Desde que en agosto de 2015 se expuso a la luz pública una red de funcionarios del Segundo Tribunal de Justicia que cobraba coimas para la asignación de fianzas, medidas cautelares e influir en las decisiones de jurados de conciencia; otras investigaciones han dejado al descubierto la vinculación de funcionarios judiciales y de los organismos de seguridad, en prácticas similares.
En los últimos dos años los casos se han acumulado. Por ejemplo, el pasado miércoles 16 de noviembre dos funcionarios del Órgano Judicial, y dos de la Dirección General del Sistema Penitenciario, fueron detenidos en Colón en medio de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por la falsificación de la firma de un juez para liberar a cinco personas objeto de un proceso judicial. En una audiencia celebrada el pasado viernes, un juez de garantías les imputó cargos por la supuesta comisión de falsedad de documentos y delitos relacionados con drogas. Uno de ellos quedó detenido, mientras que los otros tres son vigilados a través de brazaletes electrónicos.
En tanto que el 28 de octubre de este año, otra pesquisa de la Fiscalía Anticorrupción provocó la detención de una mujer que laboraba como asistente operativa en el Ministerio Público. Se detectó que falsificaba firmas de fiscales y usaba sellos de la institución para retirar armas de fuego y municiones que estaban en el Centro de Custodia de Bienes y Fondos Cautelados.
La ahora exfuncionaria es procesada por la presunta comisión de falsedad de documentos y sustracción de armas de fuego.
En tanto que el 25 de mayo de este año, un agente del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) fue detenido por sospechas de que colaboraba con una red dedicada al crimen organizado que fue desmantelada con la operación Polux. El grupo, que operaba entre Panamá y Colombia y se dedicaba al trasiego de drogas, tenía como principales integrantes a antiguos militantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
En las entrañas del judicial
Uno de los casos más sonados ocurrió febrero de este año, cuando la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada dejó al descubierto que Nicel Solano, quien laboraba en el despacho de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Maribel Cornejo, alertaba a miembros de la pandilla Humildad y Pureza, sobre allanamientos y otras diligencias judiciales ligadas a sus procesos en el Órgano Judicial. Solano fue detenida en la provincia de Los Santos el 10 de febrero de este año en medio de la operación Damasco, que desarticuló parte de una red criminal presuntamente liderada por Carlos Roberto Aguilar, alias Robert.
“En ningún momento tuvo acceso ni le fue asignado caso penal alguno”, aseguró el Órgano Judicial en un comunicado.
Un mes antes, en enero de 2022, Neury De La Cruz González, quien trabajaba en el juzgado municipal de Ancón en funciones de notificadora, alcanzó un acuerdo de pena después de que fue detenida con la operación Fisher. A la exfuncionaria le formularon cargos por la supuesta comisión de blanqueo de capitales. La operación Fisher ha sido uno de los operativos más ruidosos del 2022, luego que se decomisaron al menos $10 millones en un “caleto” ubicado en una residencia en la comunidad de Nueva Providencia, Colón.
En esa operación también se detuvo a cuatro miembros de la Policía Nacional y otro del Senan, así como a dos trabajadores de la Autoridad del Canal de Panamá, una funcionaria del Ministerio de Educación y una de una junta comunal.
No fue el único hecho por esa época. El 19 de enero, seis miembros del Senan fueron arrestados por su participación en una red dedicada al tráfico de drogas que fue desmantelada con la operación Chivo. De acuerdo con el Ministerio Público brindaban apoyo logístico e información al grupo criminal sobre las patrulleras de la entidad usadas para detectar a narcotraficantes.
Cossio
Y entre los casos más importantes del 2021 está el relacionado con la liberación de José Cossio señalado por las autoridades como presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas. El 2 de septiembre del año pasado, el entonces magistrado de la Corte, Luis Ramón Fábrega, anunció que había una investigación en proceso contra el juez suplente, Gerardo Ríos, por haber ordenado la liberación de Cossio. El juez suplente liberó al procesado a pesar de que no había concluido una condena de 74 meses de prisión por delitos relacionados con drogas. El Segundo Tribunal Superior de Justicia revocó la orden de Ríos y ordenó la captura de Cossio. Aquí se determinó que Ríos ejerciendo como juez suplente, autorizó la excarcelación de Cossio, pese a que la revisión de su condena le competía a un juez de cumplimiento.
Ríos goza de una medida cautelar de notificación periódica ante el Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial.
En una reciente entrevista María Eugenia López, magistrada presidenta de la Corte, admitió que existe corrupción en el sistema. “Ciertamente la percepción ciudadana de que hay casos de corrupción, eso no lo podemos negar”, aseguró. Sin embargo, afirmó que la institución ha ido saneando cuando se han detectado esas malas conductas. “El pleno de la Corte está comprometido en la mejora de ese servicio público”, manifestó.
