Por primera vez en nuestra vida republicana, los hijos de un expresidente panameño son culpables, ante la justicia estadounidense, de delitos asociados al blanqueo de capitales. Y como muchas páginas de nuestra historia, esta deja tras de sí una nada despreciable estela internacional: causas penales en Panamá, autoexilio en Estados Unidos, caravana migratoria por Centroamérica, captura en Guatemala, extradición y cárcel en Brooklyn.
Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, de 42 y 40 años de edad, respectivamente, conocerán mañana en Nueva York, a las 4:00 p.m. (3:00 p.m. hora de Panamá), la sentencia que les corresponde luego de haberse declarado culpables, en diciembre de 2021, de conspirar para lavar $28 millones en coimas de Odebrecht, utilizando el sistema financiero estadounidense, para beneficio de un “alto funcionario panameño”, que, además, es “familiar cercano” de ambos. Todavía no ha sido revelada oficialmente la identidad del familiar.
Los fiscales del Distrito Este de Nueva York han dicho, además, que los acusados recibieron otros $30 millones (pero en euros) en coimas adicionales, en bancos en otras jurisdicciones. Pero los delitos se consumaron en Panamá.
Ricardo Alberto (Rica) y Luis Enrique estrenaron el mandato presidencial del padre con acercamientos a Odebrecht, incluso antes de que Ricardo Martinelli Berrocal tomara posesión, el 1 de julio de 2009. Lo terminaron, cinco años después, en el más absoluto ostracismo, acechados por dos investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, por presunto blanqueo de capitales: Odebrecht y Blue Apple. Los dos procesos involucran a los contratistas más poderosos del periodo 2009-2014. Los acusados nunca comparecieron personalmente; dejaron a sus abogados y se fueron. Es irónico que ese país extranjero en el que inicialmente buscaron refugio, es aquel en el que han terminado investigados, extraditados, procesados y —a partir de mañana— condenados.
Miami
Los registros migratorios muestran que Luis Enrique no está en Panamá desde el 16 de octubre de 2015. Se desconoce cuándo salió Ricardo Alberto, aunque en el Ministerio Público contaron en su momento que fue “mucho antes” que su hermano, probablemente en marzo de ese año.
Se supo poco de las idas y venidas de los hermanos dentro de Estados Unidos, pero Luis Enrique se estableció con su familia en el piso 47 del Icon Tower, en Brickell Avenue, Miami, adquirido a través de una sociedad, en el año 2015, por $1.39 millones. Según la fiscalía de Nueva York, este apartamento se compró con plata de Odebrecht. Su hermano, en tanto, figuraba como residente de un complejo de apartamentos de alquiler de lujo en Freemont Street, San Francisco.
Mientras estuvieron en Estados Unidos, jamás se les vio acompañando al padre en las audiencias que celebraron los jueces Edwin Torres y Marcia Cook, en Miami, entre junio de 2017 y febrero de 2018, para decidir la extradición del exgobernante, lo que finalmente ocurrió el 11 de junio de 2018. En el ínterin —el 14 de mayo de 2018, para ser exactos—, la Cancillería panameña formalizó la solicitud de extradición de los hijos, por los casos Odebrecht y Blue Apple. Rica tenía, además, un tercer caso: el de la concesión del bingo televisado Buko Millonario.
Tenían una existencia relativamente plácida. Hasta que el 20 de noviembre de 2018 fueron sorprendidos por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) del Departamento de Seguridad Nacional estadounidenses, cuando se disponían a abordar el yate White Shark. Fueron enviados a Krome, un centro de detenciones para migrantes que queda por los Everglades, al oeste de Miami. Según el ICE, la visa de ambos fue revocada en 2017 y, desde entonces, permanecían ilegalmente en el país.
