El 24 de septiembre de 2017, Félix Eduardo Figueroa murió al irrumpir, encapuchado, en un local comercial. Había entrado a robar, con tres personas más, en Plaza Burunga, distrito de Arraiján, provincia de Panamá Oeste, en Panamá, según versiones periodísticas. Su asesinato involucró a dos ciudadanos panameños, uno de ascendencia asiática, y un arma de procedencia ilegal.
La pistola, según se desprendió de las pesquisas, había sido comprada en mil 500 dólares y su vendedor había hecho el traspaso. Sin embargo, estaba relacionada con una investigación acerca de armas introducidas ilegalmente desde Estados Unidos, de acuerdo con los registros de compra de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés). Se trata del caso de tráfico de armamento más relevante de los últimos años en Panamá.
El cargamento reportado por la ATF consistía en 66 armas que llegaron a Panamá, de manera ilegal, entre 2013 y 2017, cuando en el país estaba en vigor una veda de importación de armas, por lo que estaba prohibida su introducción. Entre ellas, había un fusil de asalto AR 15, identificado como “arma de guerra”.
El listado también incluía fusiles y escopetas de guerra, como las usadas por el ejército israelí, de marca Iwi Tavor –serie T0018824–, Iwi Tavor Sar –serie T0068334– o como la pistola Iwi Jericho –serie J0005720– que usa las Fuerzas de Defensa de Israel. Al listado se agregaban armas tipo nueve milímetros, escopetas y rifles, varias de ellas con especificaciones para tiro de campo o deportivo.
Las armas fueron introducidas desde Florida por Yu Ki Tong, ciudadano británico nacido en Hong Kong y residente en Panamá, reveló la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada. Ingresaron a través de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá sin verificación, ya que contaban con los permisos de la Dirección Institucional de Asuntos de Seguridad Pública (DIASP), organismo adscrito al Ministerio de Seguridad.
Una llamada anónima alertó a la Fiscalía, que inició una investigación en septiembre de 2017. Cuatro meses después, argumentó, ante una juez de garantías, que, al parecer, el armamento entró a Panamá bajo la fachada de equipo deportivo que en su mayoría fue vendido a miembros del Club de Tiros de Balboa, del que Yu Ki Tong era socio. Según las indagaciones, las armas fueron legalizadas con ayuda de funcionarios de la DIASP.
Esta investigación periodística tuvo acceso a 43 tomos del expediente preliminar del caso, declarado bajo reserva en 2018, por disposición de un Tribunal de Garantías. El expediente señala que las autoridades panameñas contactaron a sus homólogos de la ATF, quienes confirmaron que Yu Ki Tong compró armas de fuego en Estados Unidos y proporcionaron un listado de las armas de fuego que adquirió en aquel país.
El expediente muestra que, durante la argumentación de la teoría del caso, la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada hizo una correlación de hechos probatorios que determinaron la participación de tres personas: Yu Ki Tong, como autor intelectual de los supuestos delitos de tráfico de armas y explosivos, así como de falsificación de documentos; Ovidio Fuentes –entonces, director de la DIASP–, en calidad de cómplice primario, e Ivette Flores Forero –jefa del Departamento de Permiso de Armas–, como cómplice secundaria.
La información sobre este caso que llamó inmediatamente la atención del público panameño aparece en la carpetilla de investigación 201700057925, en un informe emitido el martes 12 de diciembre de 2017, por la División de Delitos de Posesión y Tráfico Ilícito de Armas de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.
El 14 de enero de 2020, el fiscal contra la Delincuencia Organizada, Emeldo Márquez, hizo revelaciones en torno a esta investigación a La Prensa, después de un año en que el Ministerio Público no emitió ningún comunicado. Especificó que, presuntamente, la DIASP emitió permisos para la importación de armas en tiempo de veda. “El modus operandi, explicó el fiscal, era introducir las armas sin cumplir los registros (Ley 57 de 2011)”, señaló a La Prensa. “Las armas eran introducidas al país por un particular de ascendencia asiática que habría tenido trato preferencial de la DIASP”, aseguró Márquez.
