La defensa del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) negó que su cliente tenga alguna relación con los sobornos que repartió Odebrecht y que no sabe a quién corresponde el seudónimo Cachaza con el que presuntamente es identificado el expresidente en el sistema Drousys, utilizado por la constructora para pagar los sobornos.
En la audiencia preliminar ante la juez Baloísa Marquínez, el abogado Orison Cogley leyó un documento en el que la constructora asegura desconocer que existirán seudónimos para referirse a los beneficiarios de las coimas. Cogley, también exfiscal del Ministerio Público, aseguró que el hecho de que una empresa transfiera dinero, no significa que se está cometiendo un delito.
Varela alega que los dineros que recibió de Odebrecht eran “donaciones” para las campañas electorales del Partido Panameñista de 2009 (en la que fue en alianza con Ricardo Martinelli y ganó como vicepresidente de la República) y de 2014, con la que llegó al Palacio de las Garzas. El abogado también manifestó que Varela ha sido el “que más documentos ha entregado al Ministerio Público”.
“No hubo introducción del dinero sucio, no hubo estratificación ni retorno”, añadió.
Contra Varela pesaría la declaración del médico Jaime Lasso. Ante la fiscalía Lasso, aceptó haber recibido los pagos. Según las pesquisas, el dinero de Odebrecht llegó al Panameñista a través de la fundación Don James y por medio de dos sociedades: V-Tech y Poseidon Enterprises, todas ligadas a Lasso.
Además de renegar del seudónimo Cachaza, la defensa de Varela también invocó una presunta inmunidad como diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), aunque hasta ahora nadie ha visto a su cliente en ese organismo regional y no hay constancia siquiera de que ha sido juramento. Según otro abogado defensor Erasmo Muñoz, Varela “es actualmente diputado del Parlacen”, ya que le correspondía una curul en ese foro al terminar su mandato, como expresidente de la República. Por tanto, según su abogado, es la Corte la única competente para investigarlo y no la Fiscalía Especial Anticorrupción.
Este mismo argumento lo utilizó el también expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), hace dos semanas y con el mismo propósito: alegar la falta de competencia de la fiscalía para conducir cualquier investigación en su contra.
MÁS TEMPRANO... UNA PERIQUITA
La jornada de este lunes 26 de septiembre inició con el alegato de Alejandro Pérez, abogado de María del Sol Rivera Bigas, quien recibió el seudónimo “periquito 3″ en el sistema informático Drousys, utilizado por Odebrecht para entregar los dineros ilegales a cuatro amigas intimas del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal, “las cuales algunas mantenían hijos con el antiguo mandatario”, señala la vista fiscal. Las otras tres identificadas como “periquito” eran Linda Gesto, Úrsula Banz y Aurora Muradas. Las cuatro (con Martinelli) están en la lista de 50 imputados para quienes la Fiscalía Especial Anticorrupción pide llamamiento a juicio por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
La audiencia es transmitida en directo por el Órgano Judicial y retransmitida por el diario La Prensa.
Pérez inició su intervención haciendo referencia al alegato de otros dos abogados, los exmagistrados Jerónimo Mejía y Aníbal Salas, defensores de Maya Cikurel y Juan Antonio Niño, respectivamente. Según Pérez, la defensa de ambos exmagistrados desacredita toda la acusación.
“Ellos impartían justicia y llegaron a la misma conclusión: no existe soborno internacional ni blanqueo de capitales en este expediente… Para eso se fundamentaron en sentencias de la misma Corte Suprema de Justicia y del Segundo Tribunal de Justicia, en sentencias extranjeras de España, Suiza, Andorra. ¡Enterraron definitivamente la vista fiscal del Ministerio Público!”, exclamó Pérez.
Consideró que la “piedra angular” del proceso es la procedencia del dinero que repartió Odebrech: si es lícito o no, y reflexionó que aquel que deposita dinero de un soborno en su cuenta personal -como presuntamente hizo su clienta, según la fiscalía-, “tiene que ser un “retrasado mental”, dijo despectivamente.
