Dirigentes docentes, obreros y de pueblos originarios del diálogo por Panamá que se desarrolla en Penonomé propusieron al Ejecutivo una nueva “mesa única” para debatir la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS).
Los miembros de estas agrupaciones, que protagonizaron cierres de calles, huelgas y protestas que paralizaron el país por un mes, desconocen lo discutido en el Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social (DNC), convocado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en diciembre de 2020 y que está en pausa, a la espera de un informe de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).
Este fue el primer punto del tema sobre la situación de la CSS que empezó a discutirse en la noche del pasado viernes y no avanzó mucho durante este sábado, por diferencias sobre la legitimidad del Diálogo Nacional por la CSS.
Las alianzas propusieron crear una mesa única con otros sectores y otro facilitador -proponen a la Iglesia católica, que se encarga de la mesa de Penonomé- que analizaría, incluso, el tipo de insumos para hacer los análisis de la crisis de la CSS. El Gobierno, a su vez, pidió un receso para analizar el tema, el cual será hasta el jueves 11 de agosto. Los facilitadores también dijeron que deben evaluar la idea de involucrarse en otro diálogo.
Gobierno dice que está por entregar informe de la OIT
En los próximos días, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) entregará al gobierno de Laurentino Cortizo un informe preliminar sobre los análisis financieros y actuariales con miras a buscar una solución a la crisis financiera que atraviesa el Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS).
Así lo informó ayer sábado Edwin Salamín, secretario general de la CSS, durante la sesión del diálogo por Panamá, que se desarrolla en Penonomé, entre el Ejecutivo y los sectores sociales que durante julio pasado paralizaron el país con huelgas, bloqueo de vías y protestas en demanda por la reducción del costo de la vida y el derroche de fondos públicos.
La mesa del Parlatino
La llamada mesa plenaria para el Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social (DNC), convocada por Cortizo en diciembre de 2020, sesionó en los primeros meses de 2021 con la participación de varios sectores, entre ellos representantes de empresarios y trabajadores, que son los que dan soporte financiero a las pensiones.
En marzo de 2021, el Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) se salió de la mesa en desacuerdo con la figura del facilitador Joaquín Villar García y con la exigencia de que se volviera al “sistema solidario” en un 100%.
En 2005, tras un diálogo nacional, se reformó la ley orgánica de la CSS para crear el sistema mixto de pensiones, que ahora coexiste con el de reparto definido o “solidario”.
El debate de la CSS convocado por Cortizo continuó hasta diciembre de 2021, cuando se acordó la suspensión de las reuniones en espera del citado informe de la OIT.
El informe, según Salamín, se contrató por $178 mil, pagados por el Estado, no por la CSS.
El debate sobre el IVM, relegado durante años por el costo político que implicaría tomar medidas para salvar las jubilaciones, fue convocado con la premisa de buscar soluciones que no afectaran las llamadas “medidas paramétricas”: la edad de jubilación (57 años las mujeres y 62 los hombres) o el monto de la cuota obrero-patronal (13.5%).
Datos de la propia CSS detallan que para 2024 harán falta $884 millones para pagar las pensiones de los jubilados. Es decir, una crisis inminente, en medio de la transición de Gobierno.
¿Diálogo ‘yo con yo’?
La jornada del diálogo de Penonomé se retomó a 10:30 a.m. de este sábado en el centro católico Cristo Sembrador para analizar la situación de la CSS. No hacer cambios en la edad de jubilación y en las cuotas es uno de los puntos en los que coinciden tanto el gobierno de Cortizo como los actores de este diálogo: la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado (Anadepo), el Bastión del Oriente Chiricano y la Alianza Pueblo Unido por la Vida.
El debate de este tema se había iniciado a las 8.10 p.m del viernes 5 de agosto con una serie de propuestas de las alianzas, que van desde la creación de una nueva mesa única para discutir la problemática de la CSS hasta una política de imponer “sanciones ejemplares para evasores y corruptos”.