Cobros indebidos y falsificación de documentos
Ovidio Fuentes es un militar de carrera panameño, que alcanzó el rango de comisionado policial. Fue el penúltimo director de la DIASP, oficina dedicada al trámite de porte y tenencia de armas de fuego, explosivos y municiones. Fue designado en ese puesto por el gobierno del antiguo presidente de la República, Juan Carlos Varela (2014-2019), el 4 de agosto de 2017, con un salario de 3 mil 500 dólares más gastos de representación de 500 dólares. El entonces ministro de Seguridad Pública, Alexis Bethancourt, lo juramentó en el cargo.
Un empresario, quien también fuera jefe de armería de una institución de seguridad del Estado, bajo reserva de su nombre, aseguró que “la DIASP quería tener el control de la emisión de permisos de porte de armas, sin estar preparados en personal e instalaciones para guardar las armas y menos con bases de datos legales para verificación. Esto ha traído burocracia, caldo de cultivo para la corrupción, y demoras en la confección de un trámite netamente administrativo, pero con métodos arcaicos; lo que los hace incumplir una ley que ellos mismos promulgaron, que es la de 30 días para contestar las solicitudes de trámites”, denunció.
En su investigación, la Fiscalía recolectó armas de fuego; entrevistó testigos; allanó residencias y apartamentos; ubicó datos en bancos, en el Registro Público, notarías, archivos, entre muchas otras fuentes.
Indira Pineda, perito de Balística Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en entrevista ante la Fiscalía, aseguró que hallaron evidentes “irregularidades” en la DIASP. Entre ellas, la falta de las pruebas balísticas obligatorias para armas de grueso calibre. De manera discrecional, se decidía cuáles sí o cuáles no debían pasar por este requisito, pese a ser mandatorio.
Una fuente que suministró información a la Fiscalía –que prefirió reservar su identidad y a quien, en esta investigación, identificamos como GP–, reveló en entrevista que, para otorgar los permisos, la DIASP solicitaba altas cantidades de dinero. Además, denunció la existencia de una “burocracia” con el propósito deliberado de presionar a la gente a que pagara. “Tengo un arma desde hace tres años –confesó– que no me han dado, me refirieron donde un abogado y me dijeron: ‘habla con él’. Cuando hablé con él, el tipo me dijo: ‘son mil 500 dólares y te saco eso”.
GP dijo que, al ver que la tarifa era de mil 500 dólares, analizó las cifras. Dedujo: si en Panamá hay 160 mil personas con armas legales y si el 10% pagó mil 500 dólares para agilizar su trámite, se han cobrado indebidamente millones de dólares. “Me puse a pensar: ¿por qué tengo que pagar? Que se quede esa vaina ahí”, concluyó.
Buscamos a otros usuarios de armas, para verificar lo dicho por GP. Confirmaron que sabían del cobro extraordinario por agilizar los permisos; sin embargo, por lo delicado de este caso y las implicaciones que ellos también tendrían al aceptarlo, prefirieron reservar sus identidades.
Asimismo, la Fiscalía encontró incongruencias en los registros alfanuméricos identificados. Por ejemplo, se detectó, en el permiso No. 73.128, asignado el 7 de agosto de 1996, una pistola calibre 380, modelo Davis, con serie AP-443909. Sin embargo, la primera prueba balística asignada a la DIASP fue en 2012 (antes pertenecían a la Dirección de Investigación Judicial) y la numeración que fue utilizada para el permiso de la pistola 380 correspondía a permisos emitidos entre 1991 y 2008. Es por este tipo de incongruencias que la Fiscalía determinó que hubo falsificación de documentos públicos.
La Fiscalía estableció, presuntamente, la responsabilidad de Ovidio Fuentes, quien no tuvo más opción que entregarse a las autoridades en octubre de 2018, cuando aún formaba parte de la institución y había solicitado su jubilación como comisionado de la Policía Nacional.
Los negocios de Yu Ki Tong
El número de prueba balística es única en cada arma de fuego. No pueden existir dos o más armas con la misma prueba. Sin embargo, tras la auditoría iniciada por la Fiscalía dentro de la DIASP, las pruebas determinaron que en muchos expedientes existen armas con pruebas de balísticas “erróneas”, detalla la investigación. Hay armas que Yu Ki Tong había comprado en Estados Unidos en 2016 y mantenían pruebas de balística ya registradas entre 1991 y 2008. Esta información está incluida en el reporte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
El 12 de julio de 2018, la jueza de garantías Ruth Aizpú autorizó al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses la incautación de datos del teléfono móvil de Yu Ki Tong, según consta en el tomo 36 del expediente.