Salieron de Krome a los 15 días, después de abonar una fianza de $1 millón, cada uno. A partir de entonces, no se supo nada de ellos. Aunque la solicitud de extradición estaba vigente, no fueron entregados a Panamá y permanecieron en Estados Unidos. Ahora se sabe que estaban en conversaciones con el FBI y el Departamento de Justicia estadounidense. Los acusados incluso se reunieron con agentes, en varias ocasiones y en persona. Sus abogados llegaron a negociar los términos de un acuerdo de colaboración, los cuales fueron plasmados en un borrador. La fiscalía de Nueva York dice ahora que todo era una “fachada” y que los hermanos nunca tuvieron intención de colaborar.
El 25 de junio de 2020, les perdieron el rastro. Se supo que salieron en un yate rumbo a las Bahamas. Con ellos iban la esposa y las dos hijas menores de edad de Luis Enrique.
En los tres días anteriores, sucedieron una serie de eventos que indicaban con claridad que los hermanos tenían la intención de regresar a Panamá.
El 22 de junio, Luis Enrique consignó dos fianzas para evitar su detención por los casos Odebrecht y Blue Apple. El 23, su abogado Luis Eduardo Camacho González solicitó permiso a Cancillería para que su defendido, su esposa y sus hijas ingresaran al país en un vuelo humanitario. Camacho González no informó nada respecto a Rica. El 24, en la noche, la entonces ministra de Salud Rosario Turner —quien tenía que dar el aval para el referido vuelo— fue separada del cargo, sin previo aviso, por el presidente Laurentino Cortizo. Antes, habían renovado sus pasaportes en el Consulado de Miami, a través de un trámite en línea, sin que nadie se inmutara. También tenían salvoconductos validados por el Ministerio de Comercio e Industrias (Mici) para circular por el país, pese a las restricciones sanitarias vigentes en aquel momento por la pandemia de la covid-19.
El 27 de junio de 2020 entró el indictment —entonces sellado— al despacho del juez Raymond J. Dearie, el mismo que ha dirimido casi todos los casos de Odebrecht en Estados Unidos.
Guatemala
Recalar en Guatemala no estaba en el plan original.
La intención era volar directo de Nassau a Panamá. Pero en el último momento, no se permitió el aterrizaje del avión privado. Abordo venía Rica, aunque los permisos tramitados eran para Luis Enrique, la esposa y dos niñas. El avión sobrevoló la ciudad, hasta que se desvió a Costa Rica para abastecerse de combustible. Los pasajeros fueron obligados a permanecer dentro de la nave. Con el tanque lleno, el avión se dirigió a El Salvador, a instancias de Damián Merlo, un lobista estadounidense nacido en España, aunque de origen argentino. Merlo es asesor del presidente salvadoreño Nayib Bukele, quien aceptó recibir a los Martinelli Linares y hasta envió una comitiva para que los escoltara a un hotel.
Supuestamente llegaron a El Salvador el 29 de junio. La estancia fue corta: ahí solo duraron un día. Sucedió que un diplomático estadounidense le escribió a Bukele y acto seguido, Merlo les instó a salir del país. Luis y Rica solicitaron un transporte a través de la aplicación Uber, y se dirigieron a la frontera terrestre con Guatemala. Ahí lograron burlar las restricciones por la pandemia e ingresar, utilizando credenciales “inválidas” del Parlacen.
Posteriormente, las autoridades guatemaltecas informaron que los Martinelli Linares eran objeto de un “trabajo de vigilancia y seguimiento” desde el 30 de junio de 2020. El 6 de julio de ese año falló el segundo intento por llegar a Panamá: fueron capturados en el aeropuerto La Aurora, cuando se disponían a abordar el avión privado de la familia. La esposa y las hijas se habían quedado en El Salvador.
En Guatemala fueron enviados a la prisión militar Mariscal Zavala. Pero no estuvieron encerrados en una celda “tradicional”, sino que los acomodaron en un apartamento privado dentro del penal, el cual decoraron con la ayuda de una diseñadora que viajó desde Miami, con muebles de la tienda Ikea. Este decorador ya conocía sus gustos, porque había arreglado el apartamento en el Icon Tower y la mansión que el “familiar cercano” tenía en Miami.