Añadió que la fiscalía habría tenido oportunidad de llevar a juicio a los imputados -”pero a mi clienta no”- si hubiese perseguido el delito de peculado, para lo cual -según Pérez- se necesita una auditoría de la Contraloría y el caso adolece de eso.
Su clienta, agregó, nunca ha sido funcionaria y vive, “como madre soltera”, de su trabajo en el sector privado. “¡Nunca necesito de ningún gobierno!”, exclamó y agregó que su clienta nunca fue citada para indagatoria. Sostiene que la fiscalía comete estas irregularidades, “porque quiere llevarse por los cachos a Ricardo Martinelli”.
También se quejó por la participación “como testigo protegido” del “delincuente” Rodrigo Tacla Durán, antiguo financista de Odebrecht, quien busco refugio en España, donde ahora vive. “Un delincuente internacional buscado por las autoridades de Estados Unidos y Brasil”, clamó.
Acto seguido, Pérez dedicó su alegato a referirse al expresidente Martinelli. Señaló que es víctima de una venganza de Tacla Durán, ya que -era gobernante- no quiso hacerle un favor. Reconoció que Martinelli sí recibió dinero de Odebrecht, pero eran “donaciones” para la campaña política y acto seguido dijo que varios medios de comunicación (TVN, Medcom, Corprensa) también recibieron dinero producto de pautas publicitarias de Odebrecht, pero la fiscalía no los “llamó”.
LA PRÓFUGA Y EL TESORERO
Al terminar Pérez, correspondió el turno de Arturo Sauri, abogado de Carlos Duboy y Danna Harrick Atie, ministro de Vivienda y jefa de Conades, respectivamente, en el gobierno de Martinelli (2009-2014). Harrick está prófuga y se supone está instalada en Portugal.
Sobre Harrick, Sauri dijo que la Fiscalía Especial Anticorrupción fue sorprendida “en su buena fe”, al darle crédito a la declaración del testaferro Andrés Mozes Libedinsky, quien -según el abogado- le “mintió” al Ministerio Público. Mozes pactó una cuerdo de colaboración y de pena, se le impuso una condena de 42 meses de prisión y devolvió $1.7 millones.
Según la investigación, Mozes, que estaba casado con una hermana de Harrick y por eso mantenían una relación “de confianza incondicional”, tenía una cuenta en la Banca Privada de Andorra (BPA) a nombre de Ralford Limited, sociedad que recibió $3 millones de Odebrecht a través de otra sociedad, denominada Aeon Group. Mozes declaró que, aunque él era el firmante, la sociedad era de Harrick. “Ella era la dueña de ese dinero”, consta en la vista fiscal que declaró Mozes.
Pero Sauri replica que su clienta no recibió “ni un dólar” y desconocía la procedencia del dinero y que el control lo tenía Mozes.
En cuanto a Carlos Duboy, Sauri pidió la prescripción de la acción penal o, en su defecto, el sobreseimiento definitivo.
Duboy fue imputado porque la fiscalía encontró que Odebrecht realizó transferencias a Strategic Management Group, a través de Constructora Internacional del Sur y Klienfeld Services, las cuales eran parte del esquema utilizado por la constructora para blanquear los sobornos. Duboy aparece como beneficiario final de Strategic.
A diferencia de Rivera Bigas y Harrick (que está prófuga), Duboy sí compareció personalmente a la Fiscalía Especial Anticorrupción (lo hizo en el año 2019, cuando era gerente del aeropuerto de Tocumen) y dijo que las transferencias correspondían a donaciones de Odebrecht realizadas en 2008, para los gastos de campaña política (combustible, planilla, publicidad, alimentos, activistas, aportes a precandidatos...) del partido Panameñista, del cual era subtesorero en aquella época (después ascendió a tesorero). En la investigación se determinó que en el Tribunal Electoral (TE) no hay constancia de esas donaciones o de cómo fueron administradas. Incluso, Jean Carlo Del Cid, director de Fiscalización de Financiamiento Público en el TE, declaró que la legislación electoral no permite la “triangulación” de donaciones a partidos políticos y que éstas deben realizarse de manera directa, sin intermediarios.