La narrativa dominante en Penonomé es que la mesa del DNC, cuyas discusiones han tenido lugar en la sede del Parlamento Latinoamericano (Parlatino), en Amador, no tiene validez.
Saúl Méndez, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, lo anunció: “el diálogo legítimo es el que tenemos ahora”.
Varios dirigentes desfilaron en el uso de la palabra para cuestionar la mesa del Parlatino como el “diálogo de yo con yo”.
Pero buena parte del país le hace el mismo cuestionamiento al diálogo de Penonomé: 120 organizaciones de productores y empresarios, liderados por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) y Fedecámaras (donde están afiliadas todas las cámaras de comercio del país), han advertido que se están tomando decisiones que afectan a todos sin la participación de más sectores de la sociedad panameña.
Se trata, según el Conep, de un “simulacro de diálogo” que ha utilizado ese espacio “para estigmatizar a la empresa privada y hacerla parecer como la culpable de todos los problemas que sufre el país”.
Ni siquiera a la Confederación Nacional de Jubilados y Pensionados, que preside Manuel Pérez, se le ha permitido la participación.
Pérez, al igual que el sector empresarial y otros, le hizo la solicitud formal al obispo metropolitano, José Domingo Ulloa, líder del equipo facilitador. Tanto el Gobierno, como las alianzas y el propio Ulloa, han dicho que otros sectores se sumarían en el octavo punto (las llamadas mesas sectoriales), después de haber agotado la discusión de temas como canasta básica, combustible, educación medicamentos, energía, CSS y corrupción.
Salamín dijo que el Gobierno estaría dispuesto a recomponer la mesa del Parlatino, con la condición que este sea un diálogo tripartito y se sumen los actores de Penonomé.
Este tema es especialmente sensible para los dirigentes de las alianzas. Fernando Castañeda, secretario general de la Asociación de Médicos y Odontólogos de la CSS, dijo que si el gobierno los quiere llevar a una “encerrona” en el Parlatino, podrían retomar las acciones de fuerza en las calles que obligaron al Gobierno a sentarse con ellos.
Volver a las calles, al decir de Fernando Ábrego, secretario de la Asociación de Profesores de Panamá, no es una amenaza, sino un “derecho constitucional” que podrían ejercer en cualquier momento.
¿Jubilaciones especiales en medio de la crisis?
Hay, incluso, quienes quieren tener jubilaciones especiales para sus gremios.
El secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses, Luis Sánchez, por ejemplo, dijo que “no es negociable” la pretensión de que 49 mil docentes vuelvan a tener este tipo de jubilaciones, eliminadas en 1998, y que implicaban que un docente se retiraba antes que el resto de los que cotizan en la CSS.
El asesor legal de la CSS, Juan Ospino, dijo que no hay acuerdo en la propuesta de regresar al sistema solidario y en la aplicación de jubilaciones especiales para ciertos sectores.
Ospino propuso que los miembros del diálogo de Penonomé se sumen a los de la mesa del diálogo del Parlatino.
Además, precisó que la morosidad del sector privado en cuanto a cuotas de la CSS es de $300 millones y no de “$10 mil millones”, como se dijo en la mesa.
A las 6:30 p.m. se decretó un receso hasta el próximo jueves 11 de agosto a las 12:00 md luego de que el gobierno pidió tiempo para analizar la propuesta de las alianzas de una mesa única del diálogo por la CSS con nuevo facilitador y nueva metodología.
Anuncian protestas
Al finalizar la reunión de este sábado, Luis Sánchez, de Anadepo, dijo que el Gobierno no está cumpliendo con los acuerdos sobre el congelamiento de los precios de la canasta básica y del combustible e hizo un llamado a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) para que haga respetar lo acordado en el diálogo.
Además, voceros del Bastión del Oriente Chiricano y de Anadepo, anunciaron que a partir del miércoles 10 de agosto retomarán acciones de protesta en diferentes provincias del país para pedir que se respeten los consensos logrados en la mesa única.
