Corte rechaza amparo que buscaba incluir prueba en caso Blue Apple

Corte rechaza amparo que buscaba incluir  prueba en caso Blue Apple
La Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías a favor de Luir Enrique Martinelli Linares en el caso Blue Apple. En este caso el Ministerio Público se opuso al recurso presentado por la defensa.


La Corte Suprema de Justicia rechazó un amparo de garantías constitucionales presentado por la defensa de Luis Enrique Martinelli Linares, dentro del proceso por presunto blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple.

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El fallo, con fecha del pasado 28 de junio del 2023, confirmó una decisión del Primer Tribunal de Justicia que no admitió una prueba contable de la empresa Corporación Energía del Istmo, que sería usada por la defensa de Martinelli en el caso Blue Apple.

La decisión del pleno de la Corte, bajo la ponencia del magistrado Juan Francisco Castillo (suplente de María Eugenia López), resuelve un recurso presentado por la defensa de Martinelli Linares, que buscaba que dicha prueba fuera admitida para el juicio previsto para el próximo 22 de agosto.

Según la fiscalía la Corporación de Energía del Istmo, sociedad hidroeléctrica a la que se adjudicó un contrato para la construcción de una planta generadora en San Bartolo, en Veraguas, presuntamente ligada a los hermanos Martinelli Linares, aparece en la vista fiscal como parte del movimiento de dinero generado por el cobro de coimas de los contratos que tenían como destino la sociedad canasta Blue Apple.

El juicio Blue Apple contra 27 personas a las que se les imputa la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales, corrupción de funcionario y peculado, estaba previsto para el pasado 10 de abril, pero dos abogados presentaron excusas, por lo que la juez segunda liquidadora de causa penales, Baloisa Marquínez, dispuso llevarlo a cabo en la fecha alterna.

Esta investigación, que consta de 352 tomos, se inició el 30 de octubre de 2017 y tiene relación con una presunta red de corrupción integrada por funcionarios, empresarios y abogados, que supuestamente solicitaban comisiones a contratistas para la adjudicación de licitaciones con el Estado.


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