En ese apartamento estuvieron cerca de un año; luego fueron enviados a un área de mayor seguridad, después que se filtrara un presunto plan de fuga.
Mientras estuvieron en Mariscal Zavala presentaron toda clase de recursos y apelaciones para evitar la extradición. En todo momento, reclamaron su excarcelación, alegando violaciones a su supuesta inmunidad diplomática. La junta directiva del Parlacen luego reconoció que, aunque elegidos como diputados suplentes en mayo de 2019, nunca habían tomado posesión; por tanto, no podían reclamar las prerrogativas inherentes al cargo. Hubo un intento por hacer una ceremonia de juramentación en Mariscal Zavala, hasta que se enteró Michael Kozak, subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, y advirtió que un acto semejante “promovería la impunidad en la región”.
“A individuos dentro del Parlacen les gustaría usar la membresía como un escudo para bloquear la extradición a Estados Unidos de criminales imputados”, escribió Kozak el 28 de julio de 2020, en su cuenta en Twitter.
Finalmente, Luis Enrique fue extraditado el 15 de noviembre de 2021. Cuando Rica entendió que se quedaría solo en Mariscal Zavala, pidió su entrega “voluntaria” a Estados Unidos y retiró aquellos recursos que había presentado en contra de su extradición y que estaban pendientes por resolver. De ese modo, llegó a Nueva York el 10 de diciembre.
Fiscalía de Nueva York, nota al juez Raymond J. Dearie, 6 de mayo de 2022
Está claro que los coacusados y el alto oficial del gobierno de Panamá se beneficiaron de este esquema ideal, a expensas del pueblo panameño”.
Nueva York
Los hermanos se declararon culpables del delito de conspiración para lavar dinero, en audiencias separadas, celebradas el 2 y el 14 de diciembre de 2021. En principio, la lectura de sentencia sería también en audiencias distintas (el 13 y el 20 de mayo). Hubo un intento de la defensa por adelantar la fecha, pero esto fue rechazado por la fiscalía y por el juez Dearie. Finalmente, el juez acordó que se celebraría una sola audiencia, conjunta, que es el acto que se celebrará mañana.
El juez ya advirtió que la sentencia (inapelable) será menor de 151 meses de prisión. Si es mayor, entonces sí podría ser apelada. La defensa pidió por escrito la excarcelación, alegando que los 23 meses que han estado en detención preventiva (primero en Guatemala y ahora en Brooklyn) es la pena que corresponde al delito por el que se han declarado culpables.
La fiscalía es menos indulgente: pide una condena mínima de 108 meses de prisión (9 años) y máxima de 135 meses (11 años y 3 meses). De paso informan que el Departamento de Libertad Condicional recomienda más tiempo: 180 meses (15 años) de cárcel y una multa de $250 mil, por considerar que no hay causales que podrían haber “mitigado” la condena.
Sus abogados han intentado minimizar la participación de ambos e insisten en que fueron “actores indiscutiblemente periféricos” en este esquema criminal y que ni siquiera sabían que lo que estaban haciendo era “ilegal”. Se quejan, además, porque la acusación no hace distinción entre la “abrumadora” cantidad de fondos de Odebrecht “que pasaron por, pero no para Rica y Luis”.
“Estados Unidos ha conseguido dos condenas sin juicio en este caso, ha recibido una montaña de pruebas de Rica y Luis, y ha obtenido su singular ayuda para repatriar fondos que, de otro modo, estarían fuera del alcance del gobierno. Y aunque Estados Unidos no quiso o no pudo efectuar una resolución conjunta con Panamá, ese país está tomando medidas para recibir los fondos que se han puesto a disposición de ambos gobiernos sólo a través de la cooperación de Rica y Luis que el gobierno ahora desestima como una ‘fachada’, en vísperas de la sentencia”, señalan Sean Hecker y James McGovern, abogados de Ricardo Alberto y Luis Martinelli Linares, respectivamente, en una nota conjunta dirigida el viernes 13 de mayo de 2022 al juez Dearie.
