La magistrada del Tribunal Superior de lo Civil, Ariadne García, designada el 25 de octubre por el Consejo de Gabinete, como magistrada de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, se convertiría en la sexta mujer en formar parte del máximo tribunal en la actualidad y la undécima en la historia republicana.
La designación de García a la Corte Suprema está cargada de controversia, tanto por el hecho de que su nombre no estaba en la lista corta de 11 juristas que remitió en agosto pasado la Comisión Especial Evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia, si no también porque circulan versiones (sin confirmar) de que su designación aparenta ser el resultado de una negociación entre la Corte Suprema y la Presidencia de la República, para intercambiar dos cargos en el Tribunal Electoral por la designación de García.
Según una fuente vinculada al proceso deliberativo de la comisión evaluadora del Pacto de Estado por la Justicia, Ariadne García, una funcionaria de carrera judicial con 32 años de experiencia en el sistema de justicia, solo recibió dos votos del total de las 12 organizaciones (siete estatales y cinco de la sociedad civil organizada) que forman parte de dicha comisión. Los votos a favor de García fueron emitidos por los representantes de los órganos Ejecutivo y Judicial.
Precisamente, por solo haber recibido dos votos, su nombre no apareció en la lista corta de los 11 candidatos y candidatas recomendados por la comisión evaluadora del Pacto.
Dando y dando
El lunes 24 de octubre, a las 11:00 p.m., se hizo pública la decisión del pleno de la Corte Suprema de designar a Luis Alfonso Guerra Morales como magistrado principal en reemplazo del magistrado saliente Heriberto Araúz y a Jacob Carrera Spooner como magistrado suplente, en reemplazo de Myrtha Varela de Durán.
Tanto Guerra Morales como Carrera Spooner fueron miembros del partido gobernante PRD, en el cual tuvieron una extensa militancia y hasta fueron candidatos: Guerra a la Alcaldía de La Chorrera en 2014 (elección que ganó) y Carrera a diputado en el circuito 4-1, en 2019 (cuando perdió). Actualmente, Guerra es fiscal electoral adjunto.
De acuerdo con versiones periodísticas publicadas, el nombre de Guerra Morales fue propuesto en el pleno de la Corte por María Cristina Chen Stanziola, magistrada de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo desde enero pasado.
Guerra Morales recibió cinco votos a favor, que coincidieron con los cinco magistrados ya designados por el presidente Cortizo desde que inició su mandato, en julio de 2019.
La noticia fue recibida como un balde de agua fría, ya que se esperaba que la Corte Suprema designara una mujer independiente como magistrada principal del Tribunal Electoral; irónicamente, cuatro de los cinco votos que recibió Guerra Morales eran de magistradas, lo que selló la suerte del Tribunal Electoral y posiblemente de las elecciones generales del año 2024.
Mientras la opinión pública reaccionaba al nombramiento de dos políticos vinculados al PRD como nuevos magistrados del Tribunal Electoral, el Consejo de Gabinete hizo su propia designación sorpresiva: la de Ariadne García, actual suplente de la magistrada Miriam Cheng Rosas en la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema.
En el comunicado fechado martes 25 de octubre, la Presidencia de la República informó sobre las designaciones al Órgano Judicial de García y de Manuel Mata y Lilianne Ducruet como magistrados suplentes en las salas Penal y Civil, respectivamente, ambos con amplia experiencia en el sistema de justicia y pertenecientes a la carrera judicial.
Como cereza del pastel, el comunicado del Órgano Ejecutivo explica que en el proyecto de presupuesto general del Estado para el año 2023, presentado a la asamblea Nacional, se le respetó al Órgano Judicial el 100% de lo que había solicitado.
Precedentes y consecuencias
El presunto intercambio de nombramientos entre los órganos Ejecutivo y Judicial establece un precedente para la democracia panameña.
Probablemente, la Corte Suprema recibió instrucciones del Palacio de las Garzas en gobiernos anteriores para hacer sus designaciones. Lo novedoso de esta situación es que se dio un trueque, que en principio evitó que alguno de los nombres más controversiales de la lista de los 11 recomendados para la Corte Suprema fueran elegidos.
Sin embargo, al sacrificar al Tribunal Electoral entregándolo a la partidocracia, el remedio puede ser peor que la enfermedad.
Actualmente, hay dos grandes casos electorales en la Corte Suprema de Justicia. El primero es la impugnación de la norma electoral que limita el número de candidaturas por la libre postulación a un máximo de tres por cada cargo de elección popular. Con anterioridad, en los años 2016 y el 2018, la Corte se había pronunciado a favor de dicha restricción, pero un cambio en la posición de ese tribunal significaría que todos los aspirantes por la libre postulación que cumplieran con el mínimo de firmas requeridas, serían candidatos, lo que significaría una saturación electoral que beneficiaría al partido gobernante.
El otro caso de inconstitucionalidad ventilado ante la Corte Suprema es el cuestionamiento de la norma electoral que permite que personas inscritas en un partido político sean a su vez candidatos por la libre postulación. Si la Corte Suprema encuentra que esta permisividad electoral infringe la Constitución, esto dejaría por fuera de la competencia a aspirantes como la diputada Zulay Rodríguez, del PRD, y al exministro de Comercio e Industrias, Melitón Arrocha, del partido Panameñista.
Además, es previsible que el caso de los 15 diputados rebeldes de Cambio Democrático (CD), también llegue al pleno de la Corte Suprema de Justicia. Si el máximo tribunal respalda a los rebeldes crearía una situación sumamente crítica en CD, que pudiera significar un debilitamiento de la posible candidatura presidencial de Rómulo Roux, actual presidente de ese colectivo. Por el contrario, un fallo desfavorable a los 15 diputados fortalecería a Roux y sus posibilidades electorales.
Por su parte, el equilibrio de poderes a lo interno del Tribunal Electoral se presenta ahora más favorable al PRD. Es necesario recordar que el magistrado saliente Heriberto Araúz y el magistrado Alfredo Juncá fueron denunciados penalmente por el fallo del 22 de marzo de este año en el que negaron suspender el fuero electoral penal del expresidente Ricardo Martinelli, en razón de que supuestamente el político contaba con la protección del principio de especialidad. Aunque posteriormente dicha decisión fue anulada por un fallo de la Corte Suprema, Juncá estaría en riesgo de perder el cargo si esta denuncia penal avanza. Esto le abriría otra designación al PRD, ya que la magistratura de Juncá corresponde a la Asamblea Nacional.
Si hubo una negociación por un puesto en la Corte Suprema y/o el Tribunal Electoral, esto significa que se abrió una puerta para que la clase política pacte a su conveniencia y fuera de todo canal institucional estos altos cargos. Si se negocian magistraturas, no puede estar lejos la negociación de fallos y dictámenes judiciales. Solo el tiempo dirá si ganó la justicia o si perdió la democracia.
