El equipo legal del expresidente Ricardo Martinelli apelará ahora al artículo 447 del Código Judicial, según el cual, los magistrados y jueces “no deben conceder entrevistas privadas, ni en esa forma oír argumentos o admitir comunicaciones destinadas a influir en su actuación judicial”.
Lo anterior, con el propósito de pedir la nulidad del proceso que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sigue a Martinelli por la supuesta comisión de delitos financieros a través de cuentas que manejaba la casa de valores Financial Pacific (FP), tras una petición de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Carlos Carrillo, abogado del también diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), informó que el recurso se sustenta en la reunión sostenida el pasado viernes por seis magistrados de la Corte, en la que, según afirmó, “se discutieron detalles y posibles acciones relacionadas con la denuncia de la SMV”.
“Ningún magistrado puede estar dando detalles de un caso a terceros y tampoco puede anunciar que analizará la posible aplicación de una norma en un caso específico”, argumentó.
El pasado viernes representantes del Movimiento Independiente por Panamá (Movin), del Colegio Nacional de Abogados (CNA), la Cámara de Comercio, Industrias y Agriculturas, Cámara Panameña de la Construcción y de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, entre otras organizaciones, se reunieron con seis magistrados de la Corte para hablar sobre la administración de justicia.
La sociedad civil ha cuestionado al presidente de la Corte, José Ayú Prado, quien actúa como juez de garantías en el proceso seguido a Martinelli por el caso FP, y le han exigido que se declare impedido después de que Mayte Pellegrini, exempleada de confianza de FP, afirmara que él redactó una declaración en la que ella se retractó de una acusación contra Martinelli.
El viernes, Ayú Prado reiteró que no había leído el expediente. “Primero, hay que ver cómo está escrita la resolución –de admisión de la denuncia– y qué dice. Concordamos en que hay que esperar, porque no se pueden tomar decisiones en base a lo que no existe ni se conoce. Debemos hacer todo con cautela, siempre respetando la Constitución y la ley”, indicó.
Tres días después, el lunes pasado, Ayú Prado pidió, “en calidad de préstamo y con carácter devolutivo”, el informe enviado por la SMV el pasado 29 de junio.
Consultada sobre la nueva estrategia del equipo legal de Martinelli, Annette Planells, de Movin, manifestó que esperan que Ayú Prado proceda a declararse impedido de conocer el caso de FP, invocando el artículo 13 del Código Uniforme de Ética de los Servidores Públicos, y que la CSJ nombre a otro juez de garantías para que el caso pueda ser investigado y, si las evidencias lo sustentan, llevado a juicio.
Agregó que si la defensa de Martinelli considera que Ayú Prado no debe participar en este proceso, lo que debe hacer es presentar una recusación si él no se declara impedido.
Por su parte, Juan Carlos Araúz, vicepresidente del CNA y quien estuvo presente en la reunión del viernes con los magistrados, dijo que puede certificar que se habló del estado de la justicia y no del análisis puntual de casos determinados, que se constituye en una interferencia indebida.
