Una demanda de inconstitucionalidad contra varios artículos de la Ley 37 de 2009 (y sus posteriores modificaciones), sobre la descentralización en la administración pública, fue presentada este miércoles 28 de junio, por el abogado Daniel Lombana Franceshi.
Lombana señala que a la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) se le han “traspasado” responsabilidades que la Constitución atribuye al Órgano Ejecutivo. Sobre este punto, el demandante hace referencia a las declaraciones del presidente Laurentino Cortizo, cuando, el 11 de junio pasado, le dijo a los periodistas que él no “maneja” los dineros de la descentralización, sino la AND.
“La Autoridad de Descentralización releva al Órgano Ejecutivo en su función constitucional de garantizar el proceso de descentralización, tema que administrativamente debió continuarse manejando por medio de una Secretaría adscrita a la Presidencia de la República, manteniendo el rango operativo dentro del paraguas del Órgano Ejecutivo, tal como lo establece la Constitución”, en su artículo 184, indica Lombana en su demanda, refiriéndose a la AND como un ente “supramunicipal”, que además violenta la autonomía de los gobiernos municipales, “al supeditarlos a cettificaciones y capacitaciones brindadas por dicha autoridad, lo cual evidentemente se ha prestado para malos manejos y permeabilidad de la política”.
Al respecto, una investigación de La Prensa reveló que, desde el año 2021 y hasta la fecha, la AND ha repartido al menos $240 millones a gobiernos locales que principalmente están dirigidos por militantes del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD), sin ningún control, sin transparentar la información y al margen del mecanismo que dispone la Ley 37 de 2009.
Lombana también advierte que con la aprobación de la Ley 66 de 2015, se modificó la Ley 37, de modo tal que al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se le ordena transferir el importe recaudado a los municipios, “sin mediar ningún tipo de reserva que pueda invocar el Órgano Ejecutivo como administrador de las rentas nacionales”.
Resalta, además, que la AND es una entidad inexistente a nivel constitucional, pero se le ha colocado como “intermediario” entre el Gobierno central y los gobiernos locales.
Es importante señalar que en el articulo 18-A de la Ley 37 de 2009, se dispone la creación de la Secretaría Nacional de Descentralización, con carácter “transitorio”, adscrita al Ministerio de la Presidencia, organismo técnico, “político” y de coordinación con los municipios para la ejecución del proceso de descentralización, “hasta que se cumpla la primera fase del proceso de descentralización”.
Esa “primera fase” se cumplió el 23 de septiembre de 2020 cuando, en plena pandemia respiratoria, Cortizo y el entonces ministro de la Presidencia, José Gabriel Carrizo-también vicepresidente de la República y, desde el 11 de junio pasado, candidato presidencial del PRD), firmaron el Decreto Ejecutivo 587, en el que adoptan la puesta en funcionamiento de la AND.
La AND tiene una junta directiva, que preside el ministro de la Presidencia o quien él designe. Carrizo, que fue ministro hasta el 1 de febrero de 2023, nombró en ese puesto a Alexander Hepburn, un asistente ejecutivo de la Presidencia, donde devenga un salario de $6 mil al mes. Hepburn, que actualmente es miembro del Cuerpo Directivo Nacional (CDN) del PRD en el circuito 8-3, se mantiene en ese cargo hasta hoy.
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— Daniel Lombana (@dlombana2024) June 28, 2023
Actualmente, hay varias denuncias sobre el reparto de fondos de la AND, al margen de la Ley 37 de 2009, lo que coloquialmente se ha llamado “descentralización paralela”.
La primera, de carácter administrativo, se presentó ante el procurador de la Administración, Rigoberto González, y fue interpuesta por el abogado Ernesto Cedeño. Pero cuando González dirigió una nota para solicitar información a la AND, el director de esa entidad, Edward Mosley Ibarra, presentó un amparo ante la Corte Suprema de Justicia que ha frenado, nuevamente, cualquier diligencia. El amparo está en el despacho de la magistrada Ariadne García.
También Cedeño, con el presidente del Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana, varios precandidatos presidenciales por libre postulación e integrantes de la coalición Vamos, acudió el 19 de junio a la sede de la Fiscalía General de Cuentas, a cargo de Waleska Hormechea.
Hormechea ya mandó una nota al contralor Gerardo Solís, en la que le pide que audite los dineros que la AND ha repartido a través de la “descentralización paralela”.