Una de estas conversaciones deja en evidencia los alcances y poder que Yu Ki Tong tenía en la oficina de la DIASP para ayudar a legalizar permisos de porte y tenencia de armas. Se verificó, vía WhatsApp, el 7 de diciembre de 2018, a las 4:04:29, desde el número de celular +507 6613-7610. La conversación fue entre un hombre no mencionado en el proceso, al que identificaremos en esta publicación con las siglas G.J. y Yu Ki Tong (Y.K.T.).
G.J. ¿Tendrás un buen contacto para mover un permiso de una pistola que hace un mes está en la DIASP y no sale?
Y.K.T. Creo que sí… Vendí una pistola a un paisano mío, hace como tres meses atrás y al parecer ya salió. Puedo preguntarle a quién él movió y a quién él pagó. ¿Quiere que lo averigüe?
G.J. Sí, investígate por favor. Hay una pistola de un tipo que necesito ver si le sale el permiso. La pistola no es mía, es de alguien más pero necesito que el tipo la tenga.
Y.K.T. Ok. Te aviso.
En otra prueba testimonial, un empresario de origen judío, a quien identificaremos como el comprador M.H., dijo a la Fiscalía que hizo la transacción de tres armas marca Glock, una AR 15 y una calibre 40. Pagó un total de 10 mil dólares mediante cheque de una entidad bancaria nacional a su vendedor, el mismo asiático que se dedicaba también a la venta de armas con permisos incluidos.
Otro ciudadano de origen asiático residente en Panamá, identificado con las siglas R.l.W., narró a la Fiscalía que conoció a Yu Ki Tong, en el Club de Tiros de Balboa, uno de los más grandes y adecuados del país para la práctica de tiro, utilizado también, en ocasiones, para entrenamientos de la Fuerza Pública de Panamá. “Nos hicimos amigos”, afirmó e indicó que Yu Ki Tong tenía armas de segunda para vender, lo que le interesó. Entonces, le mostró los permisos de armas de una pistola nueve milímetros, por la que pagó, en efectivo, 3 mil 500 dólares. Manifestó que su vendedor “mantenía el formato de traspaso de armas, le dijo que ya tenía el contacto”. Pasado unos dos meses, ya tenía el traspaso del arma, aseguró el testigo.
Carlos Pérez, vicepresidente de la junta directiva del Club de Tiros de Balboa, confirmó que este lugar tiene 450 miembros, aproximadamente, pero ninguno tiene procesos legales. “Las autoridades solamente tienen que enviarnos una notificación de que el socio está siendo investigado y al socio se le hace una suspensión, obviamente; eso pasa por una votación de la junta directiva donde se muestra la evidencia de lo que el Ministerio Público manda, porque siempre mandan los oficios. Se les suspende hasta que el Ministerio Público o el Órgano Judicial determine si la persona es culpable o inocente. Mientras tanto, se mantiene la suspensión de la persona”.
A pesar de lo dicho por Carlos Pérez y tomando en cuenta que las investigaciones contra Yu Ki Tong se iniciaron en 2017, las conversaciones recabadas por el Ministerio Público del teléfono celular de Yu Ki Tong, muestran que él seguía asistiendo al Club de Tiros, donde encontraba a sus clientes, al menos hasta principios del año 2018.
En la siguiente conversación del 27 de diciembre de 2017, a la 1:48 p.m. desde el celular +507 6981-8789, entre Yu Ki Tong y otro asiático, al que identificaremos como PP, se puede observar cómo ofrecía la venta y traspaso de armas en el “club”:
Y.K.T.: No quiero molestarte mucho, pero, ¿tú quieres ese Rem 700?
PP: Sí, me interesa.
Y.K.T.: Ok. Entonces no vendo a nadie, solo a tí.
PP: ¿Cuándo lo llevas para probarlo?
Y.K.T.: Bueno… ¿cuándo te vas a pasar por el polígono? Este sábado paso.