El 29 de abril, la defensa envió al juez cartas de familiares y amigos de los acusados. En las notas aseguran que ambos están arrepentidos y piden clemencia. Hay cartas de la madre, la hermana, la esposa, la suegra, los excompañeros estudios y de trabajo, de la diputada Mayín Correa, de personal de Importadora Ricamar y hasta del párroco de la prisión de Guatemala.
La fiscalía replica que nada de “periféricos”; que el rol asumido por los dos hijos de Martinelli Berrocal fue “esencial” para la comisión del delito y que ambos mantuvieron “una conducta criminal, sistemática y estratégica, por cerca de seis años”, de agosto de 2009 a septiembre de 2015.
Según la fiscalía, parte de ese dinero de Odebrecht fue utilizado para adquirir bonos, acciones y bienes “de lujo”, como un yate, un condominio frente al mar y una participación en una compañía de servicios de telefonía celular. En esa compañía habrían gastado $9.5 millones. La defensa asegura que esos $9.5 millones “no fueron invertidos por Rica y Luis… esa inversión se hizo con fondos mal habidos del oficial del gobierno de Panamá, bajo la dirección del oficial del gobierno de Panamá y para beneficio del oficial del gobierno de Panamá”.
Aunque la fiscalía de Nueva York no precisa el nombre de la compañía telefónica, en la vista fiscal preparada por la Fiscalía Especial Anticorrupción de la PGN, en Panamá, aparece escrito, en la página 699, que se acreditó que, en el año 2012, los hermanos Martinelli Linares realizaron un pago de $4.44 millones a la cuenta de Digicel Central America en el Anglo Irish Bank, “en concepto de pago por préstamo de acciones”.
Los abogados aseguran en la nota entregada el pasado viernes que sus clientes, desde que estaban detenidos en Guatemala a la espera de ser extraditados (proceso al que se opusieron a través de distintos recursos judiciales en varias instancias), empezaron a cooperar para que Estados Unidos y Panamá iniciaran el proceso de repatriación de los fondos ligados a Odebrecht.
Más adelante, agregan que “Estados Unidos recuperará todos los fondos que busca de Rica y Luis, solo gracias a su ayuda”.
Los abogados también se han quejado por las condiciones “inhumanas” del centro de detención metropolitano (MDC, por sus siglas en inglés), de Brooklyn. Y no solo por los confinamientos frente a la covid-19 y por las restricciones por peleas entre pandillas. Cuando enviaron la carta al juez, el viernes pasado, aseguraron que sus defendidos tenían cinco días sin poder tomar un baño.
Los abogados cierran la nota reiterando la colaboración de sus clientes para aportar información que ha servido para repatriar el dinero de Odebrecht, “que, de no ser por la ayuda de los hermanos, estaría fuera del alcance de los gobiernos de Estados Unidos y Panamá”.
Al respecto, el procurador (encargado) de la Nación, Javier Caraballo, dijo a La Prensa que enviará una delegación a la audiencia de mañana y que Panamá mantiene su solicitud de restitución. Con esto, la intención es compartir los bienes que sean decomisados por Estados Unidos.
Aunque el nombre del “familiar cercano” no ha sido revelado, seguramente el juez Dearie ya conoce su identidad, puesto que él mismo ya validó los acuerdos de culpabilidad. Para los lectores, hay otra pista que podría indicar quién es.
La fiscalía de Nueva York le contó al juez que el primer contacto de los acusados con un ejecutivo de Odebrecht ocurrió “inmediatamente después de la elección del funcionario del gobierno de Panamá”, en mayo de 2009. Y el esquema para blanquear las coimas se puso en marcha de agosto de 2009 a septiembre de 2015.
Solo una persona fue proclamada en esos comicios de 2009, a nivel presidencial.
