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Crimen organizado usa a Panamá como epicentro del contrabando de cigarrillos

Los reportes de Aduanas dan cuenta que entre 2019 y junio de 2023 se atendieron 987 casos de contrabando de cigarrillos, lo que representa un valor de $32.5 millones.

Crimen organizado usa a Panamá como epicentro del contrabando de cigarrillos
En 2023 se han reportado 94 casos de cigarrillos retenidos a nivel nacional. Archivo

Panamá es uno de los epicentros del contrabando de cigarrillos, no solo para consumo a lo interno del país, sino también para otros países de América Latina. La Autoridad Nacional de Aduanas y organizaciones empresariales regionales están en alerta.

El pasado mes de julio, la Asociación de Industriales Latinoamericanos solicitó a Panamá fortalecer las medidas de prevención, persecución y sanción contra el contrabando de cigarrillos que se viene reportando durante los últimos años.

Esta organización, que aglutina a los industriales de América Latina, calcula que un 50% de los cigarrillos ilegales que se comercializan en países de esta región son distribuidos desde Panamá.

¿Qué está sucediendo?

Durante los últimos años, el contrabando de este producto ha aumentado en el país. De hecho, en 2019, la Autoridad de Aduanas atendió 93 casos de contrabando de cigarrillos, cuyo valor CIF (carga, seguro y flete) era de $6.5 millones, mientras que en 2022, los casos se triplicaron, ya que fueron 336 diligencias en todo el país por un valor de $10.3 millones.

En 2023, hasta junio, esa entidad reporta 94 casos de cigarrillos retenidos a nivel nacional, con un valor CIF de $5 millones. De ese total, unos cinco casos fueron remitidos al Ministerio Público, por la elevada cantidad de producto.

Los reportes de Aduanas dan cuenta que entre 2019 y junio de 2023 se atendieron 987 casos de cigarrillos de contrabando, lo que representa un valor de $32.5 millones. Eso implicó el decomiso de más de 23 millones de cajetillas de este producto.

La estrategia

Frente a este escenario, Tayra Barsallo, directora de la Autoridad Nacional de Aduanas, informó que en esta administración han remitido alrededor de 25 casos al Ministerio Público, para que procedan con la respectiva investigación.

En palabras de Barsallo comenzaron con la implementación del proyecto denominado Escudo Invisible, el cual implica la puesta en marcha de 16 escáneres que permiten verificar la carga y la trazabilidad del producto.

“También estamos intercambiando información con países de Centroamérica y de Suramérica. En este último caso nos comunicamos con autoridades de Colombia y Ecuador”, dijo.

En el caso de los escáneres, especificó que los instalaron en las entradas y salidas de áreas como la Zona Libre de Colón, los principales puertos, así como en Divisa de Herrera, Paso Canoas y Guabalá, estos dos últimos lugares en Chiriquí.

Sobre los cuestionamientos contra Panamá, la funcionaria indicó que respetan los señalamientos, pero agregó que mucho antes vienen haciendo frente a la dinámica del contrabando en el país.

“Somos un centro logístico y país de tránsito. El crimen organizado, así como usa Panamá para el trasiego de sustancias ilícitas, también usa nuestro país para el contrabando de productos como el cigarrillo, armas y vida silvestre”, añadió.

Grandes casos de este año

El pasado 4 de marzo, se reportó un decomiso, en el puesto de control de Guabalá, en Chiriquí. Ahí había 1,081 pacas de cigarrillos de diversas marcas con un valor CIF (carga, seguro y flete) de $810 mil 750, según dio a conocer la Dirección de Prevención y Fiscalización Aduanera de la Zona Occidental de Chiriquí.

Los cigarrillos de presunto contrabando eran transportados en un articulado que llevaba 255 bultos de mercancía variada, la cual en su mayoría no estaba registrada en la documentación presentada por el conductor de nacionalidad panameña.

Mientras que el 8 de marzo, mediante asistencia internacional entre las aduanas de Panamá y Colombia, se logró la retención en alta mar de una embarcación con destino a Aruba que transportaba 1.4 millones de cajetillas de cigarrillos de presunto contrabando, valoradas en $1.3 millones.

Según la información suministrada por Aduanas, en este hecho, donde se aprehendió a ocho personas de nacionalidad colombiana, se contó con apoyo de la Armada, la Fiscalía General y la Dirección de Impuestos de Aduanas de Colombia, quienes emitieron sus alertas al recibir información de un traslado de mercancía.

La embarcación salió de la provincia de Colón y llevaba como supuesto destino Aruba; no obstante, tras un análisis de la documentación y facturas comerciales se constató que llegarían a Cúcuta, Colombia, por lo que se procedió a hacer las coordinaciones internacionales.



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