PP: ¿No puede ser antes?
Y.K.T.: ¿O mañana?
PP: ¿Mañana a qué hora?
Y.K.T.: Eso de la una 1 o 12?
PP: Vale, mañana a la una.
Al día siguiente, a las 4:50 pm:
Y.K.T.: (Camino al club) Está bien, dos y media pero te voy a entregar en forma original de fábrica.
PP: De forma original te doy 2100. Ese stock vale 400 por eso.
Y.K.T.: Ok. Ni tú ni yo, forma original 2200. Me lo deposita y mañana te preparo los papeleos.
PP: Hey, ¿los papeles un vez me lo hagas me entregas el arma verdad?
Y.K.T.: Una vez que se firme el traspaso y todo es tuyo. Y lo puedes tener en tu casa y todo. Y por ahora no hay necesidad de llevar el rifle donde DIASP.
En la misma conversación:
Y.K.T.: Mañana te veo en el club a las 10. Si quieres ahí mismo puedo traspasar el Rem 700.
El informe de la ATF, donde constaban las armas compradas en Estados Unidos a diferentes casas comerciales, incluyó que, para que Yu Ki Tong pudiera comprar armas en Estados Unidos, mantenía estatus de residente en Coral Spring, en el estado de Florida.
Así operaba la DIASP
El 18 de septiembre de 2018, a las 10:05 de la mañana, Ivette Flores Forero cumplió con una citación judicial y respondió un interrogatorio ante el fiscal especializado de delincuencia organizada, Gilberto Salado. Reveló el modus operandi del mercado ilegal de permisos de armas expedidos durante el periodo de Fuentes: “Yo mantenía acceso a los expedientes de las personas no recomendadas. Me pedían que firmara un permiso de arma, el cual ya venía firmado por el director Ovidio Fuentes”, explicó la mujer de 54 años, quien, desde el 30 de octubre de 2016 hasta mayo de 2017, fue la jefa encargada del Departamento de Permiso de Armas de la DIASP.
La entrevista rendida por Ivette Flores Forero, registrada en la investigación 20170005725, muestra que, en la DIASP, se registraba un flujo de trámites de permisos de armas ilegales, en el periodo contenido de veda de importación que fue emitida mediante decreto ejecutivo en 2012. Flores Forero también dijo que los trámites consistían en mandar a buscar el expediente directo de los archivos de la DIASP, orden emitida por Fuentes, donde reposaban los registros de armas de fuego, sin el consentimiento de ella, como jefa encargada del Departamento de Permiso de Armas. La finalidad era confeccionar el permiso de porte o tenencia el mismo día, sin cumplir con los requisitos establecidos.
“Los expedientes para permisos de armas de fuego de las personas VIP, que Ibeth, Maika o María –que es otra secretaria de Fuentes– me pedía que firmara ya venían firmados por el director Ovidio Fuentes, para hacer ver que el mismo ya había cumplido con los requisitos de dicho trámite”, detalló Flores Forero al ente investigador.
Flores Forero, contadora pública autorizada, también contó que Fuentes mantenía una pirámide de mando dentro de la DIASP, con varios funcionarios de su círculo cercano. Además, señaló que había omisión de los pasos requeridos en el proceso digitalizado de los permisos de armas, en la DIASP, con lo que los funcionarios buscaban atajos que le permitieran, premeditadamente, obviar las reseñas de los solicitantes y las pruebas de balística; asimismo, se intercambiaban los números de los permisos de armas, determinando quién sí y quién no debía recibir, de manera expedita, “permisos VIP de armas de fuego”.
El testimonio de Flores se fortalece por la declaración de Ramiro Salcedo, un ingeniero en Sistemas que labora en la compañía que brindó los servicios de captación de datos para los permisos de armas, llamada SGA, utilizada por la DIASP. Como se puede leer en el expediente, Salcedo indicó que “el director tenía acceso a ver qué estaba en su bandeja para firma y dar autorización o negación”. Asimismo, ratificó que la jefa de Permiso de Armas, Ivette Flores, podía corroborar el estatus del trámite de los permisos, a pesar de que ella negó a este equipo periodístico, vía WhatsApp, tener acceso a los trámites VIP supuestamente ordenados por su jefe, Ovidio Fuentes.
