El juez Decimoquinto Penal, Leslie Loaiza, absolvió en la madrugada de este martes 17 de diciembre a los cinco implicados en el presunto delito de peculado, por la suscripción de un contrato de $44.9 millones para el suministro de alimentos deshidratados con fondos del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN).
El veredicto se conoció a las 3:10 a.m. de este martes, luego de un juicio que inició a las 9:00 a.m. del lunes.
El juez absolvió a Giacomo Tamburrelli y Ángel Famigletti, exdirector general y exdirector de Nutrición del PAN, del delito de peculado doloso. Famiglietti también fue absuelto del delito de falsedad ideológica.
Rubén De Ycaza, propietario de la sociedad Lerkshore International Limited -proveedora de los alimentos deshidratados-, fue absuelto de peculado doloso, mientras se dictó la prescripción del delito de fraude en actos en contrataciones públicas, solicitud que fue hecha por el fiscal Adecio Mojica, quien actuó en representación del Ministerio Público.
Lucy Molinar y Federico Suárez, exministros de Educación y de Obras Públicas, respectivamente, fueron absueltos del delito de peculado culposo. Ambos eran procesados porque como ministros de Estado, formaron parte de la junta directiva del PAN cuando el contrato con Lerkshore fue aprobado.
“Son las 3:00 a.m. El juez acaba de dictar sentencia. No hay culpables, no hay delito. El Ministerio Público, luego de 18 horas, no ha presentado un documento, un testigo, una prueba, nada”, dijo Molinar, en un video que compartió en sus redes sociales.
Por este caso también se investigaba a Adolfo Chichi De Obarrio, exsecretario privado del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014). De Obarrio nunca ha comparecido personalmente al proceso y su paradero es desconocido, razón por la que se dicto una orden de búsqueda y captura a través de Interpol.
El juicio inició con el testimonio de los peritos de la Contraloría General de la República encargados de elaborar el informe de auditoría en el que se sustentó la fiscalía para solicitar el llamamiento a juicio.
Mojica aseguró que el informe de auditoría hecho al contrato entre el PAN y Lerkshore, sociedad a la que se contrato para el suministro de comida deshidratada en el año 2010, reveló serias irregularidades en su adjudicación.
El fiscal anunció apelación.
Loaiza ya había dictado un sobreseimiento a favor de los implicados en este caso -salvo Tamburrelli y De Obarrio-, pero en diciembre de 2018, el Segundo Tribunal Superior revocó su decisión y llamó a juicio a todos los investigados.
Este es el segundo contrato que es investigado por la compra de comida deshidratada a través del PAN.
El Juzgado Decimosexto Penal lleva un segundo proceso por esta causa por un contrato por un monto de $14.1 millones, también adjudicado a Lerkshore.
