El expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014) ha negado que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) esté “interesado” en sus actividades empresariales y tributarias, pero la agencia estadounidense se refirió a este tema, este viernes 5 de agosto.
“Si bien no podemos comentar sobre este documento específico, el FBI rutinariamente comparte información con sus socios extranjeros de aplicación de la ley para apoyar sus propias investigaciones”, comunicó escuetamente el FBI, ante una consulta gestionada por La Prensa, a través de la embajada de Estados Unidos en Panamá.
La respuesta llega dos días después que La Prensa informara que la Dirección General de Ingresos (DGI) investiga un grupo de empresas ligadas a la familiar Martinelli. En mayo pasado, el FBI había alertado a Panamá sobre presuntas operaciones de evasión fiscal, en especial, de Importadora Ricamar, S.A. (Irisa), operadora de la cadena de tiendas Súper 99.
Martinelli desmiente estos hechos y ha dicho que la publicación de La Prensa tiene “el único fin de atacarme políticamente”. La exprimera dama Marta de Martinelli también avisó que procedería legalmente contra el diario. “Allí les va su demanda y a todos sus compinches replicados”, escribió.
Un informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) señala que el expresidente ha presentado 16 denuncias y querellas contra Corporación La Prensa, S.A. (de las cuales 14 se cerraron provisionalmente), en las que reclama un resarcimiento de $41 millones. La SIP ha dicho que estas maniobras tienen el propósito de autocensurar a los periodistas.
La cifra reportada por la SIP es equivocada: según el diario Crítica, que controla Martinelli, las demandas contra Corprensa suman $71 millones.
La Prensa logró acceso a un documento en posesión del gobierno panameño –con fecha de mayo de 2022– en el que el FBI informa a las autoridades locales de un posible delito de “evasión fiscal”. La carta describe operaciones a través de las cuales la familia del expresidente Martinelli, incluyendo su esposa e hijos, se beneficiarían de arreglos financieros “irregulares”, a través de Irisa.
Esta empresa es la única persona jurídica imputada por los sobornos de Odebrecht, proceso que también alcanza al expresidente y a sus hijos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, actualmente presos en Estados Unidos, después de confesar que recibieron $28 millones en coimas de Odebrecht, por instrucción de su padre.
Igualmente, Marcelino Velásquez Gómez –gerente de contabilidad de Irisa– describió en una declaración jurada y voluntaria una serie de operaciones, cuyo fin era la “evasión de impuestos”, a través de la creación de empresas extranjeras (propiedad de Empresas Martinelli, S.A.); la creación de bonos corporativos de papel y el ejercicio de doble contabilidad, entre otras actividades.
Según el FBI, las operaciones irregulares consisten en “préstamos” que haría la familia Martinelli a favor de Irisa, con el fin de cobrar intereses por encima de los que paga el mercado local. Los préstamos estarían reflejados en los libros de contabilidad de la empresa, pese a que cuenta con capacidad para contratar en el mercado local préstamos con mejores condiciones, es decir, con intereses menos onerosos.
La carta indica, además, que la familia Martinelli, cuyos miembros son los principales accionistas de la empresa, niega tales préstamos. Según el FBI, Irisa pagaría los intereses de los supuestos préstamos, gravados bajo el renglón de ingresos por intereses, en lugar de identificarlos como pago de dividendos.
La supuesta deuda de Irisa con la familia Martinelli sería de unos $30 millones, según el FBI, lo cual resultaría en la distribución de millones de dólares al año a los integrantes de esta familia, subraya.
De acuerdo con el documento del FBI, Irisa y empresas vinculadas a esta, contratan a personas que trabajan para la familia Martinelli, pero cuya labor no parece estar relacionada con las actividades comerciales de Importadora Ricamar, S.A. El FBI cita, por ejemplo, el salario del capitán del yate del expresidente Martinelli, cuyo salario es solventado por Irisa, o salarios de jardineros y conductores, indica la carta. Estos pagos –agrega– podrían resultar en el ocultamiento para los accionistas de Irisa.
Un mes después de la fecha de la carta del FBI –el 28 de junio pasado– la DGI comenzó una investigación.