Durante ese contacto telefónico con Ivette Flores, al preguntarle si lo declarado por ella al Ministerio Público sobre la existencia de la oficina VIP es correcto, respondió: “Sí, es correcto, esa oficina fue creada por Ovidio Fuentes, y puso como jefa a la capitana Iveth González de Harker. Ella era homóloga en funciones conmigo. Hacía el mismo trabajo que yo, pero yo no tenía acceso a los expedientes que ella tramitaba ya que trabajaba directamente con Fuentes”.
También se le preguntó, vía WhatsApp, durante cuánto tiempo operó esta oficina y cuántos expedientes se tramitaron de esa forma. Respondió: “Yo fui trasladada a mediados de mayo de 2017 y hasta ese momento ella [Iveth González] continuaba haciendo los permisos VIP desde la oficina de Agencias de Seguridad donde la habían puesto como jefa. No le puedo decir hasta cuándo. Por lo que sé, después que salí de allí, ese trámite continuó”.
—¿Qué sucedió con los demás mencionados en el proceso?
—Me sorprendió que a todos los sobreseyó la Fiscalía; más, cuando el último registro en el Oracle de las armas del chino se hizo en 2018, cuando yo no estaba allí.
En nuestra conversación, Ivette Flores dijo ser inocente y se enfocó en defenderse de las acusaciones en su contra. Sin embargo, evidenció que sabía de la existencia de la oficina VIP. Asimismo, esta policía, quien en ese entonces estaba a la espera de su jubilación –de acuerdo con su versión–, sabía de las visitas regulares de Yu Ki Tong a la DIASP y de lo que hacía, pero aseguró que ella no participó en esta trama.
Era un secreto a voces
Según reveló una filtración de supuestas conversaciones vía WhatsApp del celular del ex presidente Juan Carlos Varela, conocida como “VarelaLeaks”, la procuradora General de la Nación a esa fecha, Kenia Porcell, reclamó a Varela su silencio ante las constantes denuncias que ella le hacía sobre comisionados de la Policía Nacional que se dedicaban al tráfico de armas. Estas conversaciones nunca fueron aceptadas ni negadas por los policías mencionados en los VarelaLeaks.
Por su parte, el abogado, ex fiscal y ex director del Sistema Penitenciario en el gobierno de Ricardo Martinelli, Ángel Calderón, dijo, en entrevista para este trabajo, que le llamó la atención que en este caso tan emblemático y delicado, la ciudadanía no supiera qué ha pasado, y que el fiscal que llevaba el caso saliera a defender abiertamente a uno de los involucrados. Se refería a las declaraciones del entonces fiscal superior, David Mendoza, que estuvo al frente de la investigación, quien dijo a los medios de comunicación –tras solicitar una prórroga de seis meses– que “para no poner en riesgo la investigación”, no quiso indagar a Fuentes sobre el caso porque ostentaba un cargo de mando y jurisdicción de nivel nacional. Además, se preguntó: “¿Cómo era posible que existía una persona y una empresa en medio de la veda con permiso para introducir armas al país? ¿Dónde están las personas que firmaron esos permisos Porque para introducir un arma se debe tener una resolución firmada por el ministro [de Seguridad]”.
Ángel Calderón agrega que, “aunque se pretenda camuflar una importación con una serie de documentos legales, involucra que se investigue desde quién firmó hasta el último que hizo la revisión. Porque, es cierto, cuando tú vas a hacer el registro de un arma intervienen muchas personas y te piden cualquier cantidad de documentación para hacer el registro de un arma, así es que mal puede decir que no está enterado de la arma que se está metiendo, si es legal o ilegal, porque a esas personas (DIASP), les compete hacer la verificación de todo lo referente a esa arma que se está registrando”.
La veda de importación de armas
El 7 de noviembre de 2017, el fiscal adjunto de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, Jairo Enrique Samaniego Amaya, dijo que la institución que dirigía “inició la suspensión para la importación de armas de fuego al territorio nacional mediante el resuelto No. 136/DIASP/10 del 26 de octubre de 2010, debido a que, para el año 2010, el Ministerio de Seguridad Pública observó un incremento excesivo en las solicitudes de importación de armas de fuego por las empresas de derecho privado debidamente registradas y autorizadas para dedicarse a este tipo de actividad comercial restringidas, controlada, fiscalizada, supervisada y reglamentada por el Estado”.
