Por segunda ocasión, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso que buscaba derogar varios artículos de la Ley 40 de 3 noviembre de 2023, que prohíbe la minería metálica a cielo abierto.
Se trata de una advertencia de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2, 3, y 4 de la Ley No. 407 del 3 de noviembre del 2023, que fuera presentada por Rafael Morales, en representación de Minera Santeña, empresa que mantiene varias concesiones para la explotación de oro y plata en diversos puntos del país.
La advertencia pretendía que la Corte declare inconstitucional los cuatro artículos antes mencionados,alegando que violan la Constitución.
Sin embargo, el pleno de la Corte −bajo la ponencia de la magistrada María Cristina Chen Stanziola− precisa que en este caso el demandante no ha señalado de manera clara y razonada el concepto de infracción constitucional.
El fallo precisa que en la demanda solo se realiza una serie de consideraciones subjetivas y se limita a realizar una transcripción de la norma, pero sin exponer un concepto de infracción.
También explica que en los argumentos presentados en la demanda no permite al tribunal constitucional colegir ni identificar con claridad cómo se surte el choque de los artículos 1, 2, 3, 4 contra la Constitución.
El fallo plantea que la demanda debía sustentar el choque proveniente del contenido de la Ley 407 y la Constitución, pero que no se presentaron alegatos claros sobre esa situación.
En marzo pasado la Corte rechazó una primera demanda de inconstitucionalidad también interpuesta por Minera Santeña contra la Ley 407, en esa ocasión la Corte no admitió el recurso alegando el incumplimiento de elementos de forma para la admisión.
Según la página web del Ministerio de Comercio e Industrias, desde el año 2022, Minera Santeña mantiene varias solicitudes para realizar exploraciones mineras en poblaciones como Bahía Honda, Veraguas; en Guararé, El Carate y El Pedregoso en la provincia de Los Santos, entre otras.
La prohibición de la explotación de minería metálica a cielo abierto se produjo luego de una serie de protestas de organizaciones de la sociedad civil y grupos ambientalistas, quienes alegaban que la explotación de minas de origen metálico ocasiona graves perjuicios al medio ambiente, contamina el agua y el aire de las poblaciones circundantes.
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