El magistrado de la Audiencia Nacional Española Santiago Pedraz vendrá a Panamá a tomarle declaración a varios testigos, entre ellos, dos exministros.
Pedraz está a cargo de la investigación relacionada con el presunto pago de coimas para suscribir contratos en el país entre el 2010 y el 2017 de la empresa estatal española, Mercasa, que gestiona, mediante millonarios contratos con el Estado, la red de mercados nacionales.
Según el diario digital español Voz Populi, Pedraz arribará a Panamá entre el 24 y el 28 de enero, para entrevistar a una serie de testigos para el caso, entre ellos, el exministro de la Presidencia –bajo el mandato del expresidente Ricardo Martinelli, (2009-2014)– Demetrio Papadimitriu y el exministro de Comercio e Industrias –bajo la presidencia de Juan Carlos Varela (2014-2019) Melitón Arrocha, quien además fungió como embajador de Panamá ante la Organización de las Naciones Unidas.
Según el mismo medio, la Audiencia Española, en coordinación con el Ministerio Público de Panamá, también citaron a la abogada Aylen Villarreal, la administrativa Yira Elzebir, al excoordinador de la empresa Mercasa en Panamá, Alain Rajiv Anguizola, a los arquitectos Ignacio Vilela y Miguel Benito Galipienzo y a representantes de mercantiles panameñas vinculadas en las licitaciones que se encuentran en el sumario de la causa.
La Audiencia Nacional Española también solicitó al Ministerio Público de Panamá información sobre cuentas bancarias que Mercasa abrió en el banco Bac Credomatic, y las gestionadas por el exdirector adjunto de la empresa, Luis Hermosilla.
Según la fiscalía de España, las diligencias practicadas hasta el momento esclarecieron cómo, entre octubre de 2010 y mayo del 2017, dicha empresa se adjudicó cinco contratos públicos con un importe total de $9.79 millones.
Citación a exministros panameños
En su nota, Voz Populi agrega que “el comisionista que habría intermediado [por Mercasa en Panamá] es Melitón Arrocha”, a través de su despacho de abogados, y con la ayuda de la abogada Aylen Villareal.
La Prensa contactó al exministro y exembajador Arrocha, quien se mostró sorprendido por la noticia y la citación que le llegó el viernes pasado, y manifestó que ya reunió los expedientes para presentárselos al juez español.
“La información que tengo del Ministerio Público es que me citan como testigo, en un acto de cooperación judicial internacional. Efectivamente, desde 2010 a 2014, la firma Arrocha y Compañía, fungió como abogado de la empresa Mercasa, S,A. La relación contractual para asistir con servicios jurídicos se dio en función de un contrato de retainer -contrato de arrendamiento de servicios profesionales en Panamá, por una mensualidad fija- a razón, de $750 mensuales, que permitían 8 horas de servicios legales, con una tarifa adicional reducida de $125 la hora por cualquier servicio adicional que requerían”.
Arrocha agregó que el contrato duró aproximadamente cuatro años; en el que el principal rubro que se facturó en concepto de honorarios fue el contrato de retainer. La ejecución del contrato la realizaron una multiplicidad de personas dentro de la firma, dependiendo de la especialidad.
El exfuncionario recalcó que el monto total de honorarios en los cuatro años es de aproximadamente $40 mil. “Yo les presté asesoría por procesos de notificación por incumplimiento de contrato con los proveedores que tenían.”
Aylen Villarreal, citada por los jueces españoles, fue una de las personas que trató el cliente en Panamá, por la firma de Arrocha, según afirmó el exfuncionario a La Prensa.
En el caso de Papadimitriu, la fiscalía española sostiene que el exministro habría intervenido en la firma del contrato del 1 de noviembre del 2010, para la construcción de ocho mercados públicos, por $6.5 millones. “La ejecución de estos contratos mediante la subcontratación de distintas sociedades por parte de Mercasa afecta e incide en la gestión de fondos públicos del Estado español”, indica la Fiscalía, citada por el medio digital.
Papadimitriu, en conversación con La Prensa, afirmó no haber sido citado por la Audiencia Nacional Española ni por el Ministerio Público de Panamá.
“No tenía idea de la investigación. Me entero por ustedes. Nadie me había avisado y no sabía nada”.
El exministro de la Presidencia (2010-2014) afirmó que “había una Secretaría de la Cadena de Frío que manejaba ese tema. Yo no tuve ninguna relación con la empresa Mercasa, no tengo idea ni me acuerdo de haber firmado ese contrato. Si lo firmé, era porque yo era el representante legal del Ministerio de la Presidencia, pero no recuerdo. Fue hace once años”, indicó el exministro.
Papadimitriu recalcó que “todo se manejó por medio de la Secretaría de la Cadena de Frío, y que nadie recibió ningún centavo de ese contrato ni se pagó ninguna coima a nadie del Ministerio de la Presidencia ni de la Secretaría de la Cadena de Frío, que contrató a la empresa Mercasa, S.A.”.
Agregó que son totalmente falsas las alegaciones que se hacen respecto al pago de “comisiones”.
Cuentas en Panamá
Las investigaciones se han concentrado en las cuentas de Mercasa en Panamá, pues de allí habrían salido los pagos a proveedores y terceros implicados en los proyectos detalla la Audiencia Española. Según los documentos, hay muchos movimientos que no están debidamente justificados, entre estos, un “cheque de gerencia”.
Los fiscales españoles también han encontrado que hay 1.132 asientos bancarios relacionados con este cheque, de los cuales, se contabilizaron 529 registros en los que no consta referencia a ninguna factura.
Contratos en Panamá
En 2011, Mercasa, obtuvo el contrato para el estudio, diseño y asistencia técnica para el desarrollo de ocho mercados públicos a nivel nacional, integrados en el proyecto de Cadena de Frío. Entre ellos estaban los mercados de David, Colón, Santiago, Penonomé, Chitré, Las Tablas, Panamá y Chorrera por $6 millones. En esos momentos el Secretario de la Cadena de Frío era Fernando Duque.
Mientras que en 2015, Mercasa firmó contratos de consultoría con la Alcaldía de Panamá, bajo el mando de José Isabel Blandón, que luego fueron cancelados por falta de cumplimiento de la empresa española, a la que se habrían hecho desembolsos en concepto de avances de trabajo por $200 mil.
