Adolfo “Chichi” De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, fue condenado a la pena de 10 años de prisión y a pagar una multa de $5 millones por el delito de blanqueo de capitales a través del pago de coimas para obtención de contratos del Programa de Ayuda Nacional (PAN) y que luego eran canalizadas a través de la sociedad Blue Apple.
Mediante la sentencia No. 46 del 10 de marzo del 2023, que lleva la firma de la jueza segunda liquidadora de causas penales, Baloisa Marquínez, se aplicó la pena de prisión a De Obarrio, luego de establecerse su responsabilidad en el delito de blanqueo de capitales.
El fallo precisa que en este caso el Ministerio Público (MP), a través del fiscal anticorrupción, Aurelio Vásquez, logró probar que De Obarrio fue el beneficiario final de grandes sumas de dinero que provenían del delito de corrupción de funcionarios.
Según el tribunal se pudo comprobar que De Obarrio utilizó tres esquemas para lograr el blanqueo de fondos provenientes del PAN, que eran asignados a empresas para realizar proyectos como el de la construcción de zonas pagas y el de la construcción del Sistema de Alcantarillado de la ciudad de Chitré, provincia de Herrera.
El ‘modus operandi’
Según el fallo, De Obarrio echó manos de tres esquemas para lograr el blanqueo de capitales: el uso de sociedades para la compra y venta de inmuebles, el uso de testaferros o intermediarios financieros para el lavado de activos y el uso de cuentas de colecta o recaudación.
El primer método, la compra de bienes inmuebles, consistió en el uso de herramientas comerciales, como contratos de promesa de compras de bienes inmuebles para estratificar el dinero.
En este punto destaca que De Obarrio giró instrucciones a Sergio González Ruiz, expresidente del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista, para que se quedara con fondos ilícitos provenientes de actividades de corrupción que habían sido entregados por el contratista Juan Alexis Rodríguez de la empresa Rodsa y le abonara una finca de 18 hectáreas en la Margaritas de Chepo y que para ello se celebró un contrato de promesa de compraventa con la sociedad Madroño Forest S.A. por un valor de $525 mil. En una declaración rendida por González Ruiz dijo haberse percatado que los fondos provenían de lavado de dinero y que su beneficiario era De Obarrio.
En cuanto al uso de testaferros se acreditó, a través de la declaración de González Ruiz, quien admitió haber actuado como intermediario para la adquisición de bienes a favor de De Obarrio en la compra de la referida finca en Chepo y esta misma figura se usó para entregar dinero en efectivo al exsecretario privado de la presidencia.
También se hace alusión de la declaración rendida por el empresario Juan Carlos Marciaga, quien relató que De Obarrio le suministró el número de una persona a quien debía entregarle el dinero. Dicha situación fue confirmada por Jorge Espino, de la empresa Concepto y Espacios.
El tercer método fue el uso de cuentas de colecta o recaudación, consistente en utilizar el sistema financiero para introducir y acumular una cantidad de fondos de procedencia ilícita en cuentas bancarias de sociedades o personas bajo justificaciones falsas.
Entre las cuentas usadas en el sistema de recaudación se ubicó la cuenta Blue Apple Services, Dober Agency, Blanch International y Corporación Libuma.
Dichos hechos fueron respaldados por la declaración de contratistas como Juan Alexis Rodríguez, quien admitió haber remitido fondos a Blue Apple Services.
Este no es el único proceso que De Obarrio enfrenta ante los tribunales de justicia. Mantiene un expediente por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado y otros por presunto peculado en perjuicio del PAN.
En la actualidad se encuentra en Italia, en donde permanece desde el 25 de diciembre de 2014.
En 2021 De Obarrio fue detenido en Italia por una solicitud de extradición presentada por Panamá, pero luego fue puesto en libertad, puesto que la Asamblea Nacional no ha ratificado el tratado de extradición con ese país.
