Una denuncia administrativa contra el ministro de Comercio e Industrias (Mici), Jorge Rivera Staff, por el inexplicable retraso en la aplicación acciones de cuidado y mantenimiento del proyecto minero Cobre Panamá, ubicada en el distrito de Donoso, provincia de Colón, fue presentada ante la Procuraduría de la Administración.
La denuncia, interpuesta por el abogado Harley Mitchell hijo, se fundamenta en el retardo por parte del Mici en implementar acciones relacionadas con la disposición de los materiales que se encuentran en este momento en el proyecto minero, explotado por la empresa First Quantum.
También detalla que existe un riesgo inminente de contaminación ambiental que pone en riesgo las comunidades vecinas a la mina, y la flora y fauna existente en la región.
Además, el documento señala que el informe entregado por el Mici, tras una inspección realizada al proyecto, no contiene fundamentos legales sobre su pertinencia y no está fundamentado en acciones de carácter científico.
Alega que corresponde al procurador de la administración, Rigoberto González, determinar si las actuaciones del ministro Staff se encuadran en algún tipo penal, para solicitar la apertura de una investigación penal.
Mitchell estimó que la situación puede convertirse “en una bomba de tiempo” para la próxima administración gubernamental, si no se presentan acciones urgentes para evitar un desastre ambiental.
Explicó que si bien el pasado 17 de abril el Mici inició el proceso para la licitación de la consultoría para una auditoría ambiental, como parte del proceso de cierre de la Mina, aún no se tiene detalles de ese proceso.
El Mici estableció un cronograma de trabajo que incluía auditorías ambientales y la designación de un grupo de expertos encargado de dar seguimiento a la ejecución del plan de cierre de Minera Panamá. Sin embargo, hasta ahora no se había informado de avances con este plan.
La suspensión de los trabajos de extracción de materiales de la mina y su consecuente cierre, se produjo luego que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406 que aprobó el contrato de concesión suscrito entre el Estado y la empresa Minera Panamá.
REACCIÓN
Por su parte, el Mici −a través de un comunicado− aseguró que de ninguna manera existe tal retraso en las acciones que se llevan adelante del Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS).
La entidad señaló que con relación a las 132 mil toneladas de concentrado de cobre que están almacenadas, se ha procedido a solicitar los servicios de un laboratorio internacional certificado. Esto, a fin de realizar las pruebas y análisis técnicos que determinen la cantidad y calidad del concentrado de cobre, así como las características geoquímicas del material almacenado, indicó.
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— Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (@MICIPMA) May 23, 2024
