En medio de las manifestaciones y cierres de calles protagonizadas en los últimos días por un grupo de universitarios, el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, pidió el apoyo al rector de la Universidad de Panamá, Eduardo Flores, para que establezca un control de acceso a esa casa de estudios superiores.
En una carta fechada el 19 de marzo, Fernández solicita que el Departamento de Seguridad de la universidad instale un dispositivo de control de acceso para estudiantes y docentes, con el objetivo de “garantizar la seguridad de todos”.
“De contar con su anuencia, sería importante establecer solo una entrada para personas (por la vía Transístmica) y una salida para vehículos (por la avenida José de Fábrega con la avenida Manuel Espinosa Batista). De esta manera, en caso de un cierre, podremos evitar que se afecte nuevamente a los pacientes que van a recibir atención en el centro hospitalario de la CSS y a los residentes de esta región”, indicó.
Los universitarios han salido a protestar contra las reformas de la Caja de Seguro Social. Miembros del Control de Multitudes han tenido que lanzar bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes y reabrir la vía. Por autonomía universitaria, la Policía no puede ingresar a esa casa de estudios superiores.
El rector Flores respondió la carta del director de la Policía expresando en varios puntos que el cierre de las puertas implica restringir el libre acceso de los estudiantes y que la solicitud es una “indebida injerencia en la autonomía universitaria.
Sobre su misiva permítame señalarle respetuosamente lo siguiente:
En mi condición de Rector y de ciudadano rechazo rotundamente todos acto de violencia contra personas o bienes.
Como Rector y en cumplimiento de nuestra Ley Orgánica y del Estatuto Universitario siempre he actuado en protección y defensa de la integridad física de las personas y de los bienes de nuestra institución y, por supuesto, de la sociedad panameña en general.
La solicitud suya del cierre de puertas de la Universidad de Panamá implica en la práctica instrucciones sobre la restricción al libre acceso de los estudiantes, los docentes y los administrativos en el campus y, por lo tanto, una indebida injerencia en la autonomía universitaria.
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