Suari señala que en aquel entonces, Odebrecht era una empresa “con un prestigio intachable” y que cualquiera habría querido hacer “negocios” con ella. Contó que la campaña dejó al partido con muchas deudas con sus proveedores y que dejó de tener contacto con la constructora después de 2008. “Como tesorero, era su giro normal que la campaña pudiera sufragar los gastos que se presentaron en ese momento”, remarcó el abogado.
Carlos Carrillo se presentó ante la juez Marquínez como abogado de los venezolanos Angelina Valero de Gámez, Marcos Gámez, Alexander Castellaneta Viloria y Franco Castellaneta Viloria. La juez anunció que Carrillo tenía derecho a alegar por cuatro horas: una para cada cliente. Para los cuatro pidió sobreseimiento definitivo.
DESDE SULIA
Según la investigación, los esposos Gámez eran beneficiarios de la sociedad Progamsa Corporation, que recibió $1.7 millones que provenían de Constructora Internacional del Sur e Intercorp Logistic Ltd., ambas estructuras creadas por el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y que pertenecía a la Caja 2, con la que se movieron los fondos ilícitos a través del sistema financiero panameño.
Carrillo se refirió a declaraciones de André Rabello y Fernando Miglaccio, que dicen desconocer la sociedad de los Gámez. Miglaccio dijo que estos pagos en específico, se hicieron por instrucción de Marcello Odebrecht, lo que, para Carrillo, confirma que se hicieron pagos a proveedores desde la Caja 2 de la firma. “Nuestros representados no están vinculados a ninguna donación presidencial”, y agregó que ni los Gámez ni los Castellaneta tenían apodos en el sistema Drousys.
También mostró una nota de Odebrecht a la Fiscalía Especial Anticorrupción, en agosto de 2019, que dice desconocer a la sociedad Progamsa, pese a que los pagos supuestamente son por hacer trabajos en un proyecto de la firma en el estado de Sulia, Venezuela.
Sobre los Castellaneta, explicó que son empresarios residentes en Panamá. Según la investigación, están ligados a Grandieri International Inc., sociedad ligada a los Castellaneta, que recibió dineros de Select Engineering Consulting, la cual era utilizada por Odebrecht para mover las coimas. Supuestamente, Grandieri fue creada para hacer unos trabajos del Metro de Venezuela.
Agregó que en el sistema bancario panameño, ni uno de sus clientes tenía “bandera roja” por operaciones sospechosas e insiste en que ambos grupos familiares empresariales no tienen vinculación con los hechos punibles.
PORTA USA EL ARGUMENTO DE LA ‘DONACIÓN’
También habló de “donaciones” José Porta, tesorero de la campaña presidencia de José Domingo Arias en las elecciones de mayo de 2014.
Su abogada Gladys Quintero dijo a la juez Marquínez que toda la plata que ingresó a la campaña de Cambio Democrático (CD) fue reportada.
Quintero dijo que la declaración de Mónica Moura, en la que alega que Odebrecht pagó la campaña de CD y que negoció con el expresidente Martineli, no se refiere a los fondos que recibió Porta como tesorero de la campaña.
La abogada Quintero reconoció que Arias sí recibió una donación de Stanley Motta y que eso se realizó a través de la sociedad Allure Consulting Services.
También dijo que su defendido, producto de esta investigación, perdió la visa de ingreso a Estados Unidos.
La audiencia preliminar se reanudará el martes 27 de septiembre, a las 9:00 a.m.
