Un juez de garantías declaró como causa compleja la investigación a los doctores Walter Kravcio y Javier Alvarado, relacionada con el presunto fraude contra veteranos de Estados Unidos, a quienes presuntamente se les cobró por servicios médicos que no recibían.
En febrero pasado, la fiscal Sandy Cedeño, de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, solicitó más tiempo para concluir la investigación debido a la multiplicidad de diligencias que su despacho debe realizar y al número de víctimas de la supuesta estafa. Finalmente, se le concedió una prórroga de un año para concluir la investigación.
La fiscalía solicitó extender el plazo de investigación, ya que en los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2023, no pudo realizar una serie de diligencias previstas en la provincia de Chiriquí, debido a los cierres de calles por las protestas contra el contrato minero.
La fiscalía debió reprogramar las diligencias, así como una audiencia de imputación para vincular a otras 25 personas a la investigación, que son requeridas para aportar información sobre el destino de los fondos pagados por los pacientes.
La investigación se inició luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectara el presunto cobro irregular de prestaciones médicas a veteranos de guerra en Panamá, lo que habría ocasionado un grave perjuicio económico.
Hasta agosto de 2023, la fiscalía había logrado cautelar la suma de $585,689 depositados en bancos locales y que se presume formaban parte del dinero pagado por el gobierno estadounidense para que sus veteranos recibieran atenciones médicas en Panamá.
En agosto pasado, el Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo las medidas cautelares de arresto domiciliario con la posibilidad de acudir a trabajar a los médicos Kravcio y Alvarado, ambos imputados por la presunta comisión de los delitos de estafa agravada y blanqueo de capitales.
Según las pesquisas, la investigación puede alcanzar a otras personas que subcontrataban a otros especialistas para atender a los veteranos y que presuntamente cobraban los servicios con sobreprecios.