El 26 de octubre de 2010, el Ministerio de Seguridad Pública debió establecer un conjunto de controles e intervenciones administrativas, en supuesto beneficio de la seguridad ciudadana y del ejercicio de las actividades de su competencia. Sin embargo, fueron obviados por la propia DIASP, bajo la jefatura de Fuentes.
El ex ministro de Seguridad, Rolando Mirones, confirmó que hay 17 mil personas con permisos de armas pendientes en Panamá. Lo hizo en su comparecencia ante la Asamblea Nacional, el 30 de noviembre de 2019, donde fue citado por el pleno de diputados para que rindiera informes por el aumento en la delincuencia que vivía el país a principios del gobierno del actual presidente de la República, Laurentino Cortizo.
En esa comparecencia, Mirones testificó: “Yo no tengo idea por qué hicieron una veda de importación de armas, no tengo la menor idea, yo asumo, porque yo no fui el que la creé, nosotros solo la recibimos, ni siquiera del gobierno anterior sino más atrás, el gobierno del presidente Martinelli. Yo tengo que asumir que esa veda se dio porque había una gran cantidad de permisos de armas sin tramitar, porque no hay un sistema automatizado y esos permisos de armas están ahí durmiendo el sueño eterno, hay permisos metidos en gavetas por todos lados. No sé cuál era el objetivo de hacer esto”.
Las declaraciones de Mirones fueron respaldadas en la entrevista que se le hizo a Ivette Flores Forero para esta investigación periodística, en la que dijo: “cuando llegué allí había una mora muy grande. Había solicitudes desde el año 2009 y permisos hechos que no le entregaban a los usuarios”.
La veda de importación de armas fue cuestionada por la opinión pública y eso tuvo una reacción inmediata del entonces ministro de Seguridad, Rolando Mirones, quien, ante la Asamblea Nacional, dijo: “Insisto, eso pasó por varios gobiernos atrás. Asumo que viendo esa cantidad de permisos que estaban acumulados tomaron la decisión de detener la importación para bajar el número de permisos que se estaban solicitando y tramitar esos permisos responsablemente. Bueno, eso no lo hicieron; hicieron la veda, pero no cumplieron con eliminar la cantidad, la mora que tenían”.
Por otra parte, la Asamblea Nacional preguntó al exministro Mirones si la veda de armas, establecida hacía más de ocho años por las administraciones gubernamentales pasadas junto con sus respectivos ministros de Seguridad, logró disminuir los índices de crímenes perpetrados en el país. “La veda no tuvo ese resultado”, respondió. “Es muy sencillo. Las armas que utiliza la criminalidad, no son armas compradas a ningún importador, esas armas entran de contrabando por las fronteras, específicamente por la frontera con Costa Rica y evidentemente esas armas no son compradas en el mercado legal, así que una veda de importación de armas de ninguna manera va a parar el fenómeno criminal, porque son armas que se adquieren de manera ilegal”.
Consecuencias legales del caso
Yu Ki Tong y los funcionarios de la DIASP fueron objeto de intervención, seguimiento y vigilancia por la Unidad Sensitiva, especializada en la materia con autorización de un juez de garantías. Esas diligencias recolectaron los indicios que vinculaban, además, a más de ocho funcionarios de menor rango policial, con funciones en los archivos, registro, permiso de armas y que atendían directamente las órdenes de Ovidio Fuentes.
El 4 de abril de 2018, el juez de garantías, José A. Carrillo, resolvió autorizar la diligencia de incautación de datos a la DIASP, para lo que guardara relación con permisos de armas, expedientes de personas o de armas y cualquier otro elemento digital o físico que fuese de interés de la investigación.
Todos los involucrados fueron puestos a órdenes de un juez de Garantías del Primer Distrito Judicial de Panamá y, el 18 de abril de 2018, el Tribunal de Apelaciones del Sistema Penal Acusatorio sustituyó la detención provisional de Yu Ki Tong por otras medidas cautelares. Él reportó la pérdida de sus documentos como el pasaporte.
