El Órgano Judicial concluyó la quinta y última fase para la escogencia de los tres magistrados principales, un cargo de magistrado investigador y uno de defensor del Tribunal de Integridad y Transparencia.
Las entrevistas a los aspirantes concluyeron el pasado martes 27 de diciembre y fueron efectuadas por los integrantes del pleno de la Corte Suprema de Justicia, entre los que se encontraban José Ayú Prado, a quien se le venció el término como magistrado de la Corte el pasado 31 de diciembre y un miembro de la sociedad civil, que en esta ocasión correspondió al profesor Rafael Candanedo. Se les interrogó sobre cinco ejes temáticos previamente seleccionados: personalidad, asuntos personales, motivación, aspectos de formación y experiencia laboral.
Entre los aspirantes a magistrados del Tribunal de Integridad y Transparencia y de magistrado investigador estuvieron Anadina Quirós Tejeira, Andrés Reyes Díaz, Damaris Espinosa González, José Luis Alfaro De León, Solange Le Ferrec Maleck, Aida Véliz Castillo, Geovanina Sanjur De León, Lorena Hernández Valdés y Luzmila Jaramillo Fuentes
Mientras que como entre los aspirantes al cargo de defensor del Tribunal de Integridad y Transparencia participaron Diana Yelina Ureña Delgado, Jacob Alonso Orribarra, Dania Damaris Díaz Sánchez y Alberto Hassim González Herrera.
La selección de los candidatos será ponderada con base al 100%. El 75% de la evaluación proviene de la unidad nominadora (pleno de la Corte) y el 25% restante de la sociedad civil. Las entrevistas se llevaron a cabo de conformidad con la Ley 53 del 27 de agosto de 2015, que regula la carrera judicial.
El concurso se hace con el propósito de seleccionar a tres magistrados y seis suplentes del Tribunal Especial de Integridad y Transparencia, que tiene la función de investigar y sancionar a los funcionarios judiciales que incurran en faltas graves.
También se convocó a los interesados para una plaza como magistrado investigador de la Unidad Especial de Investigación de Integridad y Transparencia. Los magistrados de estas instancias, tanto titulares como suplentes, tendrán un salario mensual de $3 mil 500 y gastos de representación por $3 mil 500.
Los aspirantes debían cumplir con los siguientes requisitos: haber cumplido los 45 años de edad, no haber sido condenado por la comisión de un delito doloso, no haber sido sancionado por proceso disciplinario o falta a la ética. Además, deben pertenecer a la carrera judicial, contar con 10 años o más de ejercicio en la judicatura o magistratura, entre otros.
También debieron someterse a cursos de formación en el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá Dr. César Augusto Quintero para actualizar y reforzar los conocimientos en temas relacionados con la Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia y pasantías para que aplicaran los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación en el entorno laboral correspondiente al cargo.
Objetividad y formación ética
Durante el desarrollo de las entrevistas los aspirantes recalcaron que uno de los aspectos más importantes para ocupar el cargo de magistrado del Tribunal de Integridad y Transparencia es el de manejar los procesos con objetividad y tener una formación ética.
En ese sentido, Anadina Quirós Tejeira, quien se desempeña como juez, alegó que es necesario asumir el compromiso de administrar justicia de manera imparcial, demostrar personalidad e independencia en el manejo de los procesos. También abogó por la oralidad de estos procesos para lograr una mayor celeridad en el manejo de las causas.
En tanto, Andrés Reyes Díaz, quien es magistrado de Tribunal Superior, recalcó que es necesario que los jueces fallen en el mismo acto de audiencia, tras escuchar y verificar las evidencias aportadas por la partes, para evitar la acumulación de los procesos.
Reyes Díaz también propugnó por la flexibilización de los horarios para la atención del público que usa los servicios de administración de justicia para acelerar los procesos.
Por su parte, la juez seccional de familia en la provincia de Chiriquí, Damaris Espino, dijo que la firmeza de carácter y la formación de los magistrados en aspectos éticos es de capital importancia para el manejo de los casos en esta esfera judicial.
La Ley de carrera judicial, que incluye la instalación del Tribunal de Integridad y Transparencia, se aprobó en el año 2015, pero su implementación se ha retrasado por la falta de recursos económicos.
Sin embargo, el presupuesto del Órgano Judicial asciende a un monto de $330.2 millones, el más alto en su historia, con el que podrá concluir el proceso de implementación de la carrera judicial, que incluye someter a concurso todas las posiciones de jueces, magistrados de tribunales superiores, defensores públicos y administrativos que forman parte del engranaje judicial.
Este martes 3 de enero la CSJ, presidida por María Eugenia López Arias, incorporará a un nuevo miembro del pleno: la magistrada Ariadne García, quien reemplaza a Ayú Prado en la Sala Penal.
