El término “acoso judicial” comprende el uso de las instituciones del sistema de justicia y de la administración pública para un despropósito. En materia de periodistas y de activistas de derechos humanos, la finalidad del acoso judicial es la de intimidarlos y silenciarlos. El acoso judicial contra la libertad de expresión se ha vuelto cada vez más común en América Latina y en particular en Panamá, se ha transformado en una herramienta para producir el arrinconamiento, la sumisión y la intimidación de activistas, ciudadanos y periodistas.
De acuerdo con el informe “Leyes del Silencio” (2021), preparado por Artículo 19 de México, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia y la organización Justice for Journalists de Estados Unidos, el acoso judicial contra periodistas y activistas de derechos humanos tiene el siguiente alcance: “I) la judicialización de conflictos de libertad de expresión; II) la apariencia de una causa infundada; III) desigualdad entre las partes en conflicto, y IV) buscar el silenciamiento de un asunto de interés público”.
Medios legales para la censura
El aspecto más terrible del acoso judicial contra activistas y periodistas, es el uso de las propias normas legales e instituciones públicas para perseguir, intimidar, desgastar, arrinconar, humillar, exhibir públicamente, agotar emocionalmente y estrangular económicamente a las víctimas del acoso judicial.
Según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “los periodistas que investigan casos de corrupción o actuaciones indebidas de autoridades públicas no deben ser blanco de acoso judicial u otro tipo de hostigamiento como represalia por su trabajo”. Esto lo dijo la relatoría refiriéndose a un caso de acoso judicial en Argentina sucedido en el 2017, pero es válido para toda la región.
Acoso judicial en Panamá
En la última década, se ha intensificado en gran medida el uso de acciones procesales civiles, penales, administrativas, tributarias y de otras ramas del derecho, con la finalidad de silenciar a la crítica e intimidar a periodistas, para llevarlos a la autocensura y amenazar al activismo social para producir la indefensión. De acuerdo con un comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), del pasado 14 de febrero, en el que se denunció el acoso judicial en Panamá, se expresó que el Índice Chapultepec de la SIP 2021-2022 señala que las estadísticas del Ministerio Público de Panamá “revelan que existen 586 expedientes abiertos por delitos en contra del honor. De estos, 81 involucran a medios de comunicación social”.
En la jurisdicción civil, “se encuentran en proceso 40 trámites contra comunicadores y empresas de comunicación social, con demandas que superan la reclamación de 13 millones de dólares”.
Las trágicas estadísticas describen a un país en el que se ha judicializado el ejercicio de la libertad de expresión. Aunque el sistema penal acusatorio ha representado un aumento de las garantías de los activistas y periodistas querellados, el gasto económico en abogados defensores y el desgaste emocional que acarrea un proceso penal dejan una huella importante. Por otra parte, en los procesos civiles, los demandados, sobre todo aquellos que sufren la medida cautelar del secuestro de sus bienes, están sometidos a un tortuoso y burocrático proceso caracterizado por años de trámites hasta obtener una solución definida.
Así tenemos que el diario La Prensa está secuestrado civilmente por el expresidente Ernesto Pérez Balladares, quien demandó a este medio por publicaciones derivadas de datos erróneos proporcionados por el Ministerio Público.
Otro caso representativo es el de la periodista Lineth Lynch que fue condenada injustamente a pagar una indemnización millonaria a una exfuncionaria judicial que no respondió a las comunicaciones de la periodista y no usó su derecho a réplica, para aclarar las noticias publicadas.
Los medios y periodistas no han sido las únicas víctimas de los secuestros civiles y las demandas exageradas. La activista ambiental veragüense Larissa Duarte, defensora del río Cobre, fue demandada civilmente por $10 millones, por una empresa que pretendía desarrollar un proyecto hidroeléctrico en ese río, cuya iniciativa fue rechazada por la comunidad y las autoridades.
El empresario Max Crowe, presidente de una asociación vecinal en las áreas revertidas, ha tenido que vivir por años el secuestro civil de su casa y enseres personales, por haberse opuesto al incumplimiento de las normas urbanísticas para desarrollar una actividad comercial no permitida en una zona residencial.
La inversionista estadounidense Kathy McGrath, propietaria de un apartamento en el PH Crystal tiene que enfrentar un grave riesgo por la imposibilidad de que las autoridades actúen frente al abuso urbanístico cometido en el apartamento inmediatamente arriba del suyo y, a pesar de años de órdenes administrativas y judiciales a su favor, no se ha podido restablecer la seguridad de su inversión porque la administración del condominio ha sido secuestrada para impedir que se corrijan los abusos.
Un caso de suma importancia es el de la periodista Ligia Arreaga, de la radio Voz Sin Fronteras de Darién, que ha enfrentado amenazas a su vida y el acoso judicial, incluyendo un proceso penal, por haber denunciado supuestos actos de destrucción ambiental en Darién. En vez de investigar los abusos contra la naturaleza las autoridades han encontrado más fácil ayudar al asedio de la periodista, lo que ha causado que tuviera que abandonar Panamá.
En ese marco de referencia, decenas de periodistas, editores y ejecutivos de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) fueron rutinariamente querellados penalmente y demandados civilmente, por las publicaciones de investigaciones y noticias sobre temas de corrupción.
El secuestro civil de los bienes y caudales de la exprocuradora de la Nación, Kenia Porcell, es un aviso a los funcionarios que se enfrenten a la corrupción. El uso de la misma medida de secuestro civil contra Annette Planells y Mauricio Valenzuela, del portal de información Foco, tienen dos elementos en común con el caso de Porcell. Por una parte, ambas situaciones son acciones procesales emprendidas por el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal y, en las mismas, el Órgano Judicial ha sido un medio fiel para cumplir y mantener las actuaciones procesales.
El rol de las instituciones
Si se tuviese que puntualizar a las autoridades más responsables de colaborar con el acoso judicial habría que señalar inicialmente al Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que se ha convertido en el cómplice de los secuestros civiles y en el poncha-sello de las demandas civiles por calumnia e injuria. Los infundados fallos de este Tribunal han mantenido el secuestro de La Prensa, así como el de la exprocuradora Porcell. El Primer Tribunal Superior se ha transformado en un escollo para la libertad de expresión, ya que tampoco es usual que conceda los amparos de garantías constitucionales en favor de la libertad de expresión.
Sin embargo, desde una perspectiva histórica, la peor autoridad judicial en materia de acoso contra periodistas y activistas de derechos humanos ha sido la propia Corte Suprema de Justicia. La Sala Primera de lo Civil del máximo tribunal condenó en última instancia a la periodista Lynch y ese no ha sido el único caso.
Por si fuera poco, el pleno de la Corte Suprema ha permitido que los derechos de acceso a la información y de libertad de expresión, por los cuales luchan muchos panameños, incluyendo activistas y periodistas, sean irrespetados cotidianamente por las autoridades de los órganos Ejecutivo y Legislativo. La Corte Suprema ha seguido con una actitud pasiva e indiferente frente a la falta de aplicación de la protección de los derechos humanos en los casos de demandas civiles y secuestros contra activistas, periodistas y medios de comunicación.
A pesar de que los magistrados saben que la aplicación de la doctrina de la “real malicia” ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos acabaría con estas demandas civiles y secuestros sin fundamento, la Corte ha dejado que sigan estos casos. Hoy, las víctimas del acoso judicial son un puñado de activistas y periodistas, La Prensa y Foco. Mañana será muy tarde para la democracia y el estado de derecho, si la impunidad del acoso judicial en Panamá sigue siendo respaldada por los tribunales de justicia.
