La Corte Suprema de Justicia no admitió un amparo de garantías constitucionales presentado por Norberto Odebrecht contra la decisión del Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas (TACP) de negar un incidente por falta de competencia, dentro del conflicto que mantiene la constructora con el Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A. (Aitsa).
La Corte, bajo ponencia de la magistrada Ariadne Maribel García, sostiene que el amparo no plantea de manera clara y evidente cuál es la garantía constitucional que vulneró el TACP, en perjuicio de Odebrecht.
Además, señala que lo que se intenta es que la Corte interprete una cláusula contractual suscrita entre el aeropuerto y la constructora, que mantiene un litigio después que Aitsa rescindiera el contrato de construcción de la terminal 2 del aeropuerto, obra adjudicada a Odebrecht.
El amparo fue presentado por la firma de abogados Britton & Iglesias, en representación de Odebrecht, quienes sostienen que el contrato contempla una cláusula de resolución de controversia para la solución de cualquier disputa entre las partes, correspondiente a la jurisdicción arbitral.
Otro de los argumentos expresados por Odebrecht tiene relación con una resolución expedida por el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas el 26 de septiembre del 2022, que desconoce la sumisión a arbitraje acordada, respecto del contrato suscrito.
El amparo fue presentado por Odebrecht luego que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas negó un incidente de nulidad por falta de competencia.
Odebrecht alega que el TACP no es competente para analizar el tema, ya que se pactó con Aitsa que cualquier controversia se llevaría ante un tribunal arbitral, argumento que ya fue desmentido por Tocumen.
Odebrecht se adjudicó el contrato para la construcción de una segunda terminal de 116 mil metros cuadrados, en el aeropuerto de Tocumen, por $679 millones. Sin embargo, el costo se elevó hasta los $917 millones.
Tocumen rescindió el contrato a Odebrecht alegando incumplimientos. La medida adoptada implica que la empresa brasileña no puede participar en licitaciones públicas Panamá para la ejecución de obras de infraestructura civil y proyectos estatales.
Además, la empresa debe pagar al Estado panameño $220 millones en concepto de multa derivados del acuerdo de pena por delitos de peculado y blanqueo de capitales, después de confesar que pagó sobornos a funcionarios y políticos panameños, precisamente para garantizar que se le adjudicaran contratos con el Estado. Esta semana hubo una audiencia de garantías, dado que Odebrecht no ha honrado los pagos anuales correspondientes a esta multa.
