La segunda reelección consecutiva de Etelvina Medianero de Bonagas como rectora de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) en abril de 2023 pudo haberse evitado si el entonces presidente de la República, Laurentino Cortizo, hubiese objetado algunos artículos del proyecto de Ley 756 de 2022.
Esta conclusión se desprende de una respuesta del procurador de la Administración, Rigoberto González, ante una consulta presentada el 1 de marzo de 2022 por el entonces jefe de la oficina de Asuntos Jurídicos del Ministerio de la Presidencia, Nelson Rojas.
En esa ocasión, Rojas preguntó a González si el proyecto de Ley 756, que modificó la Ley 4 de 2006 y reorganizó la Unachi, podía ser objetado por inexequible o inconveniente. El procurador González respondió que, aunque el proyecto de Ley 756 de 2022, que introducía una reforma permitiendo nuevamente la reelección de Etelvina de Bonagas, no era inexequible, lo prudente hubiera sido objetar el artículo 1 del proyecto por inconveniente.
Esto habría permitido a los diputados de la Asamblea Nacional (AN) modificar el artículo de tal manera que la reelección inmediata no fuese aplicable a quien ocupaba ese cargo en ese momento.
Para González, lo correcto en ese contexto, considerando el conflicto que atravesaba la Unachi, era evitar una segunda reelección inmediata de Etelvina de Bonagas, ya que la anterior Ley 4 de 2006 prohibía la reelección por dos períodos consecutivos.
La reelección de Etelvina de Bonagas generó numerosas críticas por parte de la sociedad civil y gremios educativos, quienes señalaron la necesidad de reformar la ley de la Unachi. Estos conflictos también se han extendido a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, donde diputados de la Coalición Vamos han cuestionado los nombramientos de familiares cercanos a la rectora y el manejo de los fondos asignados a la universidad.
El pasado 2 de octubre, el pleno de la AN aprobó la creación de una comisión investigadora para examinar el manejo, administración y uso de los recursos por parte de la rectora. La comisión tendrá un plazo de 30 días para presentar un informe al pleno sobre los resultados de su investigación, con la posibilidad de una prórroga de 30 días adicionales si no cumple con el plazo inicial.
El procurador González respaldó la creación de esta comisión, luego de que el diputado Augusto Palacios, del circuito 4-1, le consultara sobre su alcance. González sostuvo que la comisión está legitimada para actuar, siempre que respete las competencias constitucionales de la AN y otros órganos del Estado. Asimismo, precisó que la autonomía de la Unachi no limita las facultades de investigación de la comisión, siempre que sus actuaciones se ajusten a la Constitución y a la ley.
