La corrupción no será excluida del catálogo de delitos a los que le sería aplicable la ley de extinción de dominio, si esta finalmente es aprobada por la Asamblea Nacional (AN).
Así lo aseguraron en el Ministerio de Seguridad Pública, que este jueves celebró una conferencia de prensa para hablar del proyecto de ley que próximamente será llevado a la AN, luego de su aval por parte del Consejo de Gabinete. No se facilitó una copia del proyecto.
El secretario general del Ministerio de Seguridad, Jonathan Riggs, precisó que la extinción de dominio será aplicable a las conductas tipificadas en la Ley 121 de de 2013, sobre delincuencia organizada: blanqueo de capitales; delitos relacionados con drogas y sustancias químicas; trata de personas, tráfico de personas, de órganos y de armas; terrorismo y financiamiento del terrorismo; explotación sexual y pornografía de menores de edad; secuestro y extorsión; homicidio y lesiones graves; hurto y robo de vehículos; manipulación genética; piratería; delitos financieros; asociación ilícita; falsificación de monedas, valores y documentos públicos; delitos con tarjetas de crédito; sicariato, y delitos contra la administración pública, contra la propiedad intelectual, contra la seguridad informática, contra el ambiente y contra el patrimonio histórico.
Riggs aseguró que la mesa técnica compuesta por funcionarios del Ministerio Público, el Órgano Judicial, la Dirección Nacional de Bienes Patrimoniales y el Ministerio de Seguridad han hecho un esfuerzo para que la nueva legislación se adapte a las necesidades actuales de persecución del crimen organizado.
El ministro de Seguridad, Juan Pino, expresó que es urgente la adopción de una ley para atacar el músculo financiero del crimen organizado, ya que existen indicios de que ha incrementado su accionar en el país.
Pino remarcó en la necesidad de atacar a los testaferros utilizados para legitimar los bienes procedentes de actividades criminales.
Esta es la segunda vez que el Ejecutivo presenta a la Asamblea un proyecto de ley para adoptar la jurisdicción de extinción de dominio del país.
La primera vez fue el 28 de abril de 2021. Aquel documento (identificado con el número 625) fue objeto de muchas idas y venidas dentro de la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales, que incluso lo envió a una subcomisión y realizó un viaje a Colombia, para conocer la experiencia de ese país con la extinción de dominio. Finalmente, fue aprobado en primer debate, pero cuando fue sometido a segundo debate en el pleno legislativo, no obtuvo los votos suficientes. Incluso el Ministerio de Seguridad presentó una contrapropuesta, pero igual: no hubo apoyo al proyecto 625.
Entre las quejas de algunos diputados estaba que la legislación será aplicada a delitos contra la administración pública, como la corrupción y el peculado.
El 1 de julio de 2023, cuando el diputado Jaime Vargas tomó posesión como nuevo presidente de la AN, le pidió al Ejecutivo que retirara el proyecto.
En la comisión
El proyecto será presentado en los próximas días a la Asamblea Nacional para su discusión.
Mientras tanto, en la Asamblea Nacional aseguran que están preparados para debatir la iniciativa legislativa. “En la Asamblea Nacional somos conscientes de la importancia de esta iniciativa que por segunda vez será enviada por el Órgano Ejecutivo para su discusión”, aseguró en el presidente de ese poder del Estado, Jaime Vargas.
Vargas manifestó a La Prensa que el primer paso “es lograr el consenso de los honorables diputados desde sus bancadas” para luego discutirlo en la Comisión de Gobierno y luego en el pleno.
Leandro Ávila, presidente de la Comisión de Gobierno, aboga para que el proyecto que les presente el Ejecutivo, contenga los elementos que fueron condensados en la mesa técnica que analizó el proyecto en abril pasado. Añadió que sería prudente “respetar el trabajo que se hizo en la mesa técnica por parte de la sociedad civil y la misma Comisión de Gobierno”.
También forman parte de esta comisión los diputados Roberto Ábrego, Raúl Pineda, Eugenio Bernal, Corina Cano, Luis Carles, Mayín Correa, Alaín Cedeño y Edison Broce.
La diputada Corina Cano, en tanto, también aboga para que “el contenido elaborado por el Órgano Ejecutivo en esta oportunidad, tome en cuenta la consulta ciudadana, el trabajo realizado por más de un año, por los diputados de la comisión y la mesa técnica”. Además hace énfasis en que el mismo debe ser garante de la Constitución.
“Esperemos que haya voluntad jurídica y política para involucrarse en el contenido del mismo”, añadió la diputada del Molirena.
