La Corte Suprema de Justicia no admitió un recurso presentado por el fiscal anticorrupción Edwin Guardia, contra la decisión del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales de declarar la nulidad del proceso seguido a 17 personas, por la presunta comisión del delito peculado en perjuicio del Programa de Ayuda Nacional (PAN), a través de la compra de mochilas escolares.
En un fallo con fecha del pasado 23 de mayo y bajo la ponencia del magistrado Cecilio Cedalise, la Corte decidió no admitir el amparo de garantías presentado por el fiscal Guardia, tras considerar que el pleno no es una instancia revisora ni es una tercera instancia para resolver asuntos de fondo dentro de un proceso. Tampoco es un medio impugnativo para determinar si la autoridad demandada (en este caso, el Tribunal Superior de Liquidación) interpretó de forma correcta la ley.
Previamente, el 13 de febrero del 2023, el Tribunal Superior de Liquidación revocó la decisión del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, que se había negado a acoger un recurso que pedía la nulidad del caso.
La fiscalía había solicitado el llamamiento a juicio 17 personas, entre las que se encontraban la exministra de Educación, Lucy Molinar; el comerciante Mario Martinelli Berrocal; el exdirector del PAN, Giácomo Tamburelli, y el exfuncionario del PAN, Abraham Williams.
La lista de investigados la completan Julissa Stanziola, Berta Roldán, Roberto Brin, Roberto Luzcando, Jaime Ruíz, Franklin Araúz, Carlos Araúz, René Guardia, Pablo Obregón, Janeth Araúz, Poullet Morales, Daniel Ruiz Obregón y Eliécer Tuñón.
Fuentes del Ministerio Público confirmaron que el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales utilizó como argumento para declarar la nulidad del proceso un fallo del Tribunal de Cuentas en que se determinó que no existió una lesión patrimonial en perjuicio de los fondos del Estado.
Por su parte, Franklin Amaya, abogado de Poullet Morales, aseguró que con la decisión de la Corte queda cerrado el caso de las mochilas.
La investigación se inició el 5 de septiembre del 2014, a raíz de un reportaje televisivo donde se reportaban irregularidades en la adquisición de mochilas escolares por un monto de $12 millones.
