Jaime Trujillo Castillo, quien asumirá como director del Servicio de Protección Institucional (SPI) a partir del próximo 1 de julio, redactó una carta dirigida al juez Raymond Dearie de la Corte del Distrito Este de Nueva York, solicitando clemencia para Luis Enrique Martinelli Linares.
La carta, fechada el 30 de enero de 2022, fue entregada a la Corte el 29 de abril de 2022, tres semanas antes de que se llevara a cabo la audiencia en la que el juez Dearie condenó a Luis Enrique y su hermano Ricardo Alberto Martinelli Linares a 36 meses de prisión. Ambos admitieron conspirar para lavar al menos $28 millones en sobornos recibidos de la constructora Odebrecht, utilizando el sistema financiero estadounidense.
Trujillo se presentó ante el juez Dearie como especialista en seguridad, destacando sus 32 años como jefe de seguridad en los Súper 99, propiedad de la familia del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), donde Luis Enrique había sido presidente y gerente general de la cadena de supermercados.
Sin embargo, su larga trayectoria laboral en la empresa de la familia Martinelli no fue mencionada en el comunicado que la oficina del presidente electo José Raúl Mulino divulgó, con motivo de su designación. Sí se menciona su desempeño en otros cargos.
En su carta, Trujillo elogió a Luis Enrique como una persona excepcionalmente buena, amable, honesta y trabajadora, expresando su “gratitud” por haber tenido el placer de conocerlo y trabajar junto a él. Afirmó que lo consideraba no solo como un excelente jefe, sino también como un ser humano admirable.
La carta de Trujillo fue una de las 18 enviadas por los abogados de Luis Enrique al juez antes de la lectura de la sentencia. También se incluyeron notas de familiares directos (madre, esposa, hermana, tíos), amigos de la infancia y de estudios, así como del capellán de la cárcel de Brooklyn. Un ejercicio similar fue realizado por los abogados de su hermano Ricardo.
Además, Trujillo estuvo cerca de Martinelli durante los cinco años de su presidencia, primero como secretario del Consejo de Seguridad Nacional (CSN) y luego como director del SPI.
En otro contexto, cuando la Fiscalía Superior Especializada contra la Delincuencia Organizada investigó el paradero de equipos utilizados para interceptar comunicaciones de unas 150 personas (políticos, empresarios, periodistas, diplomáticos, sindicalistas) entre 2012 y 2014, dos agentes del CSN declararon haber transportado un “anaquel negro” de metal desde una villa en Ancón, propiedad del Consejo, hasta las oficinas administrativas del Súper 99 en Monte Oscuro.
Estos agentes, llamados Júbilo Graell y Javier Quirós, testificaron bajo juramento que llevaron el anaquel en un vehículo oficial Toyota Hi Lux blanco, acompañados por Ronny Rodríguez, alias Didier (imputado en el caso pinchazos, pero nunca enjuiciado debido a su paradero desconocido). Graell y Quirós afirmaron que Didier llamó a Jaime Trujillo antes de la mudanza. Después de la llamada, Didier se unió al grupo y dirigieron el vehículo hacia vía España, llegando finalmente a las oficinas de Importadora Ricamar, operadora de los Súper 99.
Esta fue la última vez que Graell y Quirós vieron el anaquel.
Lea aquí la nota 'Pinchadora fue a parar a empresa de Martinelli en Monte Oscuro'
Después de que concluyó el gobierno de Martinelli, Trujillo desapareció de la escena hasta el 28 de junio de 2017, cuando la Fiscalía Segunda Anticorrupción ordenó la detención provisional de un grupo de personas por presunto tráfico de armas, incluido Trujillo.
El caso se inició cuando Eric Estrada, entonces director del SPI, presentó una denuncia el 28 de julio de 2014, al encontrar siete armas Glock en el área de armamento de la entidad, a pesar de que pertenecían a ciudadanos particulares. Posteriormente, se descubrió que seis de esas siete armas eran parte de un lote de 406 Glock importadas exclusivamente por la empresa Armas y Municiones Nacionales, S.A. (Armunal), mientras estaba vigente una veda en la importación de armas. Las armas estaban destinadas a ciertos funcionarios. Finalmente, solo se vendieron 250, y el SPI adquirió las restantes.
“Por instrucciones del señor Jaime Trujillo, exdirector del SPI, fue el enlace en Panamá para recibir las armas, pues en el conocimiento del embarque, la responsabilidad de éstas en Panamá estuvo a cargo del prenombrado”, señaló la denuncia presentada por Estrada.
Trujillo fue investigado por delitos contra la administración pública (corrupción y peculado) y contra la seguridad colectiva.
— Presidencia de la República de Panamá (@presidenciapma) June 13, 2024
En enero de 2019, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sustituyó la medida cautelar de detención preventiva por la de impedimento de salida del país y notificación cada 15 días.
Trujillo y los demás investigados fueron absueltos primero por el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales y luego por el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales.
El 24 de agosto de 2023, la Sala Penal de la CSJ, con ponencia de la magistrada Maribel Cornejo, rechazó un recurso de casación presentado por la fiscalía, dando por cerrado el caso.
