Al menos cinco funcionarios de alto perfil de la administración el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) han sufrido duros reveses judiciales en los últimos meses. Algunos han recibido sentencias condenatorias por delitos que van desde peculado, corrupción hasta blanqueo de capitales.
Tal es el caso de Adolfo Chichi De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli, condenado el pasado 10 de marzo a la pena de 10 años de prisión y al pago de una multa por $5 millones por un delito de blanqueo de capitales relacionados con la sociedad Blue Apple.
De Obarrio también mantiene un proceso por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado y casos por presunto peculado con relación al manejo de fondos asignados a través del Programa de Ayuda Nacional (PAN).
Otros funcionarios de esa administración gubernamental que enfrentan condenas ante los tribunales de justicia son los exdirectores del Consejo de Seguridad Nacional (CSS), Alejandro Garuz y Gustavo Pérez.
El pasado 7 de marzo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia les confirmó a ambos una pena de 50 meses de prisión por los delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la privacidad a través de la ejecución de escuchas telefónicas ilegales en el período 2012-2014.
También el pasado 10 de marzo el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales expidió el auto No 46 a través del aplicó una condena de 120 meses de prisión a Pérez y al exdirector del Programa de Ayuda Nacional (PAN), Giacomo Tamburelli, por el delito de peculado, relacionado con la pérdida de un equipo de escuchas telefónicas valorado en $10.8 millones.
Por otro lado, Guillermo Ferrufino, quien se desempeñó durante ese período como ministro de Desarrollo Social (Mides), también enfrenta dos condenas.
La primera de ellas dada a conocer el 14 de marzo de 2022 a través de la sentencia No.17-2022 en la que se le aplicó una pena de 48 meses de prisión por el delito de corrupción de servidor público expedida por el Juzgado Tercero Liquidador adjunto de Causas Penales.
La segunda condena a seis años de prisión por el delito de enriquecimiento injustificado fue expedida por el Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales y confirmada por el Tribunal de Liquidación de Causas Penales en un fallo del pasado 1 de febrero.
Por su parte, el exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), Luis Enrique Cucalón, mantiene una condena, a través de la sentencia No. 71-18 expedida el 14 de septiembre de 2018 por el liquidado Juzgado Primero de Circuito Penal que le aplicó una sanción de 96 meses de prisión por los delitos de peculado y corrupción.
En tanto, el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales, a través del auto mixto No. 02 14 de marzo de 2023, dictó un auto de llamamiento contra Cucalón y otras tres personas por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales.
Por su parte, el exdirector del PAN Rafael Guardia, alcanzó en julio de 2018 un acuerdo de pena y colaboración de 60 meses de prisión por los delitos de corrupción y peculado en perjuicio del Estado.
