En sus primeros meses de gestión, el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez, deberá encaminar una serie de investigaciones de alto perfil vinculadas a corrupción y crimen organizado.
La mayoría son denuncias relacionadas con hechos ocurridos durante la administración del perredista Laurentino Cortizo (2019-2024). Entre las causas más sonadas está la denuncia presentada el 14 de julio de 2024 por directivos de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá contra quienes resulten responsables por la posible comisión de delitos contra la administración pública en relación con los auxilios económicos entregados por el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), presuntamente con criterio político.
Al presentar la denuncia, Juan Alberto Arias, presidente del gremio, declaró que tanto los funcionarios del Ifarhu como los de la Contraloría, o cualquier otro funcionario involucrado, así como los beneficiarios de las ayudas, deberán enfrentar “todo el peso de la ley”.
El pasado 12 de diciembre, un juzgado de garantías suspendió la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector del Ifarhu, Bernardo Nando Meneses, tras un amparo de garantías constitucionales presentado por el Ministerio Público (MP).
No es la única investigación sobre el tema. Las autoridades del Ifarhu han presentado al menos cinco denuncias por supuestas irregularidades en la distribución de las becas.
Los equilibrios contractuales
El Ministerio Público también adelanta investigaciones sobre presuntas anomalías en los equilibrios contractuales gestionados por la abogada Odila Castillo, exfuncionaria de la Contraloría General de la República.
En el MP reposan al menos cuatro carpetillas relacionadas con este caso. Una investigación de La Prensa reveló que Castillo extorsionaba a empresarios solicitándoles un porcentaje a cambio de gestionar contratos con el gobierno y garantizar la aprobación y emisión de pagos por parte de distintas entidades estatales.
En junio pasado, el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos envió una nota al exprocurador Javier Caraballo, informando:
“Por este medio le informo que el FBI ha identificado un posible caso de corrupción pública. De acuerdo con información obtenida mediante fuentes humanas y abiertas, la licenciada Castillo, de [la firma] Castillo, Guardia & Asociados, extorsiona a empresarios solicitándoles un porcentaje a cambio de gestionar contratos con el gobierno y garantizar la aprobación y emisión de pagos por parte de distintas agencias del gobierno”.
La nota del FBI llegó a través de la Embajada de Estados Unidos en Panamá.
El caso Odebrecht
El procurador Gómez, quien fue abogado del presidente José Raúl Mulino, también deberá atender las incidencias del juicio a 25 personas vinculadas al caso Odebrecht. Entre los investigados por la supuesta comisión de blanqueo de capitales se encuentran los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.
El juicio se llevará a cabo del 20 de enero al 28 de febrero en la Sala de Audiencias del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
El escándalo de las tierras en Colón
El Ministerio Público también investiga las supuestas irregularidades en el alquiler de tierras estatales en Colón, relacionadas con la concesión para la explotación comercial del aeropuerto de ese distrito.
El caso incluye auditorías sobre más de un millón de metros cuadrados de terrenos en el sector de Coco Solo.
Gobiernos locales
Las Fiscalías Anticorrupción mantienen abiertas 19 carpetillas relacionadas con municipios y juntas comunales, de las cuales 8 son investigaciones de oficio en Panamá, Colón y Los Santos.
La descentralización paralela
La Autoridad Nacional de Descentralización ha presentado al menos 54 denuncias penales por el escándalo de la descentralización paralela. Se trata de millonarios fondos entregados en el pasado gobierno a juntas comunales y municipios controlados por políticos del Partido Revolucionario Democrático, colectivo que controló el poder entre 2019-2024.
Las denuncias fueron presentadas luego de que se venciera el plazo dado a las juntas comunales para que entregaran los informes relacionados con el uso de los millones asignados.
Las perforadoras
Otra investigación que la Fiscalía Anticorrupción tiene en curso es la relacionada con la compra irregular de perforadoras de pozos por parte del Ministerio de Salud.
El propio presidente Mulino instruyó al ministro de salud Fernando Boyd Galindo para que presentara la denuncia.
En este caso, la fiscalía ya practicó unas diligencias de inspección ocular en busca de evidencias.
Muertos pero cobraban
El Ministerio de Educación también presentó 14 denuncias relacionadas con el cobro indebido de salarios a nombre de educadores fallecidos, que aún figuraban como activos en las planillas.
Martinellis falsos
Además, el Ministerio Público investiga a una red criminal dedicada a la falsificación de monedas de un Balboa conocidas como ‘martinellis’. Por este caso se ordenó la detención de ocho personas en calidad de cómplices y está tras la pista de los autores intelectuales.
Hasta ahora, las autoridades han recuperado cerca de medio millón de monedas falsificadas en operativos realizados en diversos puntos del país.
Las vigas
A su vez, se encuentra también en fase de investigación la sustracción de 600 vigas de un patio del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en Veracruz. Se descubrió que las vigas fueron vendidas a empresas recicladoras. Hasta el momento, están imputadas siete personas, a seis de las cuales se les aplicó la medida cautelar de detención preventiva.
Drogas a través de puertos
Mientras que también se adelantan investigaciones contra grupos del crimen organizado dedicadas a la introducción de drogas dentro de contenedores en tránsito por los puertos de la costa del Pacífico y el Atlántico.
De acuerdo con las investigaciones, la redes del crimen organizado contratan pandillas locales para contaminar contenedores con drogas que llevan rumbo a Europa y Estados Unidos.
Operación Jericó
La Fiscalía de Drogas del Ministerio Público también puso en marcha la operación Jericó, maniobra que destapó una red criminal dedicada al tráfico de drogas y blanqueo de capitales. Con 24 eventos documentados en 40 tomos, la investigación incluye 1,666 interceptaciones telefónicas y 153 diligencias de vigilancia. Un equipo de la DIJ transcribió las escuchas y relacionó a 34 miembros de la red.
Entre los implicados se encuentra Abraham Rico Pineda, hijo del diputado Raúl Pineda, vinculado al lavado de dinero a través de la empresa Servicios Múltiples Rama S.A, que tenía contratos con entidades públicas.
En el 2024 las autoridades decomisaron más de 115 toneladas de drogas, en su mayoría ubicadas en embarcaciones procedentes de Colombia y dentro de contenedores.