El 9 de octubre de 2018, Ovidio Fuentes y varias personas de su círculo cercano, que participaron en los trámites irregulares, enfrentaron una audiencia de garantías. Los medios de comunicación identificaron que el director de la DIASP le dio un trato preferencial a Yu Ki Tong, según las únicas declaraciones de la fiscalía.
Dos meses después, al argumentar ser funcionario de mando y jurisdicción a nivel nacional, Fuentes se sometió a la justicia y logró que el juez dictara a su favor una medida cautelar de firmar los miércoles de cada semana. Para aquel momento ya se habían registrado 27 diligencias por la fiscalía, para recabar pruebas. Yu Ki Tong, Ivette Flores Forero y Ovidio Fuentes fueron llamados a una audiencia intermedia.
Esta investigación periodística encontró, a través del expediente, que en medio de la investigación, el 24 de octubre, cuando Ovidio Fuentes aún se mantenía en el cargo, Yu Ki Tong presentó una solicitud de autorización para salir del país, a un evento de tiro deportivo. Se le otorgó la autorización No. 023/ DIASP/ 17, la cual evidencia que el director de la DIASP no tuvo objeción alguna a la solicitud presentada por Yu Ki Tong, para salir del territorio panameño con sus armas de fuego, en medio de una investigación en marcha. Para ese momento, la Fiscalía debía esperar que se resolviera un recurso en la Corte que determinara a qué jurisdicción le correspondía la investigación de Fuentes.
Posteriormente, la Fiscalía continuó con la investigación y solicitó, en la audiencia intermedia, el llamamiento a juicio para Yu Ki Tong, contra quien pidió 33 años de cárcel; además, solicitó ocho años de prisión para el comisionado Ovidio Fuentes y dos años para la cómplice secundaria, Ivette Flores Forero.
Los demás imputados en el proceso fueron sobreseídos en octubre de 2019, luego de no demostrarse la vinculación del círculo personal de los funcionarios de Fuentes y al determinarse la responsabilidad directa de Ovidio Fuentes e Ivette Flores Forero.
La audiencia de fase intermedia se realizó el 14 de enero de 2020, en Plaza Ágora, sede del Sistema Penal Acusatorio. Allí, el fiscal adjunto, Jairo Samaniego, detalló que se registraron armas de guerra –prohibidas para civiles, en Panamá– y una más que mantenía investigación en un caso delictivo. Argumentó que ésta sería una prueba contundente para la fase de juicio.
Intentamos obtener una entrevista con el fiscal que lleva el caso; sin embargo, respondió a través de la oficina de Relaciones Públicas: “Ese caso ya está en el OJ (Órgano Judicial) a espera del juicio. Sobre la investigación ya no hay más que lo que se dio en la audiencia intermedia. Que al estar ya en el OJ no puedo adelantar nada antes del juicio”. Esto a pesar de que días antes habló con el diario La Prensa sobre el caso.
En el Ministerio de Seguridad también se negaron a suministrar información solicitada en referencia a la cantidad de permisos que se expidieron en la DIASP durante la administración de Ovidio Fuentes, cuántos dejó pendientes y las razones de la demora en los trámites en hasta cinco años, cuando la Ley indica un tiempo máximo de 30 días.
Intentamos contactar a Ovidio Fuentes por varios medios, para una entrevista sobre este asunto, y no tuvimos éxito. Tampoco quiso responder a las interrogantes que le planteamos en diciembre de 2019, en las afueras del Tribunal, mientras que Yu Ki Tong expresó, durante la audiencia intermedia, no haber vendido armas de fuego y ser un deportista de tiro desde los 18 años, amante de las armas de fuego. Por su parte, Ivette Flores Forero mantuvo su declaración sin cambios y fue sometida a un impedimento de salida del país y a notificarse ante la Fiscalía.
Actualmente se mantiene una auditoría en la DIASP y se prevé automatizar el sistema con estándares de seguridad. La fase de juicio oral fue programada para el 15 de marzo de 2021 en la sala 9 a las 9:00 a.m.
Este reportaje fue realizado en el marco de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas, del International Center for Journalists (ICFJ), en alianza con CONNECTAS.
