La exdefensora del Pueblo, Patria Portugal, fue detenida la mañana de este martes 20 de junio de 2023.
La detención estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial y ocurrió en los predios de Plaza Ágora, ciudad de Panamá.
El juez José Carrera ordenó la ejecución de la sentencia condenatoria en contra de la exdefensora del Pueblo, tras la petición de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Anticorrupción, representada por la fiscal Johaira González.
#ÚltimaHora | Unidades policiales de la D.I.J. aprehenden a una ex funcionaria que ejerció el cargo de Defensora del Pueblo en los predios de Plaza Ágora, quien mantiene condena de 8 años de prisión por delito de Peculado. #ContraElDelito pic.twitter.com/GeK07WWEqS
— Policía Nacional (@ProtegeryServir) June 20, 2023
Hay que recordar que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia había rechazado una solicitud de aclaración de la sentencia del 10 de agosto del 2022, en la que confirma una condena de 96 meses de prisión a la exdefensora del Pueblo por el delito de peculado.
En virtud de ello y en base a “la solicitud de la Sección de Cumplimiento de la Fiscalía Anticorrupción se hace efectiva la sentencia condenatoria contra la exdefensora del Pueblo, Patria Portugal, de 96 meses de prisión por peculado agravado, en perjuicio de la Defensoría del Pueblo, ocurrido en el 2012″, confirmó, cerca del mediodía, el Ministerio Público (MP) en su cuenta de Twitter.
La orden se hizo efectiva hoy por parte de unidades de la DIJ que procedieron con la detención de la ex funcionaria luego de culminar audiencia solicitada por la Fiscalía.
— Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) June 20, 2023
Las investigaciones de este caso, realizadas por la Fiscalía Anticorrupción de Descarga, guardan relación con dos contratos que Portugal suscribió como defensora del Pueblo (abril de 2011-julio 2013). Uno de ellos con la empresa Imaginarium Studio, S.A., por un monto de $249 mil 845, para el rediseño de la página web de la entidad, y el otro por $199 mil 983, para capacitaciones, adjudicado a la empresa En Avant, S.A.
Esto salió a la luz pública a raíz de una investigación periodística de La Prensa. Fue entonces cuando la jefa de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigail Benzadón, (2013) y el abogado José Antonio Moncada presentaron una denuncia ante el Ministerio Público. Las denuncias fueron acumuladas en un solo proceso.
Tras sus investigaciones, el Ministerio Público planteó que los requisitos que debían cumplirse para el rediseño de página web, aplicados a las entidades gubernamentales, no se cumplieron en este contrato. Además, se argumentó que funcionarios de la entidad declararon que podían realizar el trabajo, por lo cual era innecesaria la contratación.
En agosto de 2020 se conoció que el Juzgado Octavo Penal aplicó una condena de 96 meses de prisión a Patria Portugal por la comisión del delito de peculado por este caso.
Además, el juzgado le aplicó una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de 48 meses. Ese fallo llevó la firma de la juez octava, Leyra Terán Turcios.
La defensa de Portugal interpuso un recurso de apelación por este fallo, pero el 12 de marzo de 2021 el Segundo Tribunal Superior confirmó la condena a ocho años (96 meses) de prisión impuesta el 25 de mayo de 2020 por el entonces Juzgado Octavo Penal.
Posteriormente, el pasado 13 de septiembre de 2022, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó un recurso de casación presentado por la defensa de Portugal y mantuvo la condena de ocho años de prisión aplicada por el extinto Juzgado Octavo de Circuito Penal por el delito de peculado.
Dos meses después, en diciembre de 2022, se informó que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó una solicitud de aclaración de la sentencia del 10 de agosto del 2022, en la que confirma la condena de Portugal.
En un edicto con fecha del pasado 19 de diciembre, el mencionado tribunal determinó que el recurso era improcedente y por ende se mantiene la sentencia emitida por el liquidado Juzgado Octavo Penal.
Es importante recordar que en agosto de 2013, la Asamblea Nacional removió del cargo a Portugal a raíz de la denuncias presentadas por el caso.
En ese momento, la Comisión de Credenciales de la Asamblea recomendó remover del cargo a Portugal por haber incurrido en la causal de negligencia notoria en el desempeño de sus funciones, y por haber perdido la confianza del Órgano Legislativo.
