Cada día son más las personas que denuncian haber sido víctima de delitos sexuales. En los últimos cuatro años, en el país se han reportado 7,665 casos de violación ante el Ministerio Público, lo que lo convierte en uno de los delitos con más alta incidencia.
De acuerdo con la fiscal de circuito de la sección primera de delitos sexuales, Kira Brokamp, los delitos de carácter sexual están entre los tres de mayor incidencia y casi el 90% de las víctimas son mujeres.
Relató que a su despacho también llegan casos de niños y hombres, aunque en un número reducido.
Según cifras del Ministerio Público (MP) de enero a septiembre de 2022 se han recibido 1,876 de denuncias de violación, un número ligeramente inferior a las registradas en el mismo período del año 2021, cuando se dieron 2,306, pero superior a las 1,509 registradas en 2019.
Brokamp detalló que, dado la naturaleza de este delito, en el que la víctima siente vergüenza de ser señalada por la sociedad y en el que usualmente hay amenazas y agresiones físicas, se requiere establecer protocolos para la atención que garanticen que no se exponga a la víctima ni provocar situaciones que puedan ponerla en riesgo, más cuando se trata de menores de edad. Es decir, evitar la revictimización.
La fiscal Brokamp explicó que en los últimos tres años —durante la pandemia de la covid-19— se ha notado un incremento de los delitos sexuales, en los que las víctimas son menores de edad.
La funcionaria reconoció que en la mayoría de los casos se detectó que el agresor sexual es un familiar o un conocido de la víctima, y que las restricciones impuestas por la pandemia produjeron el aumento de los casos.
El delito de violación requiere de la denuncia de la víctima o de una persona que sepa de la comisión del hecho para poder abrir una investigación.
También explicó que se ha dado un cambio de conducta en la población en cuanto a que ahora existe una mayor predisposición de las víctimas de denunciar este tipo de delitos.
Recalcó que, incluso, en las comarcas indígenas, donde antes casi no había denuncias, ahora están llegando con mayor frecuencia.
Cambia el modelo de investigación
La fiscal relató que, para mejorar el trabajo de investigación y el abordaje de la víctima de este delito, el Ministerio Público (MP) decidió cambiar el sistema de tratamiento de los casos. Especialistas del MP atienden tres segmentos de delitos sexuales: violación, actos libidinosas y relaciones sexuales con menores de 14 años.
Integración
Además, se decidió integrar en un solo edificio los diferentes actores que participan en la investigación: el fiscal, el médico forense y la Unidad Especializada de Atención a las Víctimas y Testigos (Upavit), en esta última laboran un equipo interdisciplinario, compuesto por psicólogos, asesores legales y trabajadores sociales encargados de dar acompañamiento y asesoría a las víctimas.
Estos tres equipos integrados operan ahora en el edificio del antiguo Tribunal Electoral, a un costado del Parque Porras, en el corregimiento de Calidonia.
La fiscal Brokamp relató que ahora la víctima no se ve en la penosa necesidad de ir a diferentes edificios a presentar la denuncia o a buscar tratamiento.
La cámara de Gesell
Yamilka Troncoso lidera la Unidad de Protección a Víctimas (Upavit), una sección que hace trabajo social con las víctimas y ofrece atención sicológica, incluyendo la preparación de la agraviada para participar en el juicio.
En el caso de los delitos sexuales, les da ayuda a las víctimas, en especial si son niños o adolescentes que requieren de una orientación y sustento emocional para que puedan enfrentar el proceso judicial y evitar su revictimización.
Por ejemplo, se evita que un menor de edad agredido sexualmente sea sometido a situaciones extremas de interrogatorios estresantes.
Para ello se ha creado una sala especial aislada en la que la víctima está con el sicólogo, quien, mediante técnicas especializadas, entrevista al menor. Su conversación es escuchada y observada por el fiscal y los funcionarios judiciales, a través de un vidrio que evita que la víctima pueda ver al resto de los que intervienen en la diligencia.
