzgado rechazó dos incidentes de nulidad presentados por los abogados defensores, por lo que el proceso se mantuvo.
